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El increíble crecimiento de pensiones por discapacidad, bajo la lupa de la motosierra

En Córdoba, los beneficiarios se multiplicaron por 20 en los últimos 20 años:pasaron de 4.902 en 2003 a 85.599 al cierre del año pasado

Las pensiones por discapacidad tuvieron una fuerte proliferación en los últimos 20 años en el país, cuando pasaron de 79.581 beneficiarios a 1.215.548, lo que representa una expansión del 1.427,43% entre 2003 y 2023.

Sobre eso, el Gobierno puso ahora la lupa porque cree que detrás de ese incremento exponencial se esconden repartos de fondos estatales para sostener beneficios a personas que no cumplen con los requisitos para contar con esas pensiones.

En ese contexto, Córdoba tuvo un incremento aún mayor al del promedio nacional, y llegó al 1.646,2% en el mismo período, al aumentar desde los 4.902 beneficiarios de 2003 a los 85.599 de 2023. Con esas cifras, fue la tercera jurisdicción con mayor cantidad de beneficios en el inicio, y lo sigue siendo actualmente. Sin embargo, el escolta de la Provincia de Buenos Aires, que lideró por lejos todo el período, cambió: era Capital Federal en 2003 y actualmente pasó a ser Chaco. La provincia del norte argentino, que cuenta con una población total de 1.129.606 habitantes según el último censo de 2022, alcanzó los 99.088 beneficiarios. Es decir, el 8,7% de su población tiene cobertura por discapacidad. En ese plano, Córdoba alcanza, tomando siempre los registros del último censo nacional, al 2,23% de su población.

Para trazar una referencia, en esa relación porcentual, a nivel país el 2,65% de la población tiene su pensión por discapacidad. Es decir, que si bien Córdoba creció por encima de la media del país en cantidad de beneficiarios, aún se sostiene por debajo del promedio en relación a su cantidad de habitantes.

Vale destacar que de acuerdo al Censo de 2001, la población argentina era de 36.260.130, que fue el relevamiento integral más cercano al punto de partida que se establece para los beneficiarios de pensiones por invalidez. Cruzando ese dato con los beneficiarios de 2003 arroja una relación del 0,22%; es decir, 0,22% de la población argentina tenía una pensión por discapacidad en aquel momento, que ajustado por una tasa de crecimiento poblacional media podía llegar a ser incluso menor porque se estima que dos años después del censo, la población debería ser mayor.

Contrastando entonces los porcentajes, la cantidad de beneficiarios pasó de ser el 0,22% del total de la población, al 2,65%.

Entre los distritos con mayor cantidad de beneficiarios aparece Misiones al cierre del año pasado, con un total de 81.868.

En el otro extremo de la tabla, entre las que menos pensiones por invalidez tienen en términos absolutos, están especialmente las patagónicas, lideradas por Tierra del Fuego (1.282), Santa Cruz (4.597), La Pampa (8.132) y Chubut (9.643).

El Gobierno le puso cifras a los beneficios: representan 3 mil millones de dólares

“En 2003 había 79 mil pensiones por invalidez. Año a año se incrementaron, con excepción del período del presidente Macri, hasta llegar a 1.215.000 en 2023, lo que representa un costo anual de US$ 3 mil millones”, explicó ayer el flamante jefe de Gabinete de la Nación, que introdujo el debate sobre la necesidad de revisar el destino de los fondos para invalidez.

Pero además, dijo que ya comenzó a revisarse si los beneficiarios cumplen o no los requisitos para obtener esos recursos mensualmente, que representan el 70% del valor de la jubilación mínima.

En esa línea, el funcionario adelantó que una auditoría realizada sobre “3 mil pensiones tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas”.

Y agregó: “Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de US$ 2.400 millones anuales sin fundamento”.

En el caso de Córdoba, si se replicara el porcenaje de beneficiarios que no cumplen los requisitos, de los 85.599 quedarían sólo 17.120 en el padrón. “Así de irresponsable fue el gobierno de quienes resolvieron incrementos de haberes jubilatorios con un costo de medio punto del PBI sin que el Estado cuente con recursos necesarios para afrontarlo”, disparó Francos.