A una semana del anuncio de la intervención de la empresa Vicentin, el lógico dominio de la agenda pública que viene ejerciendo la pandemia de Covid-19 se ve matizado con un intenso debate sobre el significado de una medida que ha resultado una de las más disruptivas entre las adoptadas por el Gobierno asumido seis meses atrás, por encima quizá de la suspensión de la movilidad jubilatoria. La cuestión de si se ha adoptado una disposición excepcional para atender una situación que también lo es, o si se ha trazado una línea capaz de marcar el rumbo de toda una gestión, no parece fácil de discernir frente a los indicios de que ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de llevarla adelante están seguros de la respuesta.
Acaso la señal más elocuente al respecto la acaba de brindar la admisión, por parte del ministro de Agricultura Luis Basterra, de que se enteró de la decisión de expropiar la empresa al mismo tiempo que casi todos los argentinos, en el momento del anuncio oficial, al que no había sido invitado. Su aclaración de que sí había participado de conversaciones previas en las que se trató la delicada situación de Vicentin, pero sin que en el menú de posibles lineas de acción se barajara la que en definitiva se siguió, acentúa la impresión de que ésta no es el resultado de un plan serio que haya incluido una cuidadosa valoración de costos y beneficios.
En rigor, así quedó instalado luego de la sucesión de equívocos en torno de la reunión del jueves entre las autoridades nacionales y las de la firma, luego de la cual pareció que la expropiación iba a ser descartada y se iba a marchar hacia una salida concertada menos traumática. Sólo para que en cuestión de horas se volviera a la propuesta inicial, duramente cuestionada en términos de legalidad hasta desde dentro de la alianza gobernante, aunque no siempre de manera explícita.
Pero las diferencias internas no se manifiestan sólo en lo legal e institucional. Pocos días antes de anunciar la expropiación, el presidente Alberto Fernández había definido la idea de que durante su gobierno el Estado pretendiera “quedarse con las empresas” como “una locura”. Luego el discurso oficial insiste en que lo de Vicentin responde exclusivamente a ese caso en particular, por la necesidad de salvar a la firma y a los miles de puestos de trabajo involucrados, pero al mismo tiempo se reconoce la pretensión de utilizarla como un instrumento de política económica para regular los mercados granario y cambiario. El primer mandatario se enoja cuando debe salir a desmentir que la expropiación sea una imposición de su vicepresidenta, pero no puede negar que las versiones en ese sentido son alimentadas por las incoherencias y ambigüedades que se advierten en las decisiones del Gobierno y en las expresiones de quienes lo integran, incluido desde luego él mismo.
No se trata aquí de salir en defensa de una empresa que según todo lo indica tiene muchas explicaciones por dar, no sólo en torno de cómo se produjo la debacle financiera en la que se encuentra desde antes de la irrupción de la pandemia, sino frente a las sospechas de relaciones espurias con el gobierno anterior y también de operaciones offshore de cuestionable legalidad. Pero no hace falta ingresar en la discusión de raíz ideológica sobre el papel del Estado en la economía para advertir sobre la posibilidad cierta de que la presente arremetida esté signada por la improvisación, motorizada por voluntades facciosas y alejada de la auténtica defensa del interés público.