A cinco días de celebradas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la conformación del escenario más temido en las especulaciones previas de los analistas políticos prolonga una indefinición que, si fuera posible circunscribir estrictamente a los resultados concretos conocidos, ya debería haber quedado conjurada. La determinación de Donald Trump de actuar en consonancia con la impronta dada a su gestión, signada por el atropello y la arbitrariedad, no sólo asegura una transición tensa y conflictiva hasta el inicio del nuevo mandato en enero próximo, sino que multiplica los obstáculos para cualquier intento de morigerar las profundas divisiones existentes en la sociedad norteamericana, como el que con prudencia y mesura ha comenzado a ensayar el presidente electo Joe Biden.
Desde luego, Trump ha sido bastante transparente en torno de su posición respecto de todo el proceso electoral del que fue protagonista. Específicamente, ha atacado incansablemente la posibilidad de emitir el sufragio por correo, que en su país ha constituido por décadas una práctica no sólo contemplada por las leyes, sino alentada muchas veces de manera explícita para evitar congestionamientos en el día de la votación. Una razón que obviamente adquiere mayor validez en medio de una crisis sanitaria global que tiene a los Estados Unidos como uno de sus escenarios más críticos.
Pero, en términos más generales, ha comunicado abiertamente y con toda claridad -como en rigor también lo había hecho a lo largo de la campaña que cuatro años atrás lo llevó a la Casa Blanca- que no aceptaría el resultado si era derrotado, porque tal eventualidad sólo era concebible como producto de un fraude. De modo que no hay posibilidad de sorprenderse con el comportamiento actual de Trump, y hasta podría decirse que no tiene demasiado sentido pedirle pruebas sobre una denuncia basada en un preconcepto, en una decisión previa, la única satisfactoria para un ego inflamado a un nivel inverosímil, y no en algún elemento objetivo.
En principio, da la impresión de que el judicial es para el Presidente un camino que no lo debería llevar a ningún lado, pero no deja de resultar inquietante que la Corte Suprema tenga una mayoría conservadora, de inclinaciones hacia el Partido Republicano, de seis jueces sobre nueve, la mitad de ellos designados por el propio Trump. Se supone que más allá de sus simpatías un magistrado debería frente a un caso como este privilegiar la protección de la integridad del sistema electoral, que es vital para la integridad del sistema democrático. Pero desde la controvertida decisión de interrumpir el escrutinio de Florida en 2000, que le regaló a George W. Bush una presidencia que de haber resuelto de otra manera habría sido para Al Gore, la posibilidad de un voto partidista en el máximo tribunal norteamericano está sobre la mesa.
En línea con un estilo que tiende a exacerbar los conflictos en lugar de desactivarlos o al menos atenuarlos, el comportamiento de Trump frente a una realidad que no se presenta como a él le habría gustado suele ser infantil y caprichosa, sin que ello parezca restar entusiasmo a sus adherentes ni perjudicar el liderazgo que le reconoce su partido. Eso, y no la contabilización de los votos que faltan, es lo que diseña un panorama cargado de incertidumbre, que no excluye la perspectiva de actos de violencia luego de un año en que los ha habido en abundancia, por otros motivos a los que el todavía Presidente tampoco es ajeno.
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