Según informaron oficialmente, se trata de "un proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las PNCIL cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo al Decreto 842/2024. Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se mantienen, se espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos para este año".
En cuanto a la primera etapa del proceso de auditoría, la misma comprende el envío de cartas documento en las que se cita a los usuarios a presentarse a un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten la documentación requerida y se realicen las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. Luego, los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada usuario y, finalmente, emitirán los dictámenes y resoluciones determinando quiénes cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio.
Es obligatorio presentarse a la citación y la inasistencia puede llevar a la suspensión de la PNCIL. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación, enviando un correo a [email protected] o por whatsapp a través del chatbot de TINA (54 11 3910-1010), con la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI.
Este plan comenzó en 2024 a raíz de las irregularidades detectadas en la tramitación de las pensiones. De las 22.417 pensiones auditadas el año pasado, solo el 20% cumplió con los requisitos establecidos, lo que evidencia la magnitud del problema. También se pudo detectar que 150 personas fallecidas y 212 presos cobraban una pensión por discapacidad. Incluso, el pasado octubre se logró capturar a 14 prófugos de la justicia que percibían este tipo de pensiones. De acuerdo al cronograma de ejecución establecido, se espera contar con la evaluación de la totalidad de pensiones activas durante la primera mitad de 2025.
El increíble crecimiento de pensiones por discapacidad
Las pensiones por discapacidad tuvieron una fuerte proliferación en los últimos 20 años en el país, cuando pasaron de 79.581 beneficiarios a 1.215.548, lo que representa una expansión del 1.427,43% entre 2003 y 2023.
En ese contexto, Córdoba tuvo un incremento aún mayor al del promedio nacional, y llegó al 1.646,2% en el mismo período, al aumentar desde los 4.902 beneficiarios de 2003 a los 85.599 de 2023. Con esas cifras, fue la tercera jurisdicción con mayor cantidad de beneficios en el inicio, y lo sigue siendo actualmente. Sin embargo, el escolta de la Provincia de Buenos Aires, que lideró por lejos todo el período, cambió: era Capital Federal en 2003 y actualmente pasó a ser Chaco. La provincia del norte argentino, que cuenta con una población total de 1.129.606 habitantes según el último censo de 2022, alcanzó los 99.088 beneficiarios. Es decir, el 8,7% de su población tiene cobertura por discapacidad. En ese plano, Córdoba alcanza, tomando siempre los registros del último censo nacional, al 2,23% de su población.
Para trazar una referencia, en esa relación porcentual, a nivel país el 2,65% de la población tiene su pensión por discapacidad. Es decir, que si bien Córdoba creció por encima de la media del país en cantidad de beneficiarios, aún se sostiene por debajo del promedio en relación a su cantidad de habitantes.
Vale destacar que de acuerdo al Censo de 2001, la población argentina era de 36.260.130, que fue el relevamiento integral más cercano al punto de partida que se establece para los beneficiarios de pensiones por invalidez. Cruzando ese dato con los beneficiarios de 2003 arroja una relación del 0,22%; es decir, 0,22% de la población argentina tenía una pensión por discapacidad en aquel momento, que ajustado por una tasa de crecimiento poblacional media podía llegar a ser incluso menor porque se estima que dos años después del censo, la población debería ser mayor.
Contrastando entonces los porcentajes, la cantidad de beneficiarios pasó de ser el 0,22% del total de la población, al 2,65%.
Entre los distritos con mayor cantidad de beneficiarios aparece Misiones al cierre del año pasado, con un total de 81.868.
En el otro extremo de la tabla, entre las que menos pensiones por invalidez tienen en términos absolutos, están especialmente las patagónicas, lideradas por Tierra del Fuego (1.282), Santa Cruz (4.597), La Pampa (8.132) y Chubut (9.643).
