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Corredores inmobiliarios reclaman el fin del decreto que prohíbe desalojos

La norma, instaurada el año pasado por la pandemia de coronavirus, tiene efecto hasta el 31 de este mes, pero podría prorrogarse por segunda vez. Los profesionales dicen que eso los perjudicaría a ellos y a los propietarios.

El Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) se manifestó en contra de una nueva prórroga del Decreto 320/20, que prohíbe los desalojos y congela el precio de los alquileres. Considera que sería “un parche más, que no soluciona la situación de fondo; al contrario, profundiza la crisis del sector y perjudica a muchos propietarios que viven de sus inmuebles como ingreso principal y a los profesionales inmobiliarios”.

Desde el CPI, ante las versiones de una nueva prórroga del “DNU de alquileres”, le reclamaron al obierno nacional que también tenga en cuenta los argumentos del lado de los propietarios y los profesionales del sector antes de tomar una decisión.

“Es imprescindible escuchar la posición de las otras partes afectadas: propietarios e inmobiliarios, ya que la problemática actual también los perjudica notablemente”, señalaron.

“La mayoría de los propietarios han invertido en inmuebles como una manera de constituir una renta para vivir, o bien, un complemento necesario que ayude al ingreso familiar mensual”, agregaron las autoridades de CPI mediante un comunicado.

En una fuerte crítica, los profesionales inmobiliarios aseguran que el decreto de alquileres “cercena el derecho a la propiedad”.

“Las medidas dispuestas por el gobierno nacional les impiden disponer de su propio bien, ya sea para uso propio o para renta, lo que establece una clara injusticia”, manifestó Virginia Manzotti, presidenta del CPI Córdoba y vicepresidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios.

Interpelación

Por otro lado, le recriminan al gobierno nacional que hasta ahora ha escuchado solamente la campana de los inquilinos, mientras que -según manifiestan- no ha tenido en cuenta sus argumentos en esta coyuntura.

En este sentido, aseguran que la administración de Alberto Fernández nunca tuvo en cuenta la situación de los profesionales inmobiliarios, que han sufrido pérdidas de fuentes laborales y considerables bajas en sus ingresos, “sin encontrar contención ni tener la posibilidad de ser escuchados ni comprendidos”.

En una interpelación directa al mandatario, le recuerdan que “fue elegido para gobernar para todos los argentinos y argentinas. La medida unilateral de la prórroga del DNU seguirá perjudicando a miles de personas, a quienes se les ha pedido -reiteradamente- que colaboren con la situación económica generada por la pandemia, sin siquiera haber sido liberados del pago de ningún tributo”.

“Medida dilatoria”

En otro plano, el CPI cuestiona la eficacia del decreto de alquileres para lograr los objetivos planteados, al tiempo que asegura que ha generado consecuencias indeseables en el sector.

Aseguran que, en la provincia de Córdoba, desde abril 2020 hasta la fecha, el 84 por ciento de los inquilinos paga en término el alquiler y en otras provincias el indicador es muy similar.

“El Estado ya estableció las pautas a través de una legislación de fondo que marca reglas de juego precisas y muy claras, por lo que prorrogar la vigencia del decreto profundizará la crisis que vive el todo el sector inmobiliario, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo e ingresos familiares que dependen directamente”, precisan en el comunicado.

“¿Qué soluciones produjo el decreto? -se preguntan los profesionales inmobiliarios-: Fue una medida dilatoria que pretendió mirar para otro lado y ocultar la profunda crisis habitacional que vive la Argentina, desviando la atención del verdadero problema, demonizando la figura de los propietarios o los inmobiliarios como causales de la ausencia absoluta de políticas públicas que proporcionen soluciones habitacionales reales”.

“Inquilinos, propietarios e inmobiliarios viven hoy una delicada situación que merece ser analizada en su conjunto, con una mirada integradora hacia todos los sectores, proporcionando soluciones que permitan a ambos mejorar y sobreponerse a los obstáculos generados por la realidad que vivimos”, agrega el documento.

“Por todo esto, impulsamos desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina - CoFeCI, que concentra a más de 30 mil profesionales de todo el país, solicitamos una audiencia con el presidente Alberto Fernandez, para plantear la situación”, expresó la presidenta del CPI y vicepresidenta de Cofeci, Virginia Manzotti.