La denuncia recayó en la fiscalía de instrucción de Fernando Moine.
Alberto Fernández, uno de los abogados que hicieron la presentación, relató por qué decidieron ir a la Justicia. “En junio pedimos un informe sobre la situación global de Cotreco, su facturación, los medios de pago, los procedimientos de redeterminación de precios. No es menor el tema, teniendo en cuenta que arrancó con 26 millones por mes y hoy está encima de los 39 millones. Pero, hasta ahora, la Municipalidad no nos ha respondido, aunque se ha comprometido a darnos los expedientes”, dijo Fernández.
Y agregó: “Pero frente a las versiones que circularon la semana pasada, decidimos hacer una presentación en la Fiscalía para que se haga una investigación profunda teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. No es normal que la contratista más importante que tiene un servicio esencial, y a la que la Municipalidad le paga 39 millones de pesos por mes, tenga 1.700 cheques rechazados. A su vez, el canon no se lo paga a Cotreco sino a un fideicomiso, lo que no tiene sentido. Cuando nos preguntamos por la finalidad, lo primero que se me ocurre es que esta maniobra y el fideicomiso son para eludir el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores. La situación es anómala, irregular; no es normal que esta prestataria se encuentre en cesación de pagos; hoy cualquier acreedor podría pedirle la quiebra”.
El gobierno municipal sostiene que la cesión de crédito que hizo Cotreco, y que la administración aceptó, es una decisión íntegramente reservada a la empresa y sobre la que no puede intervenir. Fernández tiene una opinión diferente. “La derivación del canon a un fideicomiso debió encender, como mínimo, una luz de alerta. Cuando se creó el fideicomiso, ¿a nadie se le ocurrió pensar que no era normal? ¿Qué va a pasar ahora con los 90 millones que Cotreco debe pagar en indemnizaciones en enero y febrero? Hoy la empresa es insolvente .¿Los trabajadores se van a quedar sin cobrar las indemnizaciones? Es posible que le golpeen la puerta a la Municipalidad para que pague el Estado. Son cuestiones que no son menores”, manifestó Fernández.
Respuesta
El fiscal municipal, Julián Oberti, salió a hacer declaraciones con respecto a la denuncia. Por un lado, desmintió un aspecto que aparece en la denuncia.
En el texto presentado ante la Fiscalía se destaca que la prestataria es intransferible. “Existe una confusión en ese punto. Primero, no hubo ninguna cesión de contrato. Lo que se hizo fue una cesión de crédito, de la cobranza del canon. Son cosas distintas. La cesión del crédito nos excede a nosotros. Es legal y no podemos oponernos. No era una maniobra evasiva sino totalmente legal”, indicó Oberti.
Agregó que la cesión del crédito viene haciéndose habitualmente en la Municipalidad. “Es una práctiva que está desde hace más de 10 años; que se practicaba en el contrato anterior. Además, es mentira que no les dimos información. Al doctor Ferández lo recibí personalmente, estuvimos una mañana entera hablando. Lo único que les pedimos es que usaran los mecanismos institucionales. Lo que queríamos evitar con esto era la politiquería barata, que sólo crea confusión”, planteó el fiscal .
Los abogados no apuntaron a ninguna persona en especial en la denuncia ni especificaron el posible delito cometido. Sólo reclamaron que se investigue si la conducta de la empresa puede estar encuadrada en el Código Penal.
