Tras 15 meses en la cárcel de Bouwer y uno en la de Monte Cristo, ayer recuperó la libertad Carlos Bortis, el único condenado con prisión efectiva por la tragedia de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto ocurrida el 5 de diciembre de 2007.
Bortis ocupaba en aquel momento un doble rol vinculado a los hechos: era el vicedecano de Ingeniería a cargo del Decanato, por la licencia de Diego Moitre; y ocupaba la presidencia de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto por la que pasaban los convenios que firmaban grupos de investigación con empresas.
Más allá de las prácticas y usos que hacían los equipos de investigación, que muchas veces se adelantaban con las tareas a las formalidades administrativas, los cuestionamientos centrales recayeron sobre las autoridades con competencia de control y sobre quienes llevaban adelante las tareas en la planta, diseñada para proyectos de baja escala. La peor parte judicial se la llevó Bortis, quien después de un largo proceso recibió una condena a 3 años y seis meses de cárcel, la única de cumplimiento efectivo.
El resto de las condenas fueron de 2 años y medio de prisión de ejecución condicional para José Luis Pincini y Miriam Ferrari, secretario técnico de la Universidad y directora del Departamento de Tecnología Química de Ingeniería, respectivamente; 2 años de ejecución condicional para Sergio Antonelli, secretario técnico de Ingeniería; y 6 meses de ejecución condicional para Edith Ducros, vicedirectora del Departamento.
De esa manera, el 29 de abril del año pasado, Bortis fue alojado en Bouwer, donde permaneció hasta el mes pasado, cuando fue derivado a Monte Cristo, una prisión de prelibertad. Ese establecimiento, según su descripción, se caracteriza por ser un penal abierto con alojamiento de internos masculinos en período de prueba. El tratamiento se concreta a través de trabajos rurales como cría de aves y porcinos, tambo, apicultura y huerta. Estas actividades van preparando al condenado para la reinserción social y laboral en un régimen de autodisciplina. Fue el último paso en cautiverio de Bortis. Ayer, poco después del mediodía, recobró la libertad. Su tránsito penal se redujo por el beneficio del artículo 13 del Código Penal que establece un recorte de hasta dos tercios de la condena más los beneficios que establece la ley 24.660, por capacitación y formación que realizó desde su detención. Por eso, finalmente cumplió 16 meses.
A partir de ahora, su libertad estará condicionada por una serie de exigencias que establece la normativa para estos casos como mantener domicilio fijo, no cometer nuevos delitos, no beber alcohol, entre otras.
Los hechos y el juicio
El día del incendio, que terminó con la vida de Juan Andrés Politano, Carlos Alberto Ravera, Damián Aldo Cardarelli, Liliana Giacomelli, Gladys Baralla y Miguel Ángel Mattea, se iba a realizar la última prueba de extracción de aceite por hexano del Grupo de Investigación y Desarrollo de Productos Oleaginosos -Gidpo, dependiente del Departamento de Tecnología Química de esa Facultad- a partir de un convenio marco realizado entre la Fundación UNRC y la empresa De Smet Saic de Buenos Aires.
Aquella mañana, alrededor de las 10 se produjo un derrame que se expandió hacia los doce tanques de hexano que se encontraban en el laboratorio. Pese a los esfuerzos de las víctimas por detener el derrame -el alumno Politano salió y volvió a ingresar para intentar cerrar válvulas y allí perdió su vida- comenzaron a producirse explosiones en cadena y el fuego se proyectó hacia el sector en el que se encontraban las personas. Además de las víctimas fallecidas, resultaron con lesiones o quemaduras de diversa consideración Cecilia Pagliero, Diego Bonazza, Sebastián Antonio Murello, Laura Potes, Iván Rafael Braida, Jorge Daghero y Liliana Gladis Ruetsch.
Gonzalo Dal Bianco
[email protected]
Más allá de las prácticas y usos que hacían los equipos de investigación, que muchas veces se adelantaban con las tareas a las formalidades administrativas, los cuestionamientos centrales recayeron sobre las autoridades con competencia de control y sobre quienes llevaban adelante las tareas en la planta, diseñada para proyectos de baja escala. La peor parte judicial se la llevó Bortis, quien después de un largo proceso recibió una condena a 3 años y seis meses de cárcel, la única de cumplimiento efectivo.
El resto de las condenas fueron de 2 años y medio de prisión de ejecución condicional para José Luis Pincini y Miriam Ferrari, secretario técnico de la Universidad y directora del Departamento de Tecnología Química de Ingeniería, respectivamente; 2 años de ejecución condicional para Sergio Antonelli, secretario técnico de Ingeniería; y 6 meses de ejecución condicional para Edith Ducros, vicedirectora del Departamento.
De esa manera, el 29 de abril del año pasado, Bortis fue alojado en Bouwer, donde permaneció hasta el mes pasado, cuando fue derivado a Monte Cristo, una prisión de prelibertad. Ese establecimiento, según su descripción, se caracteriza por ser un penal abierto con alojamiento de internos masculinos en período de prueba. El tratamiento se concreta a través de trabajos rurales como cría de aves y porcinos, tambo, apicultura y huerta. Estas actividades van preparando al condenado para la reinserción social y laboral en un régimen de autodisciplina. Fue el último paso en cautiverio de Bortis. Ayer, poco después del mediodía, recobró la libertad. Su tránsito penal se redujo por el beneficio del artículo 13 del Código Penal que establece un recorte de hasta dos tercios de la condena más los beneficios que establece la ley 24.660, por capacitación y formación que realizó desde su detención. Por eso, finalmente cumplió 16 meses.
A partir de ahora, su libertad estará condicionada por una serie de exigencias que establece la normativa para estos casos como mantener domicilio fijo, no cometer nuevos delitos, no beber alcohol, entre otras.
Los hechos y el juicio
El día del incendio, que terminó con la vida de Juan Andrés Politano, Carlos Alberto Ravera, Damián Aldo Cardarelli, Liliana Giacomelli, Gladys Baralla y Miguel Ángel Mattea, se iba a realizar la última prueba de extracción de aceite por hexano del Grupo de Investigación y Desarrollo de Productos Oleaginosos -Gidpo, dependiente del Departamento de Tecnología Química de esa Facultad- a partir de un convenio marco realizado entre la Fundación UNRC y la empresa De Smet Saic de Buenos Aires.
Aquella mañana, alrededor de las 10 se produjo un derrame que se expandió hacia los doce tanques de hexano que se encontraban en el laboratorio. Pese a los esfuerzos de las víctimas por detener el derrame -el alumno Politano salió y volvió a ingresar para intentar cerrar válvulas y allí perdió su vida- comenzaron a producirse explosiones en cadena y el fuego se proyectó hacia el sector en el que se encontraban las personas. Además de las víctimas fallecidas, resultaron con lesiones o quemaduras de diversa consideración Cecilia Pagliero, Diego Bonazza, Sebastián Antonio Murello, Laura Potes, Iván Rafael Braida, Jorge Daghero y Liliana Gladis Ruetsch.
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