Cambios en la relación laboral y remuneraciones
Salarios y "Concepto Dinámico": Se establece que los haberes podrán pagarse en dinero (nacional o extranjero), especie o alimentos. Se introduce el “salario dinámico”, que permite acordar pagos por productividad o mérito personal mediante convenios colectivos o decisiones del empleador. Un cambio relevante es la exclusión de las billeteras virtuales: solo los bancos serán agentes de pago
Indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se propone un cambio de paradigma. Se crea el FAL, una cuenta inembargable financiada por empleadores (1% para grandes empresas y 2,5% para pymes) administrada por la Comisión Nacional de Valores. Además, se reduce la base de cálculo al excluir aguinaldo y premios, y se establece un tope de 3 veces el salario promedio del convenio. Las sentencias judiciales podrán ser pagadas en cuotas: 6 para grandes firmas y 12 para pymes.
Jornada y Licencias: La jornada podrá extenderse hasta las 12 horas diarias con un "banco de horas" para compensar extras. En cuanto a enfermedades o accidentes inculpables, el trabajador percibirá entre el 50% y 75% de su salario según su situación familiar y la naturaleza del hecho.
Si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante 3 meses si no tiene personas a cargo o 6 meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente. Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos.
Régimen para trabajadores de plataformas digitales: El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
Estatutos profesionales: El dictamen mantiene la derogación de cinco estatutos (periodista, viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía), pero una vez transcurridos seis meses de la sanción de la ley.
El nuevo esquema de indemnizaciones
Uno de los puntos más sensibles es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema, administrado por la Comisión Nacional de Valores, se financiará con aportes patronales (1% en grandes empresas y 2,5% en pymes) para cubrir despidos.
Derechos colectivos y huelgas
Pese a las reformas, los gremios lograron mantener la cuota sindical (con un tope del 2% por dos años) y la alícuota del 6% para obras sociales. Sin embargo, el proyecto impone fuertes límites al derecho de huelga:
Los servicios esenciales deben garantizar el 75% de prestación.
Los servicios trascendentales, el 50%.
Las asambleas en lugares de trabajo requerirán autorización del empleador.
Incentivos a la formalización
Bajo el nombre de Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), el Gobierno busca blanquear trabajadores. Se propone la condonación de hasta el 70% de deudas por aportes y la baja de sanciones en el REPSAL. Para nuevas contrataciones, se establece una contribución patronal reducida del 8% durante un año.
Justicia y Estatutos
El proyecto acelera el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y otorga valor de "sentencia firme" a los acuerdos homologados para frenar la denominada "industria del juicio". Por último, se ratificó la derogación de cinco estatutos profesionales (periodistas, peluqueros, entre otros), que se hará efectiva seis meses después de sancionada la ley.
La reforma introduce modificaciones en la ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional -adverso a las políticas del Gobierno- a la órbita de la ciudad.
Ofensiva contra la “industria del juicio”
Uno de los pilares del proyecto es el blindaje de los acuerdos extrajudiciales. La norma establece que cualquier pacto entre trabajadores y empleadores que cuente con homologación de la Justicia o autoridad laboral adquirirá carácter de sentencia firme. Esto significa que los casos no podrán reabrirse en los tribunales, buscando un cierre definitivo de los conflictos y una baja en la tasa de litigiosidad. En sintonía con esto, se fijaron topes máximos a los honorarios de peritos y abogados.
En cuanto a la arquitectura judicial, se ratificó la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.
El capítulo tributario
Concesiones a gobernadores y bajas de impuestosLa reforma impositiva fue el escenario de las negociaciones más arduas. Finalmente, ante la presión de los mandatarios provinciales, el Gobierno eliminó del texto la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que era uno de los puntos más polémicos.No obstante, el proyecto avanza con una fuerte reducción de la carga tributaria en sectores específicos:
Sector Agroindustrial: Se propone la exención del IVA para la energía eléctrica destinada a sistemas de riego.
Impuestos Internos: Se eliminan por completo los gravámenes sobre productos electrónicos, celulares, seguros y servicios de comunicación audiovisual. También quedan alcanzados por esta eliminación los objetos suntuarios, automotores, motocicletas, aeronaves y embarcaciones.
RIMI: Un nuevo horizonte para inversiones medianas
Buscando dinamizar la economía nacional y extranjera, se oficializó la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que estará vigente por dos años.
Está orientado a PyMEs que busquen invertir en obras productivas o en bienes muebles nuevos (adquisición, fabricación o importación), con la excepción explícita de automóviles.
Los montos de inversión requeridos oscilan entre los US 9 millones, dependiendo del tamaño de la empresa.
¿Cuáles son los beneficios fiscales?
El régimen ofrece dos ventajas financieras estratégicas: la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias (permitiendo recuperar la inversión en plazos más cortos) y la devolución anticipada de saldos a favor del IVA. Esta última estará sujeta a un cupo presupuestario anual y se concretará en un plazo de tres períodos fiscales.
