Pidieron remover a Senestrari, el fiscal que imputó a Oberto
Lo hicieron los abogados que representan a uno de los imputados en el caso CBI. Lo acusan de mal desempeño y falta de objetividad en la causa
Tres abogados de la causa CBI presentaron ayer un pedido de juicio político y de remoción contra el fiscal federal Enrique Senestrari. Lo acusan de mal desempeño y de no ser objetivo en la investigación que se fue destapando a partir de 2014, cuando el vicepresidente de la financiera cordobesa, Jorge Suau, apareció muerto en circunstancias dudosas.
Los abogados son Manuel de Allende, Justo Casado y Mario Seleme, quienes presentaron un escrito para reclamar que Senestrari sea removido de su cargo; le endilgan supuestas irregularidades en la causa de CBI.
La financiera generó una serie de investigaciones relacionadas con la causa madre, que apuntó al funcionamiento de una mesa de dinero y de blanqueo de activos, entre otros supuestos delitos.
En las últimas semanas, una de las causas conexas tuvo especial repercusión en Río Cuarto porque Senestrari decidió imputar a seis dirigentes de la obra social Osecac. Uno de ellos es José Luis Oberto, secretario general de Agec Río Cuarto y director nacional de la obra social. El fiscal federal acusa a los gremialistas de administración fraudulenta porque, según su investigación, habrían generado una maniobra para pagar por prácticas médicas que nunca se habrían prestado. El monto sería de, al menos, 53 millones de pesos.
El reproche jurídico es que gran parte de los cheques emitidos por Osecac no cumplían con la técnica bancaria, que ordena que sean cruzados o no a la orden, y terminaban en CBI después de ser cobrados por empresas y fundaciones fantasma que simulaban ser intermediarios entre Osecac y los prestadores de salud.
Anteriormente, Senestrari había cobrado notoriedad nacional porque en un programa radial había pedido que el presidente Mauricio Macri cayera lo antes posible.
Ahora, las acusaciones apuntan a que el fiscal federal habría soslayado información importante para no comprometer en la causa a figuras afines a su pensamiento político. Le endilgan, por ejemplo, no haber avanzado con la cuenta que se encontró en CBI y que estaría relacionada al exintendente de Villa María, Eduardo Accastello.
En un escrito, los abogados cordobeses que piden el juicio político contra Senestrari denuncian “diversas conductas cometidas por el magistrado en la causa, las que ameritan que la Procuración general inicie un sumario disciplinario a investigue la actuación y desempeño del señor fiscal y, oportunamente, se disponga su remoción”.
El sumario disciplinario que piden los abogados de uno de los empresarios implicados en la causa CBI, Darío Ramonda, es equivalente al juicio político, un proceso que puede derivar en la destitución del cargo.
Según los abogados, el pedido que hacen es “en razón de haber constatado la comisión de conductas determinadas a imputables a Senestrari, que representan un mal desempeño y una infracción al deber de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y que han afectado grave y seriamente la objetividad que debe guardar la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal”.
Los abogados son Manuel de Allende, Justo Casado y Mario Seleme, quienes presentaron un escrito para reclamar que Senestrari sea removido de su cargo; le endilgan supuestas irregularidades en la causa de CBI.
La financiera generó una serie de investigaciones relacionadas con la causa madre, que apuntó al funcionamiento de una mesa de dinero y de blanqueo de activos, entre otros supuestos delitos.
En las últimas semanas, una de las causas conexas tuvo especial repercusión en Río Cuarto porque Senestrari decidió imputar a seis dirigentes de la obra social Osecac. Uno de ellos es José Luis Oberto, secretario general de Agec Río Cuarto y director nacional de la obra social. El fiscal federal acusa a los gremialistas de administración fraudulenta porque, según su investigación, habrían generado una maniobra para pagar por prácticas médicas que nunca se habrían prestado. El monto sería de, al menos, 53 millones de pesos.
El reproche jurídico es que gran parte de los cheques emitidos por Osecac no cumplían con la técnica bancaria, que ordena que sean cruzados o no a la orden, y terminaban en CBI después de ser cobrados por empresas y fundaciones fantasma que simulaban ser intermediarios entre Osecac y los prestadores de salud.
Anteriormente, Senestrari había cobrado notoriedad nacional porque en un programa radial había pedido que el presidente Mauricio Macri cayera lo antes posible.
Ahora, las acusaciones apuntan a que el fiscal federal habría soslayado información importante para no comprometer en la causa a figuras afines a su pensamiento político. Le endilgan, por ejemplo, no haber avanzado con la cuenta que se encontró en CBI y que estaría relacionada al exintendente de Villa María, Eduardo Accastello.
En un escrito, los abogados cordobeses que piden el juicio político contra Senestrari denuncian “diversas conductas cometidas por el magistrado en la causa, las que ameritan que la Procuración general inicie un sumario disciplinario a investigue la actuación y desempeño del señor fiscal y, oportunamente, se disponga su remoción”.
El sumario disciplinario que piden los abogados de uno de los empresarios implicados en la causa CBI, Darío Ramonda, es equivalente al juicio político, un proceso que puede derivar en la destitución del cargo.
Según los abogados, el pedido que hacen es “en razón de haber constatado la comisión de conductas determinadas a imputables a Senestrari, que representan un mal desempeño y una infracción al deber de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y que han afectado grave y seriamente la objetividad que debe guardar la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal”.