Un grupo de vecinos de Las Delicias había alertado que cinco niños vivían con sus padres en un toldo, frente a un basural en calle Quena al 1500. Además, agregaban que no asistían a la escuela, que sus padres se alcoholizaban y que vivían “situaciones que son visibles para todos los vecinos en las cuales está en riesgo su integridad psíquica y moral”. El viernes trascendió que una de las niñas, de 12, que estaba inmersa en ese contexto, fue abusada por su tío, de 42. El hombre quedó detenido y a la espera de ser indagado por la Justicia.
¿La Senaf estaba al tanto de esta situación de vulnerabilidad? Una serie de actuaciones demuestra que sí. Una de las respuestas a los pedidos de informe realizados por otros organismos locales fue que desde el 2012, a partir de la implementación de la ley provincial Nº 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba, venían trabajando “con el propósito de que los niños puedan permanecer en su centro de vida”, como estipula la norma.
La Senaf respondió a principio de este año que el grupo familiar no podía ser abordado desde una única institución, y que el trabajo se articulaba con distintas áreas, tales como la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Desarrollo Social, delegación Río Cuarto, la escuela Leopoldo Lugones, así como con referentes barrriales para “garantizar la restitución de los derechos vulnerados”.
PUNTAL intentó comunicarse nuevamente con la titular del organismo, Estela Larrarte, para conocer qué condiciones habían llevado a tomar la decisión de no adoptar una medida excepcional antes los reiterados pedidos de la Subecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad pero no logró concretarlo. La respuesta aportada el día anterior ante las críticas efectuadas por la concejala Patricia García es que desde enero había una acompañante terapéutica visitando a la familia y asesorando a la madre en temas vinculados a la crianza, el cuidado de la higiene y la salud.
Antecedentes
Un informe con fecha 25 de julio de 2016, dirigido a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Uder Río Cuarto, con la firma de la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto, Ana Laura Medina, al que tuvo acceso PUNTAL da cuenta de que la familia tenía: “Características disfuncionales, desorganización familiar, falta de hábitos saludables, problemas de alcoholismo, situaciones de violencia física y psicológica por parte del padre, niños expuestos a permanenentes situaciones de riesgo, escasas redes de contención y escasez de recursos cognitivos y lingüísticos de la progenitora”. Y aclaran que con fecha de 30 de octubre de 2015 habían solicitado medida de excepción.
En otra instancia, el 29 de agosto de 2017, la Subsecretaría de Niñez volvió a informar a Senaf que una persona de manera anónima denunció “sospecha de abuso sexual hacia uno de los niños bajo un relato muy convencido”. Además, el denunciante dijo que había “maltrato por omisión de ambos progenitores” y situaciones de peligrosidad que atentan contra la integridad física y psíquica de los niños. Desde esta área volvieron a solicitar una medida de excepción ante “la gravedad de la situación de vulneración de derecho de los niños”.
Al mismo tiempo, la Subsecretaría informaba que “no continuará adoptando medidas de protección fundamentando en que con fecha al 30 de octubre de 2015 se solicita a Senaf la adopción de medida de excepción en pos de la protección de los niños”.
No obstante, desde Senaf no consideraron pertinente “por el momento” la adopción de medidas excepcionales respecto a los niños del grupo familiar.
La causa judicial
La investigación por el hecho de abuso sexual quedó en manos del fiscal Javier Di Santo de segunda nominación. “Yo estoy en contacto con la Senaf. La persona que está detenida es un tío, la causa aún no llegó a Tribunales, está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, si bien no llega a ser con abuso carnal tampoco es un abuso sexual simple, es grave”, aclaró.
“Se trata de un tío que, en un momento, una de las hermanas advierte un acto de contenido sexual hacia su hermana de 12 años, y comunica a la mamá, quien luego inicia el proceso”, señala.
-Senaf estaba al tanto de que había situaciones de riesgo, ¿se puede incorporar esas pruebas?
-Yo sé que tenían abordajes e intervención sobre la familia, que está en condición vulnerable. Se pueden incorporar los informes y abordajes psicológicos que haya sobre la familia.
