La aplicación de los derechos de exportación y el incremento de los costos, las causas
“A pesar de un aumento del 86 % en el precio FOB de la soja desde año 2002 (año que pusieron las retenciones), el productor en la actualidad tiene margen negativo”, comienza explicando en su último informe el productor agropecuario de Canals y exsecretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet.
En un trabajo que desarma la ecuación productiva de la oleaginosa, explica que eso fue posible especialmente por la aplicación de los derechos de exportación, pero no fue el único argumento ya que si bien las retenciones por hectárea aumentaron un 106 %, los costos directos (insumos, labores y seguros) se incrementaron un 176 %, los costos indirectos (cosecha, flete y comercialización), subieron un 139%, y los alquileres aumentaron un 180%.
El informe establece una comparación entre el año 2002 y 2025 del margen bruto de un productor que siembra soja en campo alquilado, a 300 kilómetros del puerto y con una producción de 35 quintales por hectárea en ambos casos.
Allí se observa que el valor FOB pasó de 198 a 368 dólares por tonelada lo que arroja un ingreso bruto de US$ 693 y US$ 1.288 respectivamente, siempre con el mismo rinde de 35 quintales.
En ese mismo lapso, las retenciones pasaron de 162 dólares por hectárea a llevarse 334 dólares.
Entonces, ante la pregunta de cómo la ecuación puede dar negativa con un incremento del 86% en el valor FOB de la soja, Roulet dice que “la repuesta es simple: pérdida de competitividad por el aumento de la “presión impositiva y de los costos productivos”.
Cómo fue el proceso
El trabajo de Roulet recuerda que en el año 2002, a pesar de tener bajos precios de los granos a nivel internacional, por la buena relación cambiaria después de la devaluación del 2001, el sector agropecuario fue uno de los más competitivos.
“Esta competitividad se vio parcialmente dañada al imponerse nuevamente las retenciones a los granos, por parte del entonces presidente Eduardo Duhalde, previa promesa de eliminarlas en pocos meses, cosa que no sucedió hasta la actualidad. Mediante el decreto 310/02 de febrero del 2002 se fijó en un principio un derecho de exportación para la soja del 13,5%, que a partir de abril se lo subió al 23,5%. Desde ese momento la presión impositiva al sector se fue incrementado en forma constante, llegando al 33% en marzo del 2020 y bajando al 26 % en forma temporal en la actualidad.
“A pesar del aumento internacional de los granos, la competitividad de la soja fue decayendo desde el 2002 hasta la actualidad por el aumento de la presión impositiva y de los costos productivos. En un país cada vez más cerrado, con intervenciones en los mercados, con proveedores de insumos concentrados, industrias de maquinarias protegidas, con infraestructuras productivas destruidas (rutas, caminos rurales, acceso a puertos, etc), hicieron que tanto los costos directos, como los indirectos aumentaran en forma desproporcional”, indicó Roulet.
