Para Dadone, la polémica que rodea al tema es, en buena medida, una construcción política. Según explicó, el contrato de concesión ya venció y, en las condiciones económicas actuales, sostener el servicio resulta inviable. Desde hace más de un año y medio viene manteniendo conversaciones con el Municipio para encontrar una salida.
"Yo creo que polémico es el tema para la dirigencia política. Es la dirigencia política la que lo hace más polémico de lo que realmente es. Esto es muy simple. Yo tengo un contrato, ese contrato se cumplió", indicó en diálogo con Puntal AM.
El empresario confirmó que el acuerdo al que se llegó con el Ejecutivo municipal contempla una prórroga de tres años más un año adicional a pedido del concesionario, junto con un aporte mensual de 18 millones de pesos. Esos fondos, aclaró, están destinados a cubrir los costos operativos básicos: boletas de luz, gas, servicios de limpieza y seguridad. A cambio, la concesionaria cedería el espacio comercial para que la municipalidad preste los servicios que considere pertinentes.
El trasfondo económico del conflicto es contundente. Dadone señaló que el movimiento actual de la terminal se ubica entre el 50 y el 60% del registrado en 2019, que ya era el peor año prepandemia. El mejor periodo posterior a la pandemia, que fue 2024, no llegó a representar ni el 60% de aquel piso histórico. Con ingresos en caída y gastos crecientes, la terminal opera en déficit desde hace dos años.
Ante la consulta sobre si el Municipio se había dejado estar en la gestión del problema, como planteó la concejala Nalli, Dadone fue categórico, negó esa lectura y recordó que las conversaciones incluyeron no sólo al Ejecutivo sino también a los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante.
Sobre el debate de fondo, el empresario respaldó la idea de conformar una mesa de trabajo multipartidista e institucional para discutir el futuro del servicio, incluyendo la ubicación definitiva de la terminal. En ese sentido, coincidió con la propuesta de la concejala Vasquetto de sumar al Impurc, al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros. Señaló que el 99% de las terminales del país son públicas, ya sea municipales o provinciales, y que el modelo privado de Río Cuarto es una excepción que prácticamente no tiene equivalentes en el resto del territorio nacional.
Dadone fue crítico con quienes proponen un plazo de 90 días para debatir la cuestión, advirtiendo que esa demora solo profundizaría sus dificultades para sostener el servicio. El contrato vencido, insistió, requiere una solución inmediata, no una nueva postergación.