-¿Se podría juzgar si Senaf no actuó como debería?
-No, yo no voy a abrir juicio sobre la Senaf. Es un tema que han manejado ellos... Yo voy a hacer lo que tenga que ver con mi investigación, acreditar si el hecho ocurrió, si hubo abuso sexual gravemente ultrajante, en qué condiciones. Las fiscalías no actúan preventivamente. Yo no me hago eco de ninguna crítica, investigo un hecho concreto. Vamos a avanzar para comprobar si efectivamente el hecho ocurrió. El hombre está detenido a la espera de ser indagado.
“Hay que fortalecer a las familias para que cumplan su función”
La delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Claudia Márquez, opinó sobre las críticas efectuadas sobre el trabajo de la Senaf. En primer lugar dijo: “Mas allá de quien gobierne, quien está en estos temas se tiene que olvidar del color político, no hay que hacer denuncias genéricas, sino describir qué derechos tiene vulnerados el niño. Porque hay programas, becas... no es que el Estado no tiene elementos. Que no estén usados porque nos estamos quedando con una parte del problema y no con la complejidad, es otro tema”.
Sobre la actuación del organismo frente al caso de delito sexual de la niña, Márquez remarcó que la ley Nº 9944 habla de “trabajar con la familia en el fortalecimiento familiar” y que establece que se debe “intentar darle a este niño un ambiente sano, familiar, donde se críe, porque es lo mejor para él”. “Se tienen que analizar los potenciales psicológicos, la situación social, y ver qué hace la Uder o todo el sistema, porque también hay organismos como Proyecto Ángel que vienen trabajando en la generación de hábitos, asistencia alimentaria, habitacional. A veces esas medidas no son suficientes per se, y se tiene que tomar la medida excepcional porque después de haber intentado que esta familia proteja a sus hijos y no puede, se toma la medida excepcional. De ahí llega el niño a una familia de acogimiento, cuando las hay, o a la Ciudad de los Niños, la Residencia, la Granja Siquem y eso es temporal porque la ley dice: "Usted tiene que seguir trabajando con esta familia y llegar a una conclusión de si puede cumplir el rol de proteger a sus hijos o no. Si puede cumplirla, los niños vuelven a su entorno familiar y si no pueden, se quedan o con el entorno familiar ampliado o quedan en estado de adoptabilidad. ¿Y alguna vez se termina esta cuestión? Me parece que no, si no nos ponemos de acuerdo como sociedad en reconstruir todo esto”.
La Senaf respondió a principio de este año que el grupo familiar no podía ser abordado desde una única institución, y que el trabajo se articulaba con distintas áreas, tales como la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Desarrollo Social, delegación Río Cuarto, la escuela Leopoldo Lugones, así como con referentes barrriales para “garantizar la restitución de los derechos vulnerados”.
PUNTAL intentó comunicarse nuevamente con la titular del organismo, Estela Larrarte, para conocer qué condiciones habían llevado a tomar la decisión de no adoptar una medida excepcional antes los reiterados pedidos de la Subecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad pero no logró concretarlo. La respuesta aportada el día anterior ante las críticas efectuadas por la concejala Patricia García es que desde enero había una acompañante terapéutica visitando a la familia y asesorando a la madre en temas vinculados a la crianza, el cuidado de la higiene y la salud.
Antecedentes
Un informe con fecha 25 de julio de 2016, dirigido a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Uder Río Cuarto, con la firma de la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto, Ana Laura Medina, al que tuvo acceso PUNTAL da cuenta de que la familia tenía: “Características disfuncionales, desorganización familiar, falta de hábitos saludables, problemas de alcoholismo, situaciones de violencia física y psicológica por parte del padre, niños expuestos a permanenentes situaciones de riesgo, escasas redes de contención y escasez de recursos cognitivos y lingüísticos de la progenitora”. Y aclaran que con fecha de 30 de octubre de 2015 habían solicitado medida de excepción.
