Todos los días una marcha. Una larga fila de autos con carteles pidiendo que los dejen trabajar, reclamando en contra de las tarifas de Epec, protestando por la reforma previsional que la Unicameral recibió, discutió y aprobó en una tarde de vértigo.
Río Cuarto se volvió una ciudad en la que se superpusieron los malhumores. Justo sobre el fin de esa semana de caravanas a repetición, una vez más bajó el alivio desde la Nación, que declaró que el interior de Córdoba pasaba a ser parte de esa gran zona del país en la que ya ya no se impone el aislamiento obligatorio sino el distanciamiento social, una cuarentena light, con más gente en las calles, con reuniones familiares, bares y restaurantes.
Un anuncio que ayudó a descomprimir. Quienes salieron a manifestarse la semana pasada aún tendrán motivos para hacerlo -sus actividades siguen en gran parte vedadas- pero al menos disponen ahora de la expectativa, cimentada por las declaraciones del gobernador Juan Schiaretti y por el intendente Juan Manuel Llamosas, de que en los próximos días las flexibilidades serán aún mayores.
Córdoba, la provincia, tiene sus propias particularidades, que en algún punto, mayor o menor, se desprendieron de la cuarentena y sus consecuencias. En plena pandemia, el gobierno de Schiaretti jugó fuerte y se despachó con una reforma previsional en tiempo récord. En los últimos días, los gremios parecieron reaccionar y finalmente salieron a la calle. Si se trata de una réplica de compromiso, para cuidar las formas, o si es el inicio de un plan de largo aliento contra los cambios en las jubilaciones es una disyuntiva que se esclarecerá con el paso del tiempo. Los primeros datos anotan algunos puntos a favor de la primera opción. Principalmente si se tiene en cuenta que el líder de la CGT cordobesa, José Pihen, quien ha logrado la alquimia milagrosa de ser atacante de un equipo y defensor a la vez del contrario, que algunos días es legislador oficialista y otros líder sindical que debería defender a los trabajadores contra los embates de ese mismo oficialismo del que forma parte, ha sido acusado de haberse jubilado 48 horas antes de que el proyecto de reforma llegara al recinto. Los empleados a los que Pihen representa tendrán una jubilación menguada; él no, gracias a ese arte del desdoblamiento que ha ido perfeccionando con los años.
Pihen había iniciado los trámites de su jubilación 18 años antes (!) pero, por esos caprichos insonsables de la burocracia, su beneficio fue aprobado el 18 de mayo, dos días antes de que toda Córdoba -o casi toda- se viera sorprendida por un proyecto de reforma que llegó al Legislativo intempestivamente.
La Provincia inició con la ley impositiva una díada legislativa que se venía insinuando desde antes y que se transformó en imperiosa a partir de la pandemia. Además de redefinir las jubilaciones actuales y las futuras, el oficialismo consiguió en la Unicameral el aval para renegociar vencimientos de deuda por 1.203 millones de dólares, el 42% del pasivo total.
Esa reestructuración tendrá impacto en Río Cuarto. No sólo porque forma parte de la provincia, obviamente, sino porque la Municipalidad debe encarar, tal como lo anunció el propio intendente el domingo pasado, un proceso de rediscusión con sus acreedores. Ya lo hizo a fines del año pasado, cuando acordó 6 meses de gracia y 18 cuotas de 650 mil dólares mensuales para poder pagar aquella emisión de bonos por casi 15 millones que lanzó en noviembre de 2017 con un dólar a 17,51 pesos. Pero como todo tiene un final, el plazo de gracia se acabó y desde el mes próximo, justo en medio de un proceso electoral trabajoso y enredado, debería comenzar a pagar. “No se puede”, fue lo que dijo Llamosas hace una semana. La prioridad será, señaló, atender la demanda social generada por la pandemia, con los recursos menguados que deparó la inactividad del confinamiento.
Río Cuarto se acoplará al proceso que encare la Provincia, que a su vez espera la resolución de la batalla nacional con los bonistas para avanzar con su propio esquema.
