El interrogatorio se realizó de modo virtual y se extendió por casi una hora. González negó los hechos, dijo que no iba a responder preguntas y presentó un escrito
El exlegislador provincial, Oscar González, fue indagado en el mediodía de ayer durante casi una hora por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La indagatoria fue por videoconferencia y, desde la casa ubicada en Villa Dolores donde cumple prisión domiciliaria, González brindó detalles sobre la compra de las propiedades que adquirió en el transcurso de su vida vinculada a la función pública. Su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, se manifestó satisfecho tras la audiencia en la que acompañó a su defendido, que se encuentra en prisión domiciliaria.
Pedido de justificación
“Pudimos justificar uno por uno todos los bienes que nos pidió el fiscal”, remarcó Ortiz Pellegrini, tras la indagatoria. A la vez que repudió versiones de que el acusado también tendría una casa en Miami. “Mi cliente me dio la instrucción de que iniciemos una acción por lo mentirosa de esta chica”, dijo en referencia a la legisladora del Frente de Izquierda y denunciante Luciana Echevarría.
El origen de la causa
La acusación de Hairabedian, avalada por el juez federal Miguel Vaca Narvaja con la detención domiciliaria, tiene origen en una denuncia que llevó adelante en abril del año pasado la legisladora provincial Luciana Echevarría. En la misma, cuestionó movimientos y traspasos de bienes que habría realizado González a sus familiares directos luego del violento accidente vial en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas permanentes.
El 6 de febrero, Echevarría amplió su denuncia y aportó al fiscal datos que señalan la existencia de una vivienda residencial en Florida, Estados Unidos, a nombre de Oscar F. González y de Ana C. González, nombres que coinciden con los del exlegislador y su hija Ana Carolina.
La defensa de González negó taxativamente que el exlegislador tenga alguna propiedad en Estados Unidos y consideró que esa denuncia es “una infamia”. Además, aclaró que González vive en una casa “alquilada a nombre de su mujer”. La pena a la que se enfrenta González en caso de ser juzgado y ser encontrado culpable de los dos delitos va de 4 a 21 años de prisión.
