El reclamo por las indemnizaciones a los damnificados de la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero llegó a la Legislatura de Córdoba, que esta tarde aprobó de manera unánime un pedido para que el Gobierno nacional cumpla con el pago.
Todos los legisladores aprobaron un proyecto de declaración a partir de la advertencia que hizo uno de los abogados de los vecinos riotercerenses a partir del decreto con el que se prevé reglamentar la ley sancionada por el Congreso. El letrado Mario Ponce aseguró que si la disposición tal cual como se presentó ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, no cobrará nadie.
Es que a manos de la Justicia Federal llegó el proyecto de decreto reglamentario pero con una cláusula que dice que van a cobrar resarcimientos los damnificados que tengan una acción judicial vigente, tras la explosión de noviembre de 1995.
Ello significaría dejar afuera a todos los damnificados que suspendieron los juicios a raíz de la audiencia de conciliación con el Estado, señaló Ponce (ver: Río Tercero: si sale el decreto, no cobraría nadie, advierten).
Para la Legislatura, si prospera el decreto propuesto por el Gobierno nacional "se estaría violando el artículo 9 inciso 2 de la Constitución el cual afirma que al otorgarle la prerrogativa para que reglamente las leyes para que puedan aplicarse, no debe modificarse el espíritu del mismo".
La explicación de Ponce
“Como está redactado el decreto no cobraría nadie, porque la ley dice que van a cobrar todos aquellos que hayan iniciado acción judicial contra el Estado nacional y que esa acción judicial se encuentre vigente”, manifestó el abogado Mario Ponce.
Y añadió: “Este proyecto dice que considera juicio vigente a todos aquellos procesos en los que se haya instado el trámite en los 6 meses anteriores del 5 de octubre de 2015, que es cuando se sancionó la ley”.
Es que a manos de la Justicia Federal llegó el proyecto de decreto reglamentario pero con una cláusula que dice que van a cobrar resarcimientos los damnificados que tengan una acción judicial vigente, tras la explosión de noviembre de 1995.
Ello significaría dejar afuera a todos los damnificados que suspendieron los juicios a raíz de la audiencia de conciliación con el Estado, señaló Ponce (ver: Río Tercero: si sale el decreto, no cobraría nadie, advierten).
Para la Legislatura, si prospera el decreto propuesto por el Gobierno nacional "se estaría violando el artículo 9 inciso 2 de la Constitución el cual afirma que al otorgarle la prerrogativa para que reglamente las leyes para que puedan aplicarse, no debe modificarse el espíritu del mismo".
La explicación de Ponce
“Como está redactado el decreto no cobraría nadie, porque la ley dice que van a cobrar todos aquellos que hayan iniciado acción judicial contra el Estado nacional y que esa acción judicial se encuentre vigente”, manifestó el abogado Mario Ponce.
Y añadió: “Este proyecto dice que considera juicio vigente a todos aquellos procesos en los que se haya instado el trámite en los 6 meses anteriores del 5 de octubre de 2015, que es cuando se sancionó la ley”.