La renegociación de la deuda será sólo uno de los inconvenientes que tendrá que encarar Llamosas antes de llegar a la fecha de la elección. Todavía están la pandemia en sí misma y sus consecuencias: la crisis social, el malestar que la economía provoca en sectores medios, un componente electoral clave en la ciudad.
Pero también quedan pendientes aún los inconvenientes propios de la elección, o menor dicho de la imposibilidad de haber realizado la elección en la fecha prevista originalmente. Lo que ocurrió hasta ahora es conocido: 5 de los 8 candidatos acordaron que los comicios se hagan el 27 de septiembre y que los mandatos actuales se prorroguen hasta el 8 de octubre.
La primera decisión no plantea inconvenientes; la segunda sí. El Concejo la refrendó por unanimidad, lo que le dio la mayor fortaleza legislativa a la que podía aspirarse en la ciudad. Pero en el propio oficialismo admiten ahora que la cuestión podría dirimirse en la Justicia. Y que allí aparece un terreno de cierta incertidumbre, si bien confían en que ni los jueces ni el Tribunal Superior ordenen dar marcha atrás con una solución extraordinaria pensada para responder a la excepcionalidad de la emergencia sanitaria.
De todos modos, la inquietud está en los cabos sueltos que se dejaron. Y el cabo suelto más observado se llama Eduardo Scoppa. El candidato de Riocuartenses por la Ciudad le ha dicho al gobierno que si mañana o pasado la Junta Electoral no toma una decisión sobre la prórroga, entonces irá a la Justicia. Destino: el Tribunal Superior.
¿Cuál es la inquietud? Que el TSJ prefiera mantenerse ajeno a una cuestión política y defina que el diferendo debe resolverse en la Legislatura a través del camino previsto de la intervención.
Si así fuera, las candidaturas y los actos preparatorios de la elección volverían a fojas cero. Y ese es el escenario que, precisamente, el oficialismo y la oposición encarnada en Juntos por Río Cuarto pretendieron evitar a toda costa: en esa hipótesis podrían rediscutirse las listas y quienes tienen hoy un puesto asegurado podrían correr algunos riesgos. Hay quienes sostienen en la UCR que los negociadores opositores acordaron tan rápido la prórroga no por responsabilidad institucional sino en defensa propia.
En el gobierno municipal intentan acorazar la ordenanza. Por eso la enviaron a la Legislatura, para reforzarla. En un primer momento, la pretensión del llamosismo fue que la Unicameral aprobara una ley que confirmara lo que se hizo en Río Cuarto. Volvieron con un no. Habrá una toma de conocimiento y, como máximo, una resolución.
El oficialismo local está convencido de que una pelea en el plano judicial introducirá una incertidumbre temporal pero no mucho más. Confían en que la prórroga sea aceptada; aunque sea más por activación de dispositivos políticos que por invulnerabilidad judicial.
Desde el Palacio consiguieron que la negociación por la prórroga se cerrara rápido con el costo derivado de que no fuera por unanimidad. Pero en el proceso vertiginoso desatendieron además un aspecto: la argumentación.
El gobierno pareció recostarse en uno de los dos componentes esenciales de la política: la acción. Pero descuidó el discurso, la tarea de convencer de que se trataba de la mejor opción. Esa desaprensión argumentativa pública fue suplida, en parte, por un protagonista externo al proceso riocuartense: Alejandro Tullio, quien durante 14 años fue director nacional electoral, y que en las últimas horas le puso fundamentación jurídica a la decisión de prorrogar los mandatos. Afirmó que fue la solución más creativa y responsable, que los daños son sólo teóricos y que no será fácilmente atacable en el plano judicial.
En el PJ faltó la visión de utilizar en la disputa pública ese tipo de opiniones que contribuyeran a dotar de solidez a su decisión.
La idea que atravesó la estrategia del oficialismo fue que si algo no le preocupa a la gente actualmente son las elecciones. Pero una resolución extraordinaria, una categoría sobre la que el gobierno insiste, no debió descuidar ninguno de sus aspectos, cualquiera haya sido el nivel de atención pública. Lo excepcional no puede fundarse en la displicencia.