El caso había tenido repercusión en la región ya que, si bien la causa penal prescribió con el paso del tiempo, posteriormente se impulsó una demanda civil contra la Diócesis de Río Cuarto.
A raíz de la acusación de abuso sexual, la Iglesia Católica había dispuesto que el religioso no pudiera ejercer el ministerio sacerdotal en público, medida que se mantuvo durante los últimos años.
Tras su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en Sampacho, donde residía.
El caso había generado debate y repercusiones en la comunidad, en particular por la situación judicial derivada de la prescripción de la causa penal y la posterior acción civil presentada contra la Diócesis.