El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Gerardo Díaz Beltrán, aseguró ayer que la nueva Ley de Góndolas beneficiará al consumidor y también será “una medida reparadora” que abrirá oportunidades para las industrias y los productores pymes.
El Senado sancionó anoche, con el apoyo de la oposición pese a las objeciones de algunos legisladores, el proyecto de Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y a las economías regionales.
“Se trata de una medida reparadora, a través de la cual se busca fomentar la competencia y generar nuevas oportunidades para las industrias y productores pymes”, dijo Beltrán después de la sanción, y se mostró además esperanzado en que podrá terminar “con las prácticas abusivas de las grandes cadenas que imponían sus condiciones de compra”.
El directivo entendió que la instasuración de la ley constituye “un gran paso para que las pymes accedan a las grandes tiendas, de modo que amplíen sus puntos de venta, para poner en funcionamiento el mercado interno y terminar con la distorsión de precios que existe por la falta de competencia, la elevada concentración de oferta y la posición dominante de grandes empresas”.
Según la nueva legislación, los supermercados deberán ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola, además del establecimiento de un tope de 30 por ciento del espacio por marca.
Por otra parte, estarán obligados a garantizar un 25 por ciento del espacio para exhibir productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, y el 50 por ciento al lado de las cajas.
Otro punto de importancia es que se prohíbe el alquiler de lugares preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse una “exclusión anticompetitiva”.
Reclamo histórico
La entidad desde hace años venía pidiendo “una normativa que remediara distintas situaciones que por décadas vulneraron el interés de las pymes”.
Entre ellas ha señalado los plazos de pago excesivamente largos; la obligación de contratar servicios de reposición, la aplicación de débitos unilaterales o la facturación de servicios no acordados previamente, entre otras prácticas que la Came y sus afiliados atribuyen a las cadenas y grandes superficies comerciales.
También ha venido cuestionando la realización de promociones con cargo impuesto a la empresa proveedora; la exigencia de entrega de productos en forma gratuita por incorporación o por apertura de sucursales; la obligación compulsiva de responder por productos no vendidos, y cierto número de exigencias logísticas que no son acordes con las posibilidades de una pequeña empresa.
