Seis meses después del reconocimiento de que no estaba en condiciones de hacer frente a sus deudas, la situación del grupo Vicentin ha pasado a ocupar en las últimas dos semanas un lugar central en la agenda pública, a punto tal de secundar las estrategias a seguir frente a la pandemia de Covid-19 como motivo de debate en los medios de comunicación, en las redes sociales y hasta en las calles, pese a las limitaciones que hoy ofrece este escenario. Mientras el destino de la empresa aparece como incierto frente al complejo entramado de instancias políticas y judiciales que podrían configurar los posibles caminos a seguir, ya se advierte con total certeza el papel relevante que juega en la conservación y el ensanchamiento de la profunda grieta que divide al país en dos bandos inconciliables.
En efecto, aunque ya había abundantes señales de que cualquier pretensión de instalar un clima de conciliación y unidad estaba siendo abandonada hasta en lo meramente discursivo, las imágenes de las movilizaciones del sábado no dejan margen para la duda, así como tampoco lo hacen las interpretaciones al respecto de la mayoría de quienes las fustigan. Hasta con cierto azoramiento con el que podrían coincidir muchos de quienes pretenden mantenerse neutrales y objetivos: ¿cómo explicar una defensa cerrada y acrítica de empresarios que en el mejor de los casos administraron mal un negocio por su naturaleza rentable, y en el peor materializaron un vaciamiento y una estafa con la probable complicidad de funcionarios públicos venales?
Desde luego, si esta fuera la única lectura posible tendría razón el Presidente al considerar “confundidos” a quienes protestan. Sin embargo, no sólo no lo es, sino que constituye una simplificación que ignora, inadvertida o deliberadamente, la propia responsabilidad en lograr que gran parte de la población lo perciba como la misma amenaza para la propiedad, las libertades públicas y el futuro del país que constituía su actual vicepresidenta, y de la cual su candidatura intentó ser, exitosamente a la luz de los resultados, una toma de distancia que hoy ya no se cree necesario mantener.
La salvación de una empresa de la importancia de Vicentin, de la actividad económica que impulsa a su alrededor y, sobre todo, de los puestos de trabajo en peligro, debería ser considerado un objetivo de primer orden en el que todos los sectores sin excepción deberían coincidir. Pero si millones de argentinos no creen que ese sea el propósito del Gobierno en absoluto, es por cierta reputación de parte de la coalición de gobierno de la que Alberto Fernández en algún momento renegó pero ahora parece reivindicar. Por ejemplo, con actitudes como la de descalificar no un fallo judicial que según la mayor parte de los entendidos en el tema era perfectamente previsible, sino al magistrado que lo emitió, un simple “juez concursal” pueblerino sin entidad como para objetar los designios del Presidente de la Nación.
Quizá muchos de los manifestantes del sábado tengan un conocimiento apenas rudimentario de lo que hizo o dejó de hacer la conducción de Vicentin o de los procedimientos de un concurso de acreedores, y sin duda unos cuantos enarbolan consignas tan simplistas y deleznables como las de quienes los descalifican. Pero no es arbitrario, ni está instalado por los medios “hegemónicos”, aquel temor detonado por el arrogante “vamos por todo” que medidas como una expropiación contribuyen a reavivar. En eso, ni los manifestantes ni los mucho más numerosos argentinos que el sábado se quedaron en sus casas están “confundidos”.