Así lo confirmó Puntal, horas después de que trascendiera a la opinión pública que Peralta, quien venía de ser desplazado de su cargo como delegado de la Justicia en Córdoba en medio de un escándalo, era designado ahora al frente de la delegación local de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
La contestación que dieron a este diario desde la órbita ministerial fue que el proceso administrativo que se inició a fines de marzo de 2018 “está momentáneamente suspendido” por el receso que impuso la cuarentena obligatoria.
En otras palabras, algo más de dos años después de iniciada la investigación interna todavía no se determinó si Peralta amerita algún tipo de sanción por su desempeño como abogado particular cuando era la “cara visible” del Ministerio de Justicia en la ciudad.
Desde Córdoba no vieron impedimento alguno en que Peralta asuma en Anses porque recalcaron que, como a cualquier otro, le asiste el principio de inocencia.
Incompatibilidad
En marzo de 2018, siendo delegado de Justicia, Peralta se presentó como abogado defensor en un juicio contra una pareja de dealers de la ciudad.
Aunque Peralta en aquel momento dijo que no había impedimento alguno para ejercer su labor particular como abogado, en el Ministerio cayó como un baldazo de agua fría que uno de sus representantes actuara como defensor de un riocuartense acusado por tenencia de arma y narcomenudeo.
A los pocos días de que Puntal hiciera público el caso, desde Córdoba pusieron en marcha el sumario para determinar si la conducta de Peralta encuadraba en alguna figura legal o si existía incompatibilidad en sus funciones, pues el combate contra el narcomenundeo fue desde hace años una de las banderas que levantó la administración provincial.
Para acallar el escándalo que se generó rápidamente el ministerio decidió desplazar de su cargo a Peralta y designarle reemplazante.
Paralelamente, a la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto le pidieron los antecendentes de la causa penal en la que actuó Peralta para profundizar la investigación interna. Aunque la celeridad que mostró en aquel momento el gobierno provincial no se vio reflejada a la hora de resolver el sumario que, como quedó dicho, sigue en un limbo.
En aquel controvertido juicio penal el hombre acusado recibió 4 años y medio de cárcel por tenecia de arma y comercialización de drogas, en tanto que su pareja fue condenada a 4 años, pero le concedieron prisión domiciliaria.
Al actuar como defensor, Peralta pudo haber incurrido en una incompatibilidad de funciones porque por entonces intervenía activamente en el Patronato del Liberado, la instancia oficial creada para hacer un seguimiento de los internos una vez que recuperan su libertad y para garantizar que aquellas personas que se encuentran en prisión domiciliaria no violen ese beneficio.
Peralta justificó la superposición de roles con el argumento de que él sólo defendía al esposo de la mujer que está con domiciliaria.
En otras palabras, como delegado de Justicia Peralta iba a quedar a cargo de controlar que la pareja de su cliente cumpla la prisión domiciliaria.
“Si hay alguna causa en la que Peralta debió haberse apartado es esta”, repetían incrédulos los funcionarios de Tribunales.
La bochornosa salida del cargo provincial que Peralta ostentó durante años no fue obstáculo alguno para que su nombre fuera ungido ahora para ocupar un cargo en la admnistración nacional.
Si bien para algunos el nombramiento de Peralta constituye un borrón y cuenta nueva, para otros generó un tembladeral y así lo hicieron saber.
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