Margarita Lucero, presidenta de la vecinal Las Delicias, frecuenta el palacio de Justicia todas las semanas en busca de soluciones, pero ayer se encadenó a una de las rejas que separan el edificio de la explanada que da a la calle Balcarce.
“Es para ver si alguien me escucha, porque no estoy pidiendo nada de otro mundo; necesito una internación involuntaria para mi hijo, que está completamente agresivo. Pese a que los psiquiatras dicen que no es un peligro para él ni para otros, le reventó un vaso de vidrio en la cara a mi otro hijo. Ya tengo un botón antipánico hace tres meses, pero él no lo respeta en ningún momento; y entra a la hora que quiere a mi casa. La abogada me dijo que yo tenía que estar encerrada bajo llave, pero yo tengo mi vida; no puedo estar encerrada las 24 horas. No es vida”, manifestó la mujer.
En el mismo sentido, aseguró que su hijo tampoco puede estar detenido porque problemas psiquiátricos, “pero tampoco puedo yo vivir un calvario de lunes a lunes”.
“Mi hijo empezó con el problema en el 2018, pero ahora que se ha agravado; hace 10 meses. Tengo más de 40 denuncias hechas por violencia familiar”.
Lucero precisó que hace algún tiempo logró una perimetral para su hijo, por una una denuncia de violencia familiar, aunque dice que con él eso no es suficiente.
“El botón antipánico no me sirve, porque él entra como quiere a mi casa. Si yo tuviera que apretar el botón antipánico cada vez que él hace algo, lo debería hacer como mínimo 20 veces por día. Pero tampoco puedo estar molestando a la policía cada vez que él vuelve, a las 6.30 o 7 de la mañana”, agregó la madre del dolor.
“Ya hicimos de todo”
Una situación parecida llevó a Gilda Gómez a sumarse al grupo y a manifestar su pedido de ayuda a las autoridades ayer, frente a los Tribunales locales.
“Tengo un hijo de 32 años con graves problemas de adicción y ya hicimos de todo, estamos en estado de vulnerabilidad. Tenemos un botón antipánico, pero no podemos vivir las 24 horas con un móvil policial frente a casa. Acá en Tribunales, te dicen que está en estado de vulnerabilidad”, señaló.
Pero, inmediatamente, aclaró que para ellos es un verdadero calvario. “Hay noches en que no dormimos, porque nos patea las puertas, nos rompe las cosas, nos saca las cosas para vender. Ya es imposible. Estamos pidiendo un cambio en la ley de salud mental, que impide las internaciones involuntarias. Porque vas con un protocolo de acá, de la asesoría letrada, y cuando vas al Hospital no te lo quieren recibir”.
En el mismo sentido, agregó: “A mi hijo, lo llevan al Hospital y se escapa a las dos horas, vuelve a mi casa otra vez y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo pueden llevar a Córdoba? En cada barrio hay un narco, dos, tres o cuatro; en todos lados. Yo no quiero un hijo muerto por las drogas. Yo no lo quiero a mi hijo muerto. Yo lo quiero a mi hijo vivo”.
¿Por qué tenemos que tratar a nuestros hijos en Córdoba?, cuestionó Sasso.
Por su parte, María Sasso, una de las impulsoras del grupo de Mamás del Dolor Río Cuarto, lanzó otro crudo panorama de situación sobre el impacto del consumo problemático de drogas.
“Las personas que tienen problemas de adicción, que sus familias ya no pueden más, y están todos en la dulce espera. Nosotros consideramos que no tiene que ser así; tienen que ponerse a trabajar, y rápido, porque no se puede vivir de la forma en que ellos están viviendo. Este es el reclamo que nosotros traemos a Tribunales: que hagan un cambio en el criterio de los jueces para que finalmente se pueda obligar a una persona a someterse a un tratamiento, aunque no tenga voluntad. Sea mayor o sea menor”, apuntó.