No sólo en la provincia de Santa Fe comenzaron ya a preparar marchas en rechazo a la expropiación de la empresa Vicentin por parte del gobierno nacional, sino que la iniciativa rompió las fronteras de la vecina provincia y ya hay asociaciones de productores que organizan tractorazos y bocinazos también en Córdoba y Buenos Aires, replicando lo que comenzó en Avellaneda, la localidad de origen de la empresa que cumplió 90 años allí.
Sin ir más lejos, la Asociación de Productores de Marcos Juárez, uno de los distritos más potentes de Córdoba desde el plano productivo, se declaró en alerta y movilización y pidió a sus organizaciones superiores -Cartez y CRA- que organicen medidas de fuerza antes de la discusión del tema en el Congreso. Directamente, la Asociación hizo punta con un documento en el que destaca que “ante una sucesión ininterrumpida de eventos de una política que avanza nuevamente sobre el interior productivo, solicitamos a Cartez y CRA medidas de fuerza”.
Y agregaron: “Desde APR Marcos Juárez vemos con gran preocupación el avance del Poder Ejecutivo sobre la propiedad privada, avance que se inserta en el marco de numerosos ataques contra el sector agroindustrial, entre los que se encuentra el intento de expropiación de la empresa Vicentín”, indicaron.
No será la única entidad de base que planea movilizarse el sábado. En Cartez hay registros también sobre otras localidades que tendrán su expresión pública en contra de la decisión del Gobierno, pero fundamentalmente con el objetivo de “marcarles la cancha” a los diputados por Córdoba para que no den quórum el día en que se debata la ley de expropiación.
El proyecto ingresaría por el Senado, donde el oficialismo tiene amplia mayoría y no tendría demasiadas dificultades para avanzar, y bajaría a Diputados, donde Sergio Massa y Máximo Kirchner buscan sumar asientos ocupados para arrancar la sesión. A la bancada oficialista le faltan 11 legisladores más para alcanzar el quórum, y de allí la relevancia de los representantes del peronismo cordobés, dos de los cuales son riocuartenses: Claudia Márquez y Carlos Gutiérrez, a los que se suman la esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, y Paulo Cassinerio.
Los productores de Marcos Juárez no dudaron en trazar un paralelismo con la 125: “La sucesión de medidas políticas negativas para la producción agropecuaria nos hace sentir como parte de un botín que se intenta confiscar, tal cual sucedió en 2008”.
Capítulo deuda
Y agregaron: “Como si fuera poco nos enteramos a través de los medios de que se quiere ofrecer a los acreedores de la deuda externa un bono ligado al aumento de las exportaciones agropecuarias, estando las alícuotas de retenciones en niveles intolerables, lo que implicaría que las mismas quedarían inamovibles por muchos años independientemente de los precios internacionales de los productos del agro, condiciones climáticas, etc. Con el consiguiente perjuicio para los productores y para toda la economía del interior del país”, remarcaron.
Además de Marcos Juárez, se preparan caravanas en Oncativo, Río Tercero, Oliva y Bell Ville, entre otros. “Es evidente que este combo de medidas representa un certificado de defunción para miles de productores, muchos de ellos a los que representamos quienes nos están reclamando medidas de fuerza para impedir un nuevo avance desde el poder central hacia el interior productivo”, finalizó la Asociación de Marcos Juárez.
“Estamos a tiempo de evitar conflictos”
“Continuos incrementos de la presión impositiva, restricciones crediticias para productores agropecuarios aún a tasas que en cualquier país serio aparecerían como usurarias, circulares del Banco Central que encarecen o limitan el acceso a insumos importados básicos para la producción, reiterados ataques a silobolsas o incendios intencionales de lotes de cultivos próximos a recolectar –no debidamente condenados desde el oficialismo– y un nuevo acto de avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, materializado en la decisión de intervenir la firma Vicentin SAIC, lo que envía una pésima señal respecto de la seguridad jurídica de la propiedad privada, entre una larga lista de permanentes malas noticias para el campo, comienzan a generar el caldo de cultivo de una reacción que inmediatamente trae a la memoria imágenes de un pasado cercano que generó una división social, aún no cicatrizada, de gravísimas consecuencias económicas para el país”, alertó el vicepresidente de CRA, Gabriel De Raedemaeker, al analizar la discusión sobre Vicentin y la reacción de las bases ruralistas.
Y alertó que “el clima de permanentes provocaciones ya es una constante y no puede disimular el objetivo torpemente expuesto en tiempos de campaña presidencial: intención de una reforma agraria, estatización de la comercialización de granos, reedición de la Junta Nacional de Granos, globos de ensayo que no parecen haber sido lanzados al azar”.
Y además, De Raedemaeker señaló: “El Presidente de la Nación aparenta tener todavía en sus manos la llave para evitar un conflicto cuyas consecuencias nos llevarían a un escenario de violencia y enfrentamientos que, quienes apostamos por la Argentina ofreciendo y poniendo a su disposición todos los días nuestro trabajo y esfuerzo, sólo queremos evitar”.