Junto a su pedido a provincias y municipios de que reduzcan o eliminen el aporte que realizan a engrosar las facturas con tributos de legitimidad cuestionable, Mauricio Macri se dirigió a los argentinos con palabras simples y difíciles de rebatir: "Los subsidios no son gratis. Es la mentira que más daño nos hizo. La energía no es gratis. Cuesta. Cuesta producirla, cuesta transportarla, cuesta que llegue a las fábricas. Es mentira que los subsidios no los paga nadie. Los pagamos todos con más inflación", explicó.
Al enfatizar que en Montevideo y en Santiago de Chile los ciudadanos pagan tarifas mucho más caras que en Buenos Aires con temperaturas similares, Macri puso de relevancia que en ambas ciudades el consumo energético por hogar es muchísimo menor. La idea es que la manera de lograr que los servicios pesen menos en el presupuesto familiar pasa por la reducción del consumo, respecto de lo cual anticipó una campaña con instrucciones y pistas sobre cómo puede realizarse ese ahorro que convendría a la vez a los usuarios y a un país que hoy debe importar energía.
La gran objeción que merece esta línea discursiva es que recién ahora, cuando su política tarifaria está perjudicando su imagen y hasta comprometiendo sus chances electorales para el año que viene, el Gobierno parece empezar a darle la relevancia que merecía desde el primer día. Por el contrario, al grueso error de intentar imponer la primera tanda de aumentos sin convocar a las audiencias públicas exigidas por la ley, sumó una tendencia a minimizar el impacto sobre las finanzas familiares, así como a subestimar la gravedad del problema en su conjunto.
Si los ciudadanos hubieran sido advertidos con claridad sobre la necesidad de ahorrar energía, informados con precisión sobre cómo afectaría sus bolsillos no hacerlo, habrían tenido la oportunidad que se les negó de tomar recaudos antes de recibir las facturas en algunos casos impagables que hoy los afligen, con lo cual tanto sus derechos como los intereses del país habrían sido mejor atendidos. Hoy, hasta la excusa perfectamente válida de que la principal causa de los padecimientos actuales es la herencia de una administración previa que promovió irresponsablemente el despilfarro de energía suena desgastada y poco convincente, y el tiempo perdido supone para el Gobierno y para los ciudadanos un gravoso costo adicional.
