Opinión | Sergio Massa | BCRA | PJ

Quién paga el costo político

La inflación empezó a generar un efecto contagio y a complicar a las gestiones provinciales y municipales. En Córdoba, el PJ busca que el conflicto del transporte sea adjudicado al gobierno nacional

El tiempo corre más rápido para Sergio Massa. Y el acelerador es la inflación. El ministro de Economía, que heredó de su propio gobierno no una bomba sino varias, dedicó sus primeras semanas en el cargo a tratar de recomponer algunas variables de la macroeconomía. Se concentró en conseguir dólares para reforzar las reservas que al Banco Central le cabían en una billetera y dejó para el año próximo el diseño de una estrategia específica para los precios.

Sin embargo, la realidad le estableció un límite. Y la política también.

El modelo de Massa apuesta a que el ordenamiento de la macroeconomía derive en un comportamiento menos desbocado de la inflación. Pero los plazos de esa concepción no son inmediatos mientras que la pérdida de poder adquisitivo se intensifica minuto a minuto. Además, llega fin de año, una época siempre crítica en materia social y económica.

De ahí que el ministro haya recibido mensajes coincidentes de sus socios, más que nada del kirchnerismo, para actuar con más decisión sobre los precios. La principal preocupación son los alimentos, que siguen corriendo por encima del índice general. El problema del oficialismo es que no coincide en la estrategia ni en el discurso. En los últimos días, circuló el rumor de que Economía se aprestaba a lanzar un conjunto de acciones cuya medida más notoria sería, una vez más, el congelamiento de precios y salarios. Sería por 4 meses. Para tener un respiro.

Esa versión, que fue fogoneada por el kirchnerismo, se desactivó desde el massismo. El propio ministro y sus colaboradores cercanos desestimaron el congelamiento como una política efectiva. En el gobierno tironean la ortodoxia y la heterodoxia. Otra vez.

En el Frente de Todos, después de la tregua endeble que provocó el susto de la salida de Martín Guzmán, ha vuelto a prevalecer la interna, la disputa por las preeminencias. Alberto, que no se resigna a darse por vencido, manifestó una tardía intención de independencia cuando se cortó solo para designar a las tres flamantes ministras de Desarrollo Social, Trabajo, Mujeres, Género y Diversidad.

La reinstalación de la interna no parece ser un episodio propicio para calmar el frente económico.

La inflación de septiembre se contrajo con respecto a los niveles de julio y agosto, pero se situó todavía encima del 6 por ciento y se encamina a una cifra anual de tres dígitos. En ese rango, la pérdida del poder de compra de los salarios, como admitió la nueva ministra Kelly Olmos, está garantizada.

Mientras tanto, el país se adentra en un año electoral. Claudio Loser, que fue director del FMI para el Hemisferio Occidental, indicó que si el Gobierno ensaya una atenuación del ajuste para incrementar sus chances en las elecciones, el panorama puede ser explosivo. Es decir, está encerrado entre la espada de la pérdida de votos por efecto de una recesión combinada con inflación y la pared de una detonación.

Hay una derivación adicional de la crisis que empieza a manifestarse. Los efectos ya no se encuentran encapsulados en el gobierno nacional. Comienzan a afectar a las demás administraciones, aunque no estén alineadas con el kirchnerismo e, incluso, a aquellas que se jactan de estar abiertamente enfrentadas con él.

Un ejemplo concreto y cercano es el transporte. La inflación y la configuración del sistema han provocado una crisis principalmente en el interior del país. En los últimos días, en Córdoba coexistieron dos conflictos que afectaron a los dos municipios principales que gobierna el schiarettismo: Córdoba y Río Cuarto.

La capital, en manos de Martín Llaryora, atravesó dos días de paro decretado por UTA porque las empresas no pagaron el aumento acordado. Río Cuarto, a la vez, estuvo tres días sin servicio por un episodio similar:la Sat depositó los salarios, pero sin la suba del 22% que se fijó en paritarias.

El costo político de una ciudad sin transporte urbano siempre alcanza al responsable directo del servicio: en este caso a los municipios. Río Cuarto lo resolvió aportando 9 millones de pesos más por mes, que implica una suba del 243 por ciento en el desembolso. De ese piso, reconocen por lo bajo en el Palacio, no se vuelve.

En el gobierno de Juan Manuel Llamosas admiten que el paro y la desprolijidad de la resolución le generaron un costo político. Pero señalan que pagaron el menor precio posible, teniendo en cuenta el conflicto que tenían entre manos. Destacan que finalmente la empresa firmó el contrato y que el nuevo servicio estará en marcha. Pero, sobre todo, que la solución quedó circunscripta al ámbito político y no derivó en una consecuencia económica para los usuarios. Llamosas está convencido de que, si la presión de la Sat se traducía en un aumento del boleto, el daño habría sido considerablemente mayor.

De todos modos, queda un interrogante:¿cuánto más podrá seguir sosteniéndose un servicio que se asienta principalmente en subsidios cada vez más onerosos?¿Cuál es, además, el límite económico de la Municipalidad?

Para la dirigencia, el costo financiero es menos urgente que el político. Primero está la adjudicación de responsabilidades.

Hacemos por Córdoba inició un movimiento en sintonía cuando el problema se instaló en las dos capitales: intentó reconvertir el conflicto y transformarlo en una oportunidad de transferencia. Tanto Llaryora como Carlos Gutiérrez, jefe del schiarettismo en Diputados, salieron a recalcar que si el transporte sufre una crisis en el interior y si los municipios están cada vez más acorralados por las exigencias crecientes, no es por su actuación sino como derivación de un sistema inequitativo y centralista que deja el 80% de los subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires mientras condena a todo el interior a pelearse por las migajas. El schiarettismo advierte que el año próximo será aún peor porque si los aportes nacionales siguieran la dinámica inflacionaria deberían llegar a los 100 mil millones para las provincias, mientras que en el presupuesto sólo están contemplados 66 mil millones.

Hacemos por Córdoba reinstala así el eje de la discriminación. La respuesta política del kirchnerismo, que en este caso estuvo a cargo del riocuartense Marcos Farina, secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, es que las administraciones provinciales, entre ellas la de Schiaretti, le firmaron a Mauricio Macri un pacto fiscal en el que aceptaron hacerse cargo de los subsidios al transporte.

El pacto existe -fue aprobado por ley 27.469- pero el gobierno provincial le quita relevancia, no tanto como compromiso asumido sino como hecho político. Como el debate se produce en Córdoba, el schiarettismo descuenta que la palabra del kirchnerismo carece de credibilidad y, por lo tanto, que la versión que se impondrá será la que contradiga al gobierno nacional.

En política, no importa tanto la verdad como la verosimilitud.