Uber, la app que es lo que dice que no es

Actualmente, el cuadro social es complejísimo. Argentina vive una situación contradictoria, disociada:el empleo continúa en ascenso -se sumaron 220 mil nuevos trabajadores en el último informe nacional- pero la pobreza también crece. Hay cada vez más personas que trabajan y aun así son pobres. O están camino a serlo.

La tensión social, que alcanzó un pico en agosto después de la devaluación, no desapareció; está latente. Y uno de los desafíos que enfrentan no sólo el gobierno nacional sino además las provincias y los municipios es detectar posibles focos de conflicto y tratar de neutralizarlos anticipadamente.

Existe un cuadro de base que es que quienes trabajan en un sector ansían defender su empleo y su ingreso;y, además, como ocurre en las crisis, otras personas intentan encontrar un puesto o sumar una actividad a tiempo parcial. Ahí hay un movimiento potencialmente competitivo y conflictivo.

En ese contexto, en Río Cuarto comenzó a producirse un hecho que es novedoso para la ciudad pero no para el mundo. Es la extensión de una tendencia, de una nueva manera de relacionamiento anclado en la tecnología. El miércoles, la empresa norteamericana Uber anunció que está comenzando a operar en Río Cuarto. El gerente de Comunicaciones para el Cono Sur, Juan Labaqui, señaló que en 5 semanas podrían comenzar los primeros viajes pero dejó dos datos interesantes: Uber no pidió autorización al Municipio ni se inscribió en ninguna categoría y, además, no está dispuesta a aplicar la regulación que en la ciudad existe sobre las tarifas de taxis y remises. Los valores de Uber se mueven por otros carriles y con otros criterios;básicamente, por la ley de la oferta y la demanda.

¿Por qué no se registró Uber, una multinacional que llegó a tener un valor de mercado de 91.000 millones de dólares, si en RíoCuarto hasta un kiosco diminuto debe obtener el alta en el Municipio para iniciar su actividad? Esa decisión es una de las prácticas que Uber repite en cada distrito en el que empieza a operar. Inscribirse hubiera implicado someterse a la reglamentación estatal, en este caso de Río Cuarto. El planteo de la empresa es que en la ciudad hay un vacío legal y que su actividad no encuadra en ninguna de las categorías establecidas normativamente.

Uber no se considera servicio de transporte público ni semipúblico y por lo tanto no acepta el cuadro tarifario para taxis o el mínimo determinado para los remises.

Uber dice que es otra cosa, una app de contacto, que relaciona a quien necesita viajar con quien tiene un auto y está dispuesto a trasladarlo. Es un viaje compartido, no un servicio de pasajeros.

La actitud no es una novedad en el ecosistema de las apps: lo mismo ocurre con Pedidos Ya, o Rappi, que apelan a conceptualizar, por ejemplo, la relación laboral en otros términos y a escapar así de las regulaciones laborales.

Uno de los elementos que gravita en Uber y en otras apps es su desterritorialización. Son dispositivos sin asentamiento en el lugar que gestionan una relación que, al final de la cadena, es comercial.

Sin embargo, así planteado el cuadro de situación es engañoso, fundamentalmente en lo que respecta a Uber. ¿Por qué? Porque si bien puede decirse que Uber está “desterritorializada”, no lo está el servicio que al final se presta por su intermediación: el cliente está en un territorio, el vehículo que lo traslada se mueve por un territorio, y el viaje será desde un punto a otro de un territorio específico; en este caso, Río Cuarto. Y, por eso, el gobierno municipal ha planteado que, en definitiva, el servicio que se presta es el transporte de pasajeros y, por lo tanto, que la empresa debe registrarse. Ahí aparece la confrontación de criterios. Además, para reforzar el concepto, el Ejecutivo envió al Concejo un proyecto de ordenanza para que se multe con hasta 2 millones de pesos a quienes utilicen aplicaciones que no estén autorizadas por el Estado local.

¿Río Cuarto se está cerrando así a la llegada de Uber y, por extensión, está repeliendo las nuevas tendencias tecnológicas?

No sería positivo que así lo hiciera. Pero, en realidad, lo que está ocurriendo es que el Estado -pasó lo mismo en gran cantidad de ciudades del mundo- está reivindicando para sí la facultad de regular una actividad. Si no lo hiciera, se incurriría en un sinsentido como es que la misma acción -en este caso llevar a una persona a un lugar a cambio de dinero- esté regulada para algunos y no para otros. ¿Por qué deberían unos, taxistas y remiseros, someterse a las normas del Estado y no los choferes de Uber si, básicamente, hacen lo mismo?

