A los vecinos del country Valle del Golf rápidamente les llamó la atención cómo actuaba la familia ecuatoriana que acababa de mudarse a ese exclusivo enclave entre Carlos Paz y Córdoba: los más chicos salían a caminar por el barrio pero nunca iban solos;tenían guardaespaldas que no los dejaban ni a sol ni a sombra.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, recibió una denuncia y el mecanismo se activó.
Según el gobierno provincial, de inmediato arrancó una investigación que determinó que eran la mujer y los hijos del narco ecuatoriano José Adolfo “Fito”Macías, que en las últimas semanas había sembrado el caos en su país y amenazado la estabilidad del flamante presidente Daniel Noboa. Se le notificó a la Justicia Federal y al gobierno nacional. Mientras durante 4 o 5 días se siguieron los movimientos de los 8 ecuatorianos, Guillermo Francos, el ministro del Interior, encontró el marco legal para suspenderles la visa y expulsarlos del país.
Cuando hay narcos, y sobre todo de la notoriedad de “Fito”Macías Villamar, el episodio policial se vuelve además político. Y en ese punto, el gobierno de MartínLlaryora cree que el capítulo de la familia ecuatoriana que vivía en un country y que fue descubierta fue una señal fuerte. “Quedó claro que Córdoba es hostil al narcotráfico y el próximo capo que quiera enviar a sus familiares a algún lugar sabe que acá va a tener problemas”, dijeron desde el Panal.
De todos modos, en el balance también quedan una serie de preguntas inquietantes:¿por qué Córdoba? ¿Por qué entre las miles de opciones que debe haber tenido el capo narco eligió justamente esta provincia mediterránea de Argentina? ¿Tenía conexiones previas, una red de contactos? “No lo sabemos”, dicen en el gobierno.
A Llaryora, que ya había puesto a la seguridad como uno de los ejes fundamentales de su gestión, el episodio Macías además le sirvió para diferenciarse de su antecesor, Juan Schiaretti. “Hay una nueva política de seguridad, más activa, más presente, que tiene una estrategia de abordaje integral del delito”, detallan en el Ejecutivo.
Durante el affaire ecuatoriano, la gestión llaryorista mostró en el área de seguridad una sintonía con el gobierno de Milei que ya se había insinuado antes, en las reuniones entre el ministro Quinteros y Patricia Bullrich. Pero en la misma semana el gobernador inició una campaña por la provincia para armar lo que él llama un diálogo económico y social extenso. En la primera etapa ese proceso incluyó a los sectores productivos, al campo y la industria, y el objetivo es que toda Córdoba, y no sólo su gobierno, rechacen las retenciones que están incluidas en el proyecto de Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso y que por estas horas se negocia intensamente.
Llaryora cree que las medidas de Milei tendrán un alto impacto económico y social y puso en marcha una estrategia con dos objetivos: sumar capital político ante la decisión de rechazar las retenciones y, además, de paso hacer contrastar su estilo de gestión con el del libertario. Mientras Milei ejerce su mesianismo anarcocapitalista, el gobernador cordobés apuesta a mostrarse dialogando con el campo, la industria, los productores. Después espera hacer lo mismo cuando -una fecha clave es marzo- empiece a golpear socialmente con más fuerza el ajuste descarnado de Milei.
“Queremos ser articuladores para que las consecuencias sean lo menos gravosas posibles”, explican.
Esas consecuencias se expresarán en dos planos conflictivos y complejos:por un lado, queda por ver cómo conseguirá asimilar la sociedad cordobesa el impacto de una fuerte recesión y la abrupta caída del poder adquisitivo;por otro, y eso le compete de manera directa a la Provincia, aún está irresuelta la negociación por los salarios de los estatales. Llaryora ya desactivó la cláusula gatillo e hizo aprobar una ley que incrementa los aportes de los empleados a la Caja y a la Apross pero todavía falta determinar cuánto porcentaje de aumento salarial convalidará y cuánta será la pérdida del sector público en relación con la inflación. La Provincia pretendía otorgar subas del orden del 13 o 14 por ciento pero la decisión de Milei de acordar por el 16 por ciento para enero con los gremios nacionales alteró los planes. Ese número establece ahora una pauta y le complica al gobernador las previsiones y la negociación.
