El reparto de los recursos entre la Nación y las provincias, y entre estas últimas, es desde hace al menos unas tres décadas motivo de fuerte discusión en el país, con momentos en que el debate levanta temperatura por cuestiones puntuales de la coyuntura.
Las provincias centrales se quejan porque dicen poner más de lo que reciben y las periféricas porque no quieren perder ese plus que llega bajo la lógica de que las más desarrolladas y “más ricas” colaboren con las otras para intentar equilibrar un país federal.
Lo cierto es que desde la reforma de la Constitución de 1994, en que se fijó un plazo para la resolución de un mecanismo objetivo de reparto que nunca de logró concretar, hubo varios capítulos en los que el tema vuelve a la superficie.
Ahora, la polémica es nuevamente el tema tarifas eléctricas y boleto de colectivo. En el fondo también se coló cómo se reparten los recursos, esta vez discrecionales, del gobierno nacional a las distintas jurisdicciones.
Pero lo cierto es que hay a priori provincias más favorecidas por la coparticipación que otras tomando el diferencial entre lo que aportan y lo que reciben.
Al tope de las posiciones aparece Formosa, la provincia gobernada por Gildo Insfrán desde hace tres décadas, a la que el diferencial le arroja a su favor un 390,7%. En segundo lugar se ubica Chaco, con el gobierno de Jorge Capitanich, a la que le queda un remanente de 246,9%.
En el otro extremo, el de las que ponen más de lo que reciben, encabezan Capital Federal (-91%), Santa Fe (-67,5%), Buenos Aires (-58,2%), Chubut (-56,8%), Neuquén (-41,3%) y Córdoba (-40,8%).
La economista tucumana María José Romano Boscarino publicó esta semana un cuadro con el comparativo entre las jurisdicciones y generó un debate en las redes sociales. Pero la especialista prefiere no centrarse en la discusión de “ganadores y perdedores” que deja el gráfico. “Los que estamos perdiendo en realidad somos todos los ciudadanos que formamos parte de la sociedad argentina”, comienza aclarando con respecto al esquema de coparticipación actual.
¿Por qué?
Porque está comprobado que aquellas que reciben más coparticipación, sin haber generado ingresos propios, son las que más destinan esos recursos no a los servicios que la sociedad necesita, sino a la administración general. Es una deuda desde el punto de vista de la institucionalización, la transparencia del uso de los recursos de cara a la ciudadanía y de los incentivos negativos que se generan por deslindar gastos respecto a recaudación. No hay una autonomía real, no hay una correspondencia fiscal. A la conversación le falta un marco, una ley convenio que era lo que demandaba la Constitución de 1994 y no este laberinto de normativa por el que se rige el reparto de recursos. A lo que se suman transferencias con una discrecionalidad absoluta.
¿Qué debería contemplar ese marco, ese acuerdo?
Hay un artículo específico de la Constitución que habla de las características de la coparticipación. Por un lado define que deben existir criterios objetivos de reparto. Básicamente están asociados a las competencias, servicios y funciones de los distintos niveles del Estado. Y también habla, en cuanto a los recursos a precibir, cómo debe ser esa distribución desde el punto de vista conceptual, del espíritu, y que se refiere a lo igualitario, lo solidario y con el objetivo final que tiene que ser desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en la Argentina. Y se aclara que no habrá traslado de competencias y funciones sin los recursos correspondientes y que deben estar mediados por la aprobación de una ley del Congreso.
¿Hoy hay criterios objetivos de distribución?
No, hoy no existe eso. Relacionados con las características socioeconómicas, mucho menos. Porque podríamos tener en cuenta la cantidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, pero que el diseño esté enfocado en generar desarrollo local.
Hasta acá ese objetivo no se cumplió porque las provincias más postergadas no lograron una mejora sustancial pese al diferencial favorable...
Claramente no ocurrió, no repercutió en mejor situación de la producción, el empleo, las exportaciones y calidad de vida de la gente. Si no tomemos el caso Formosa para ver el más beneficiado con este esquema y que recibe fondos que se generan en otro distrito para sostener estos feudos.
¿La única razón por la que nunca se avanzó en un nuevo esquema es política?
Sin dudas. Asociado a esta puja entre la Nación y las provincias en donde la primera busca alentar los recursos no coparticipables y las segundas, lo contrario. Además, así se mantiene cierto poder centralizado, un statu quo, que va contra los valores del federalismo. Hoy tenemos un federalismo coercitivo.
¿No está bien que las provincias centrales pongan más de lo que reciben?
Claro, pero cuál es el criterio objetivo para definir cómo, cuánto, por qué. Y solo hacemos foco en la repartija, que es importante institucionalizarla, pero el foco debería estar en poner incentivos para que las provincias gasten menos, que implicaría bajar la presión tributaria sobre el sector privado porque esto desemboca en el sistema impositivo, y a su vez que generen incentivos para que aumenten la producción, las exportaciones, el empleo y así puedan recaudar más. Pero se pierde el foco de lo que tenemos que discutir para que el país crezca y se desarrolle. Si solo hablamos de la distribución, posiblemente lo hagamos sobre una torta cada vez más chica. Esta discusión entre Capital y las provincias es errada y es parte del problema que tenemos.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
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