Pero en Río Cuarto se agregaría además un segundo sinsentido: Uber dice que taxistas y remiseros podrán sumarse a la plataforma como choferes registrados. Es decir, esos mismos conductores y sus autos estarían regulados en un momento del día, cuando ejerzan de taxistas o remiseros, y desregulados en otro, cuando viajen para Uber. Peor aún: como en Río Cuarto la tarifa está determinada por el Estado, un mismo vehículo -taxi o remís- debería cobrar un monto definido por el Municipio en un momento y en otro podría fijar un precio siguiendo el criterio de la libre oferta y demanda.

Uber lleva, adrede por supuesto, a discutir la categorización de su servicio:no es transporte de pasajeros, dice, es una app de contacto. Para comprender el alcance de ese razonamiento podría hacerse el mismo ejercicio con otra actividad. Por ejemplo, en la venta de medicamentos. Si existiera Uber-Salud podría decir que no comercializa remedios sino que es una app de contacto, que une a quien necesita una droga con quien la vende. Por lo tanto, no estaría sometida a las regulaciones que alcanzan a las farmacias: ni laborales, ni comerciales ni, peor, sanitarias. Podría vender libremente, incluso drogas que requieren recetas, porque no estaría bajo el odioso control del Estado. Libre oferta y demanda.

La novedad suele favorecer a empresas como Uber. Primero, porque indudablemente puede contener beneficios para el usuario. Pero, además, porque suele encontrarse con una respuesta confusa desde el Estado, sea intencional o no. En Río Cuarto, por ejemplo, no ha habido un discurso uniforme, coherente. El gobierno municipal, a través del secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan, ha expresado que lo que hace Uber es transporte de pasajeros y que, por lo tanto, debe encuadrarse en la legislación existense. Pero en el Concejo Deliberante, el mismo oficialismo, en la voz de Milagros Obregón, presidenta de la comisión de Servicios Públicos, declaró expresamente que Uber no es un servicio de transporte de pasajeros sino una app de contacto y que, por lo tanto, existe ahí un vacío legal.

¿Qué ha dicho por su parte la oposición ante la novedad de Uber desembarcando de hecho en la ciudad?Nada. El bloque de Juntos por el Cambio sostuvo que todavía no tiene posición tomada. Y no la tiene a pesar de que en 2016 el Concejo Deliberante, y muchos de los actuales legisladores, ya debatieron el alcance de las aplicaciones de contacto.

Al gobierno le preocupa Uber no sólo porque pretende encuadrarlo como servicio de transporte -y cobrarle impuestos- sino porque además olfatea un conflicto en puerta. Según datos del oficialismo, de trasladar gente viven 4.500 familias en Río Cuarto que, ahora, tendrán un número aún indeterminado de competidores.

De todos modos, el desembarco de Uber no fue del todo inoportuno para el gobierno municipal porque la polémica al menos contribuyó a que disputara la agenda pública con otro caso de alto impacto:la condena a Ignacio Martín, el médico trucho que integró el COE durante la pandemia y que acaba de recibir una pena de 7 años de prisión. El tribunal que lo juzgó no sólo se expidió sobre la conducta del falso profesional sino que además ordenó que se investiguen las posibles responsabilidades funcionales y políticas, municipales o provinciales, que podrían corresponderles a quienes eran los superiores de Martín.

Juan Manuel Llamosas, mientras Uber llegaba y Martín era condenado, se mostró especialmente activo en los últimos días. Principalmente, junto al secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas. El intendente intensificó su actividad pública justo cuando el radicalismo definió quién será su candidato a intendente.

A pesar de la crisis nacional, en Río Cuarto ya parece estar lanzada la pelea por la intendencia. Llamosas está intentando posicionar a un funcionario de su gestión;del otro lado, Gonzalo Parodi quedó oficializado como el candidato radical en una elección con participación histórica. Fue una interna a la que la UCR llegó sin conflictos pero no consiguió evitarlos después. Hay chispazos, amenazas de Gabriel Abrile de irse por fuera si Parodi avanza en su intento por incorporar al armado a Gonzalo Luján, que quedó cerca del 25% de los votos. El ganador dice que hay tiempo, que nadie desespere, que los consultará a todos antes de decidir cómo integrar las listas para evitar los errores que le hicieron a la oposición perder dos elecciones, la provincial y la de Córdoba capital, que parecía tener ganadas.