A finales de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos por abrumadora mayoría: puntualmente, el que actualiza fondos para las universidades nacionales cosechó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Pero dos semanas atrás, y tras el veto presidencial, Diputados insistió con la ley de financiamiento. Lo aprobado contempla la reapertura de paritarias, más fondos para funcionamiento, becas, desarrollo científico y la creación de una partida de 10.000 millones de pesos actualizable en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para impulsar carreras estratégicas. Ese paquete, según la Oficina de Presupuesto del Congreso tendrá un impacto presupuestario para 2025 en $1,96 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.
La relevancia de estas partidas para las universidades no sólo radica en los recursos que podrán tener para cerrar el último trimestre del año, sino que servirá de base para el cálculo de los fondos de 2026.
Vale destacar que los rectores habían solicitado $7,32 billones de pesos para poder funcionar durante el año que viene mientras en el proyecto presupuestario que ya envió el Ejecutivo al Congreso aparecen partidas por $4,8 billones. Esa brecha es significativa y llevó a las autoridades universitarias a cuestionar la propuesta oficialista al considerarla como una ratificación del ajuste aplicado en los últimos dos años.
De hecho, los rectores indicaron que “los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones de pesos necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”.
El monto dispuesto en la Ley de Financiamiento significa un refuerzo significativo que, para algunas casas de altos estudios, representa casi un 50% adicional. En el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, representaría unos 25 mil millones extras para cerrar el actual ejercicio.