A Llaryora hay otro elemento financiero que le genera preocupación:el déficit de la Caja de Jubilaciones y la deuda de 232 mil millones de pesos que la gestión de Milei se niega, por ahora, a reconocer y cancelar. Esa cifra, una enormidad que representa un mes completo de recaudación para Córdoba, ingresó como prenda de negociación en el Congreso.
Hay artículos de la Ley Ómnibus que los diputados del peronismo cordobés no están predispuestos a votar -el principal es el de las retenciones- pero otros son discutibles. Por ejemplo, le permitirán a Luis Caputo, ministro de Economía, disponer de los 33 mil millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad -los recursos de los jubilados que administra Anses- sólo si antes le pagan a Córdoba lo que le deben por el rojo de la Caja.
¿Los diputados del llaryorismo y el schiarettismo, que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, sólo tienen decidido plantarse ante las retenciones y dejar pasar lo demás? En el oficialismo provincial aseguran que no, que no van a avalar una serie importante de reformas que Milei pretende imponer.
Uno de los capítulos más importantes es el de los superpoderes, que le darían al libertario vía libre para ejercer una amplísima discrecionalidad y reducir al Congreso a un papel decorativo. En el llaryorismo no ven inconvenientes en darle esa concesión al jefe de Estado, siempre y cuando las facultades sean atenuadas en el aspecto formal y temporal: no le convalidarían dos años de excepcionalidad sino uno. La inquietud que genera esa definición surge del mecanismo mismo pero sobre todo de Milei: si hizo lo que hizo en 40 días de gestión, ¿hasta dónde podría llegar con superpoderes durante un año y con la posibilidad de extenderlos por uno más?
El bloque que integra el peronismo cordobés -en el que están además figuras tan disímiles como Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Miguel Pichetto, el socialismo santafesino, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el Pro residual- es un organismo difícilmente amalgamable. Son 23, a los que se suman otros 9 diputados de bloques provinciales. Pero, hasta ahora, el criterio que buscan imponer los protagonistas principales de ese armado es convertirse en uno de los árbitros de la Ley Ómnibus. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no salga una locura”, señalan. La locura sería lo que envió Milei.
El oficialismo cordobés dice que no aceptará bajo ningún aspecto votar las retenciones ni el capítulo que desbarata los organismos culturales, ni las privatizaciones ni los artículos vinculados a la seguridad, entre los cuales está la memorable y peligrosa pretensión de obligar a notificar toda reunión de al menos tres personas.
Las negociaciones han avanzado en las últimas horas pero mañana será un día clave. El gobierno de Milei se comprometió a hacer una devolución con su propio dictamen y con los cambios que acepta: será un momento en el que podría definirse cuánto de la Ley Ómnibus avanza y cuánto queda en el camino.
Mientras tanto, Llaryora sigue con su gira para reforzar políticamente su rechazo a las retenciones. Entre las escalas estuvo Río Cuarto, donde se reunió con las entidades del campo y la industria y consiguió de ellas un apoyo público. El gobernador, de paso, se dio tiempo para dejar caer algunos gestos políticos. Primero, en la disputa interna que existe en el peronismo local por la candidatura a intendente, se mostró con Guillermo De Rivas, el secretario de Gobierno que Juan Manuel Llamosas impulsa como su sucesor. Pero, a la vez, Llaryora declaró que la elección del nombre deberá resolverse en Río Cuarto.
Cerca de Adriana Nazario creen otra cosa: están convencidos de que a medida que transcurra el tiempo y no haya definiciones, a Llaryora no le quedará otra opción que intervenir para ordenar al oficialismo riocuartense y disipar el riesgo de una derrota. “Martínsabe que la que más mide es Adriana”, dijeron.
Llamosas se encuentra en una posición incómoda: con una crisis económica de dimensiones aún desconocidas y con una gestión propia en declive -en los últimos meses perdió a tres secretarios importantes y Marcelo Bressan también dejaría el gabinete para conducir la delegación local de Anses-, en un período de entre dos y tres meses tendrá que conducir un proceso que le posibilite al oficialismo un tercer período consecutivo, que le ofrezca a Llaryora un triunfo en su primera elección importante, y que le abra a él mismo la puerta para empezar a ser un dirigente de alcance provincial.