Odisea por una casa: “La ley nos da la razón, pero la jueza no nos permite habitarla”

El largo litigio parecía que llegaba a su fin el 15 de noviembre pasado, cuando el sitio oficial de la Justicia cordobesa anunció en su web que se ordenaba entregar la vivienda libre de ocupantes a la familia Castro; sin embargo, hasta la fecha continúan esperando que se ejecute esa decisión.

“El sitio oficial de la Justicia le anunció a toda la sociedad que nos entregaban la vivienda y no cumplieron”, señalaron.

El litigio se inició en el año 2008, luego de que  Mario Rubén Castro comprara una vivienda de calle Baigorria 956, a cambio de 140 mil pesos.

Sin embargo, cuando fueron a tomar posesión de la casa se encontraron con que en el interior de la vivienda estaba la expareja del propietario, una mujer que desde entonces se negó a irse de ese lugar.

La causa siguió su curso hasta que el 6 de marzo de 2017, los jueces Eduardo Héctor Cenzano, Rosana de Souza y María Adriana Godoy  le ordenaron al juzgado civil a cargo de Mariana Martínez de Alonso que en el plazo de diez días la jueza concretara la entrega de la propiedad de calle Baigorria 956 a la familia Castro.

Eso no se cumplió.  

La otra parte, explicaron, pedía un resarcimiento económico por las mejoras que habría introducido en la vivienda. “Esas mejoras se hicieron entre el año 1991 y el 2001, pero nosotros compramos en 2008; de todos modos acatamos la orden de la jueza y embargamos la casa por 250 mil pesos, pero tampoco entonces nos dieron la propiedad”, comentó Guillermo Castro.

Cansado de las dilaciones, en octubre del año pasado, el mayor de los Castro decidió encadenarse en los pasillos de los Tribunales, a pocos metros del despacho de la jueza.

Semanas después, la causa pareció destrabarse cuando la web del Poder Judicial de Córdoba anunció que se ordenaba entregar la vivienda en cuestión, a cambio del embargo fijado.

“Pero eso tampoco se cumplió; cuando se venció el plazo nos dijeron que el embargo que la misma jueza había fijado resultaba insuficiente y que ahora debíamos hacer un nuevo embargo pero por 1.700.000 pesos”, relataron.

“En definitiva, mi viejo tiene embargada una casa que nunca pudo habitar. Encima, él cobra una jubilación de 14 mil pesos y el costo de tener que trabar un embargo le sale 20 mil pesos. Nada de lo que está haciendo esta jueza tiene lógica, es evidente que pone palos en la rueda para que nosotros desistamos de nuestro reclamo”, dijo Castro.

Agregaron que su abogado les explicó que judicialmente no tiene más herramientas para utilizar porque la Justicia ya les dio la razón. “En definitiva, la ley nos da la razón, pero la jueza no nos permite habitar la casa”, dijeron.

Por ese motivo, Mario Rubén Castro -quien está reponiéndose de un accidente cerebrovascular- anunció que volverá a encadenarse en el edificio de Tribunales hasta que la jueza Martínez de Alonso lo reciba y le explique por qué razón continúa sin entregarle la propiedad.

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