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El dudoso repliegue de Hood Robin

El Presidente anunció que es tiempo de que los ricos paguen lo que deben pagar, aunque la segmentación de tarifas es una incógnita. El impacto en las provincias y la lenta reacción por el gasoil

“Llegó el momento de ser como Robin Hood y no Hood Robin: que los ricos paguen lo que tengan que pagar y demos a los más vulnerables lo que necesitan”. La frase que usó Alberto Fernández asombra de tan obvia pero los subsidios energéticos, que en 2021 superaron los 13 mil millones de dólares, han sido un caballito de batalla que el kirchnerismo no se resigna a abandonar ni siquiera en la crítica situación actual.

La segmentación de tarifas avanzará, si es que avanza, por exclusiva voluntad del albertismo, o por lo que queda de él, en un intento por reducir la insensatez que el propio Martín Guzmán expuso en una pregunta:¿a qué país le funcionó destinar el 3 o el 4% de su PBI a subsidios energéticos?

Esos subsidios generalizados no sólo operan como una carga ya insoportable para un Estado frágil y agobiado sino que, además, implican una injusticia que el Presidente exteriorizó en su frase tal vez involuntariamente: es una inversión de la lógica redistributiva. Actúa como un Hood Robin: como alguien que les saca a los pobres para transferirles a los sectores más acomodados, que usa recursos públicos para que familias de altos ingresos paguen cifras irrisorias por sus consumos.

En realidad, en el país opera una doble inequidad: por ingresos y por ubicación geográfica. A la categoría de “más ricos” que usó Alberto Fernández hay que agregarle que los subsidios se concentran principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sólo para tener una pauta: el 85% de los fondos federales que se destinan al transporte se concentran en esa zona del país.

Después de la corrida contra los bonos CER, el principal instrumento que el gobierno usa para financiarse (una corrida que increíblemente podría haber iniciado el Fondo Pellegrini del Banco Nación), la gestión económica salió a dar señales de que el acuerdo con el Fondo se cumplirá. Una de esas señales fue avanzar en la demorada segmentación de tarifas, que dejaría al 10% más acomodado sin subsidios al gas y la luz.

El anuncio generó dos interrogantes: cómo se aplicará y cómo afectará en las provincias. En el primer caso, hasta ahora se sabe que habrá que anotarse para seguir recibiendo los subsidios, un hecho que marca que el Estado no tiene los datos necesarios sobre la población y que, por eso, debe salir a preguntarle. Por otro lado, en las provincias hay desconcierto. Por el momento, no llegó información sobre cuál será el impacto por ejemplo en los usuarios de Epec. “No podemos calcularlo porque no sabemos nada”, dijeron desde Córdoba.

Al albertismo parece guiarlo un concepto pero encuentra más de una complicación al intentar llevarlo a la práctica.

El otro foco en el que existe una disputa por los recursos es en el transporte. Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación, fue a la Cámara de Diputados y allí admitió un dato que cayó como una bomba: no sólo no están previstos los 70 mil millones de pesos que reclaman provincias como Córdoba para equilibrar el sistema sino que ni siquiera están garantizados los 46 mil millones que estaban en el presupuesto 2022. Por ahora, sólo aparecen 38 mil millones para el interior, el 54% de la cifra que garantizaría un año sin conflictos.

Sergio Massa, presidente de la Cámara y que tiene bajo su dominio el área de Transporte, les aseguró a los diputados que él mismo le “sacará” a Guzmán los 70 mil millones que se necesitan. El tigrense viene mostrando éxitos a la hora de torcerle el brazo públicamente al jefe de Economía, que diseñó un presupuesto por decreto -el original fue rechazado en el Congreso- con recortes de gastos que apuntan a cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y que son, en el actual estado de cosas, de dudoso cumplimiento.

Una de las inconsistencias más notorias del gobierno es su incapacidad de actuar sobre los problemas en el momento indicado y con los instrumentos pertinentes. Pasó, por ejemplo, con el gasoil. Después de dos meses decidió finalmente elevar el corte del biodiésel -es decir el componente de biocombustible en cada litro de gasoil- del 5 al 12,5 por ciento para tratar de atenuar un faltante que se extendió a 19 provincias, con honrosas excepciones como, por supuesto, Buenos Aires. La escasez terminó generando un mercado “blue”, con precios más altos, y afectando no sólo a la cosecha que es indispensable para generar dólares sino en otro dato fundamental y corrosivo: la inflación. El capítulo gasoil terminó produciendo un encarecimiento del valor oficial, lo que previsiblemente impactará aún más en el índice de precios porque la logística completa usa ese combustible.

El gobierno se resistió durante tanto tiempo a admitir el problema y la solución que terminó retroalimentándolo.

Córdoba, o más específicamente el gobierno de Schiaretti, interpretó la elevación del corte como un triunfo político. Había venido machacando desde el Congreso, junto a otras provincias productivas como Santa Fe, con que era necesario empezar a modificar la matriz energética para alinearla con el mundo. Ahora, esas provincias entienden que, por primera vez, se sientan a la mesa de la discusión junto con los petroleros, un sector afín al kirchnerismo que sistemáticamente ha rechazado la irrupción de los biocombustibles.

El schiarettismo señala que cada capítulo, cada pelea en el Congreso que contribuye a conformar un frente común con sectores amplios de la oposición -pasó con la boleta única, por ejemplo- le permite sondear la posibilidad de un acuerdo electoral hacia adelante. El escenario no contiene una alternativa única sino que, de la mano de la inestabilidad que provoca la incertidumbre, son múltiples. El objetivo principal de Schiaretti es gravitar en el panorama nacional que se abrirá a partir de 2023.

Si lo logra, podrá estirar su influencia sobre la política cordobesa más allá de los tiempos de su mandato.

Mientras tanto, Martín Llaryora, intendente de Córdoba, construye su propio proyecto. Y lo hace a fuerza de acciones pensadas para que el impacto transcienda las fronteras de la capital. La Cumbre Mundial de la Economía Circular que se hizo la semana pasada es un ejemplo de esa estrategia: Llaryora se construye vidrieras permanentemente. Y busca mostrarse como la contracara de Luis Juez: lejos del barro, enfocado en la gestión de gobierno y en un modelo para los próximos años.

De la suerte de Llaryora dependerá no solamente la continuidad del proyecto de poder del peronismo cordobés sino que tendrá impacto también en el territorio. En Río Cuarto, por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Llamosas entiende que el resultado en la elección municipal de 2024 estará atado, en gran parte, a lo que ocurra en la Provincia previamente.

Cerca de Llamosas festejan el papel y el lugar que le reservaron al intendente en la cumbre de Córdoba. Además mencionan como puntos fuertes sus números en las encuestas y los 30 frentes de obra que están en marcha. También destacan la mejora de los índices financieros reflejados en la última calificación de riesgo y la posibilidad que dispara de obtener un financiamiento clave para el último tramo de la gestión y el inicio de la próxima campaña electoral.

Al intendente lo entusiasma la idea de convertirse en el vice de Llaryora y ve señales alentadoras de su par cordobés en ese sentido.

En paralelo, en el frente interno han surgido ruidos que pueden ser inoportunos para una estrategia de proyección. Uno fue el capítulo Easy, que exteriorizó desinteligencias entre funcionarios difíciles de explicar. Otro es el proyecto que llegó al Concejo y que contiene un contrato directo, es decir sin licitación, con la empresa TraSus, del exministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore, por casi 4,5 millones de pesos mensuales. Por último, el Municipio tiene el desafío de cerrar sin conflicto y con una mejora en el servicio la primera licitación de transporte que se hace en la historia de la ciudad.