En otra instancia, el 29 de agosto de 2017, la Subsecretaría de Niñez volvió a informar a Senaf que una persona de manera anónima denunció “sospecha de abuso sexual hacia uno de los niños bajo un relato muy convencido”. Además, el denunciante dijo que había “maltrato por omisión de ambos progenitores” y situaciones de peligrosidad que atentan contra la integridad física y psíquica de los niños. Desde esta área volvieron a solicitar una medida de excepción ante “la gravedad de la situación de vulneración de derecho de los niños”.
Al mismo tiempo, la Subsecretaría informaba que “no continuará adoptando medidas de protección fundamentando en que con fecha al 30 de octubre de 2015 se solicita a Senaf la adopción de medida de excepción en pos de la protección de los niños”.
No obstante, desde Senaf no consideraron pertinente “por el momento” la adopción de medidas excepcionales respecto a los niños del grupo familiar.
La causa judicial
La investigación por el hecho de abuso sexual quedó en manos del fiscal Javier Di Santo de segunda nominación. “Yo estoy en contacto con la Senaf. La persona que está detenida es un tío, la causa aún no llegó a Tribunales, está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, si bien no llega a ser con abuso carnal tampoco es un abuso sexual simple, es grave”, aclaró.
“Se trata de un tío que, en un momento, una de las hermanas advierte un acto de contenido sexual hacia su hermana de 12 años, y comunica a la mamá, quien luego inicia el proceso”, señala.
-Senaf estaba al tanto de que había situaciones de riesgo, ¿se puede incorporar esas pruebas?
-Yo sé que tenían abordajes e intervención sobre la familia, que está en condición vulnerable. Se pueden incorporar los informes y abordajes psicológicos que haya sobre la familia.
-¿Se podría juzgar si Senaf no actuó como debería?
-No, yo no voy a abrir juicio sobre la Senaf. Es un tema que han manejado ellos... Yo voy a hacer lo que tenga que ver con mi investigación, acreditar si el hecho ocurrió, si hubo abuso sexual gravemente ultrajante, en qué condiciones. Las fiscalías no actúan preventivamente. Yo no me hago eco de ninguna crítica, investigo un hecho concreto. Vamos a avanzar para comprobar si efectivamente el hecho ocurrió. El hombre está detenido a la espera de ser indagado.
“Hay que fortalecer a las familias para que cumplan su función”
La delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Claudia Márquez, opinó sobre las críticas efectuadas sobre el trabajo de la Senaf. En primer lugar dijo: “Mas allá de quien gobierne, quien está en estos temas se tiene que olvidar del color político, no hay que hacer denuncias genéricas, sino describir qué derechos tiene vulnerados el niño. Porque hay programas, becas... no es que el Estado no tiene elementos. Que no estén usados porque nos estamos quedando con una parte del problema y no con la complejidad, es otro tema”.
Sobre la actuación del organismo frente al caso de delito sexual de la niña, Márquez remarcó que la ley Nº 9944 habla de “trabajar con la familia en el fortalecimiento familiar” y que establece que se debe “intentar darle a este niño un ambiente sano, familiar, donde se críe, porque es lo mejor para él”. “Se tienen que analizar los potenciales psicológicos, la situación social, y ver qué hace la Uder o todo el sistema, porque también hay organismos como Proyecto Ángel que vienen trabajando en la generación de hábitos, asistencia alimentaria, habitacional. A veces esas medidas no son suficientes per se, y se tiene que tomar la medida excepcional porque después de haber intentado que esta familia proteja a sus hijos y no puede, se toma la medida excepcional. De ahí llega el niño a una familia de acogimiento, cuando las hay, o a la Ciudad de los Niños, la Residencia, la Granja Siquem y eso es temporal porque la ley dice: "Usted tiene que seguir trabajando con esta familia y llegar a una conclusión de si puede cumplir el rol de proteger a sus hijos o no. Si puede cumplirla, los niños vuelven a su entorno familiar y si no pueden, se quedan o con el entorno familiar ampliado o quedan en estado de adoptabilidad. ¿Y alguna vez se termina esta cuestión? Me parece que no, si no nos ponemos de acuerdo como sociedad en reconstruir todo esto”.