Tal como lo había hecho dos semanas atrás, al anunciar la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio hasta después de Semana Santa, el gobierno nacional ha vuelto a ratificar la dura estrategia que desplegó desde un principio frente a la pandemia de Covid-19 que asuela el planeta entero. La prolongación del confinamiento y la consiguiente parálisis de la vida económica y social aparece como atinada a la luz de los resultados obtenidos en términos de demorar la diseminación de la enfermedad, al menos desde la perspectiva oficial, pero las dudas en torno de otros aspectos de la administración de la crisis parecen haberse mantenido e incluso profundizado en este tercer tramo que, como puede ya descontarse, no será el último ni mucho menos.
En este período han ocurrido al menos dos graves episodios, de muy diferente naturaleza, que han abierto interrogantes sobre una gestión que hasta poco tiempo atrás aparecía, si no como impecable, al menos libre de fallas garrafales o catastróficas: la bochornosa jornada en que los bancos reabrieron sus puertas para atender a jubilados y beneficiarios de planes sociales, que dio la impresión a muchos -incluido al propio Presidente de la Nación- de que todo el esfuerzo previo podría caer en saco roto y la compra de artículos de primera necesidad con groseros sobreprecios, una operación que sólo puede explicarse con dos alternativas igualmente preocupantes: inescrupulosa corrupción o impresentable ineptitud.
Si a ello se suman otras deficiencias menos notorias, como las dificultades para acceder a algunos de los paliativos concedidos a comercios y empresas que el aislamiento dejó sin chances de realizar actividad alguna, da la impresión de que a las comprensibles dificultades propias de gestionar una situación sin antecedentes se añaden otras evitables, de cosecha propia del Gobierno. Que aunque por ahora no han llegado a revertir la buena imagen que supo ganarse con su firme pero sereno ejercicio de la autoridad el presidente Alberto Fernández -y que, como se ha señalado en esta página, lo deja en posición muy ventajosa en comparación con sus dos antecesores inmediatos en el cargo o con otros líderes regionales y mundiales- puede llegara hacerlo en el futuro.
Esa eventualidad, más allá de su hipotético efecto sobre el destino político personal de Fernández, pondría obstáculos en el mantenimiento del consenso social indispensable para que resulte exitosa una estrategia que no puede asegurarse exclusivamente con vigilancia y represión. Si ya hay fisuras en la determinación ciudadana de respetar las normas oficiales y seguir sus recomendaciones -porque en toda sociedad existen individuos de tendencias anárquicas o poco proclives a reconocer los derechos y las necesidades de los otros, o la prevalencia del bien común por sobre los deseos o la conveniencia propia-, está claro que la tendencia a la transgresión aumentará si crece la desconfianza en quien dicta las reglas.
En cualquier caso, habrá que ver hasta qué punto la relativa flexibilización que puede surgir a partir de la posibilidad de consensuarla con algunas provincias o municipios puede contribuir a reforzar el delicado equilibrio entre la necesidad de controlar la expansión de la enfermedad y la de mantener viva una economía cada vez más dañada, así como la producción, el consumo y el empleo. Pero lo primero debería ser extremar recaudos para que no se repitan “errores” que siempre serían pasibles de reproches, pero en una hora como la actual resultan decididamente intolerables.