La Cámara de Diputados rechazó ayer por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad y quedó listo para ser remitida a la Cámara alta
El Senado ya sesiona con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares.
Así fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron la mayoría de los líderes de la bancadas y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cada día más relegada y de bajo perfil tras ser calificada como “traidora” por el presidente Javier Milei.
La Cámara de Diputados rechazó ayer por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad y quedó listo para ser remitida a la Cámara alta, aunque primero debe ser comunicado por la Presidencia de Diputados, lo que impedirá un eventual tratamiento mañana en el recinto senatorial.
Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al quitarle su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.
El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura: el Gobierno argumentó que en el funcionamiento de ese organismo hubo un “notorio sobredimensionamiento de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, y citó informes de la SIGEN que advertían sobre “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento.
Mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.
Uno de los puntos más controvertido de los decretos delegados fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.
La Casa Rosada sostuvo que la estructura de Vialidad “no se ajusta a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad.
Mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.
El decreto reasigna a su vez tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía.
También disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.
Las competencias de la ANSV se transferían a la Secretaría de Transporte, con la excepción del control y la constatación de infracciones en rutas nacionales, que quedaban a cargo exclusivamente de la Gendarmería.
En la misma línea, reorganiza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.
Lo mismo sucedería con la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia exclusivamente al transporte aéreo. Sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo eran suprimidas o reasignadas a otros organismos.
