Policiales | torres | lavado | Río Cuarto

El Narcolavado llega a juicio: será a partir del 12 de octubre en Córdoba

Se realizará en el Tribunal Oral Federal 2 de la capital provincial. Hay 15 imputados, como cabecillas, encargados de logística y lavado de activos. La acusación sostiene que eran una banda dedicada al tráfico de estupefacientes

Finalmente, la causa del Narcolavado se debatirá en juicio oral a partir del 12 de octubre próximo, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la ciudad de Córdoba.

La voluminosa causa, que explotó con el asesinato del narcotraficante Claudio Torres en enero de 2019, tiene un total de 15 imputados, con diferentes grados de participación. El fiscal Carlos Gonella sostiene en la acusación que todos ellos conformaban una banda dedicada a la venta de drogas, con conexiones en Buenos Aires, Puerto Madryn y Chile, entre otros. Algunos están sindicados como cabecillas, mientras que otros se ocupaban de la lógistica o de “blanquear” el dinero obtenido ilícitamente. Entre ellos, además, llega al baquillo Gustavo Oyarzábal, exjefe de Investigaciones de la Departamental de Policía de Río Cuarto.

El 16 de enero de 2019 una ráfaga de disparos hirió gavemente a Torres, en una emboscada que le tendieron frente a su misma casa, y le quitó la vida después de pasar aquella noche en el Hospital San Antonio de Padua. Un impacto en la pierna fue letal para el hombre de 43 años, que ya por entonces llevaba cinco años bajo la mira de la Justicia Federal por sus actividades ilegales.

Se estima que, por su gran complejidad, el juicio se desarrollará en varias semanas.

Ese crimen, todavía no esclarecido por la Justicia provincial, precipitó la investigación del juez Carlos Ochoa, que rápidamente ordenó decenas de allanamientos en simultáneo y en lo sucesivo, con el secuestro de 60 automóviles y otros elementos de importante valor.

Según la acusación, la banda delictiva conseguía financiamiento para la compra de drogas a gran escala, a la vez que se ocupaba del transporte, acopio, distribución, comercialización y lavado del dinero resultante de la operatoria ilegal. No sólo actuaban dentro del país, sino también en el exterior.

La investigación apunta que los riocuartenses compraban marihuana y cocaína en grandes cantidades en la provincia de Buenos Aires (Nordelta, José C. Paz, Tortuguitas, Pilar, Avellaneda), en la ciudad santafesina de Rosario en la provincia de Misiones, Clorinda (Formosa) y Jujuy.

Fuera del país, se aprovisionaban de estupefacientes en Bolivia y Paraguay.

Río Cuarto era su centro de operaciones y donde acopiaban la marihuana y la cocaína que luego comercializaban a nivel local, pero también en Puerto Madryn, en la provincia de San Luis, Buenos Aires y en Chile.

Los acusados

Con Torres fallecido y fuera de la acusación, la Justicia sostiene que los cabecillas de la organización criminal eran los hermanos Mariano y Andrés Rivarola, Gabriel Bossi y Cristian Fabián Ortiz. Todos ellos llegan a juicio con prisión preventiva.

Se los acusa de ser coautores de los delitos de organización y financiamiento del narcotráfico, en concurso real con lavado de activos, agravado por habitualidad.

Por su parte, Cristian Berti, Jorge Etcharren y Franco Maximiliano Soffli (hijo de Claudio Torres) están imputados como partícipes primarios del lavado de dinero.

En tanto que Samuel Mansilla, María Luján López de Bravo, Mariano Nicolás Peirano, Rodrigo Marcial Benítez y Luz Montoya serán juzgados como supuestos partícipes de narcotráfico.

El exjefe de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de Policía Gustavo Oyarzábal llega al banquillo con la misma acusación, aunque agravada porque era responsable de prevenir esos delitos.

También están imputados Tatiana Gallo (pareja de Bossi), considerada partícipe necesaria de lavado, y Mario César Batisttini, partícipe primario; ambos, con calificaciones agravadas.

“El debate va a clarificar la participación de cada quien”

El fiscal Carlos Gonella, que pidió la elevación a juicio de la causa del Narcolavado, indicó que la instancia de debate público será muy importante para clarificar la participación o no de cada acusado en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

“Es una causa voluminosa, con varios años de investigación y numerosas personas acusadas. De acuerdo con la hipótesis investigativa, estas personas adquirían marihuana y cocaína de distintos proveedores nacionales y también de Bolivia y Paraguay. De acuerdo con la acusación, las sustancias eran transportadas hacia Río Cuarto, en automóviles o camiones, y luego eran almacenadas en varios domicilios en la ciudad. Y desde allí se redistribuía a cambio de importantes sumas de dinero, por intermedio de personas ubicadas también dentro de la cadena de tráfico”, resume Gonella.

Esos intermediarios operaban en la ciudad de Río Cuarto, en Puerto Madryn, en Buenos Aires y en Chile.

“También hay una acusación por lavado de dinero, dado que se pudo corroborar que la ganancia obtenida por medio de esta actividad se utilizaba para comprar bienes. Fundamentalmente, vehículos, departamentos, cocheras y se realizaban transferencias de dinero, entre otras cosas”, agregó.

¿Cambió alguna de las calificaciones legales de las imputaciones?

No. Después de que se presentó la acusación, hubo varios planteos de los abogados defensores, incluso para pedir el sobreseimiento de alguno de los imputados. Pero el Juzgado Federal las rechazó a todas y elevó la causa a juicio. De manera tal que lo que figura en el requerimiento es lo que se va a ventilar en el juicio.

¿Hay diferentes responsabilidades o roles dentro de la organización?

Sí. Hay un grupo, como el que integran Rivarola, Bossi, Ortiz y el fallecido Claudio Torres, que están acusados de obtener, transportar, almacenar, distribuir y luego comercializar estas sustancias. Hay otras personas que están acusadas en grado de complicidad. Y un hecho de transporte de estupefacientes que se atribuye a algunas de estas personas y, finalmente, lavado de activos con varios acusados. Tenemos diferentes roles. En una organización criminal que se dedica a este tipo de actividades, tenemos siempre los cabecillas, que son los que organizan y dan directivas, pero también hay otros que cumplen un papel logístico, que son cómplices pero que carecen del nivel de decisión directiva. Estos roles no son novedosos dentro de una organización narcocriminal. Y el momento oportuno para clarificar estos roles es el juicio oral, que tiene la particularidad de que todo se discute de manera verbal. Y allí estarán los testigos, personal de la fuerza de seguridad que hizo el trabajo de campo, los que hicieron las escuchas telefónicas y también las personas acusadas, que tienen la posibilidad de declarar.