“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo y mantiene el equilibrio fiscal”, sintetizó a este medio un funcionario de alto rango. Si bien en un primer momento la mesa chica que rodea al Presidente había evaluado insistir con las derogaciones, finalmente se optó por desistir de esa estrategia y avanzar con una contrapropuesta técnica para acompañar la Ley de Leyes, que este mediodía obtuvo dictamen en la Cámara de Senadores.
Entre los cambios previstos, el Gobierno propondrá modificaciones en el artículo referido a las auditorías de las pensiones, con el objetivo de acelerar y profundizar los controles y facilitar la baja de aquellas que presenten irregularidades. Además, impulsará la eliminación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantendrá únicamente la pensión por invalidez laboral. Según fuentes oficiales, la decisión apunta a evitar la ampliación “desproporcionada” del universo de beneficiarios que contemplaba la ley vigente.
En cuanto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, el Ejecutivo no avanzará con su derogación, pero propondrá un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, calculado sobre los créditos asignados en 2025. Respecto de la actualización salarial del sector, que por ley debía ajustarse automáticamente por inflación, el Gobierno sugiere una aplicación escalonada: un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025 y luego cuatro aumentos consecutivos del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026.
