Pero el arbitrario manejo de los fondos se agravó. El gobierno de Javier Milei decidió directamente cortar los subsidios a las empresas de transporte del interior, mientras que a las del Amba las sigue favoreciendo con más fondos, lo que les permite mantener el valor del boleto a $270 mientras en el resto del país el valor promedio alcanza ya los $800 y varias ciudades dispusieron nuevos aumentos desde hoy para intentar sostener el sistema en funcionamiento. En julio, algunas localidades tenían pasajes a más de 1.400 pesos.
Vale recordar que la intención primaria del gobierno nacional fue eliminar de cuajo los subsidios, tanto energéticos como de transporte. Pero sólo cumplió con una parte de esa idea, y fue para el interior del país. Por eso aquel reclamo por el reparto 85% a 15%, ahora pasó a ser de 100% a 0%.
Muchos intendentes de ciudades del interior comenzaron a trabajar en conjunto para intentar que el Gobierno revea su posición, pero hasta acá no lo lograron. Más bien, todo lo contrario, porque a medida que aumentan los boletos en el interior y en el Amba se mantienen sin cambios, la brecha crece.
En Córdoba, en particular, hubo expectativas de que este desigual escenario pueda revertirse a partir del desembarco en el área de Transporte nacional de un exfuncionario provincial: Franco Mogetta, que como responsable del área en Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti se manifestó en reiteradas oportunidades en contra de la concentración de los recursos y sus consecuencias. Pero hasta aquí, los desequilibrios se profundizaron.
El resultado es que los cordobeses, como los habitantes de las otras provincias, deban afrontar valores varias veces superiores a los $270 de los colectivos porteños. Pero a su vez, eso quita pasajeros al sistema y finalmente se terminan afectando los ingresos reales de las empresas, lo que deriva por último en una descapitalización y un deterioro del servicio.
En Córdoba hubo expectativas de que este desigual escenario pueda revertirse con el desembarco en el área de Transporte nacional de un exfuncionario provincial: Franco Mogetta
Pero en las últimas horas hubo un dato más que alertó sobre las desigualdades existentes. La empresa SAT de Río Cuarto emitió ayer un comunicado en el que detalló que a partir de este sábado dejará de recibir la tarjetaSube en los colectivos por una deuda que viene reclamando a la Nación desde mayo y que acumula ya 65 millones de pesos.
Es que desde el año pasado, algunas localidades, como el caso de Río Cuarto, Villa María y Unquillo en la provincia, decidieron avanzar en la implementación de la tarjeta Sube, algo que la Nación buscó para poder tener un mejor control del transporte y los fondos que enviaba. Ahora hay Sube, pero no llegan fondos. Sin embargo, ahí no termina la paradoja porque la Sube cuenta con una serie de beneficios para determinados sectores de la población que al subir al colectivo pagan el 45% del boleto y el restante 55% lo afronta la Nación como un beneficio directo al pasajero. Esa fue el otro objetivo del programa: inyectar dinero directo a los usuarios y no ya a las empresas. Sin embargo, ese pago está atrasado desde mayo y por eso la SAT anunció que ya no esperará más y decidió no recibir más esa tarjeta para viajar hasta tanto no se cancele la deuda. Los pasajeros tendrán que utilizar exclusivamente la SATBus desde el sábado si antes no llegan los recursos.
En total, la empresa calcula que la mitad de sus pasajeros usan SUBE, lo que habla de un impacto fuerte para el sistema y también explica la acumulación de la deuda.
La Sube cuenta con una serie de beneficios para determinados sectores de la población que al subir al colectivo pagan el 45% del boleto y el restante 55% lo afronta la Nación. Eso es lo que no giró a la SAT.
Para los que tienen Sube asociada a algún programa social la medida de corte le implicará además un aumento en el costo del boleto porque deberán afrontar ahora el 100% del valor hasta tanto se restablezca la prestación.
