Crecieron en más del 90 por ciento los casos de violencia familiar y de género

La cantidad de denuncias ha aumentado sostenidamente en los últimos años y desde la Justicia se promueve una atención prioritaria para una respuesta más rápida y de calidad y así evitar resultados más gravosos.

“Se ha registrado un notorio incremento de denuncias por violencia que obedecen a la situación económica y social, pero también a que hay mayor conciencia de esta problemática”, se informó.

En Río Cuarto, también han aumentando los casos de violencia de género.

Consultada sobre el particular, la Justicia sostuvo que “desde la creación del Tribunal de Gestión Asociada (TGA), en la sede Capital, las audiencias celebradas en causas de violencia familiar y de género, en modalidad doméstica, se incrementaron en más del 90%”.

La nueva modalidad “impulsó un cambio integral en la estructura organizacional de todas las dependencias del fuero”, a tal punto que “se crearon oficinas especializadas en distintas tareas, administrativas y jurisdiccionales”.

“Si bien la cantidad de denuncias aumenta sostenidamente en los últimos años, la nueva organización funcional, que implicó una forma de trabajo integrado y colaborativo, permite alcanzar un proceso eficiente y cercano a la ciudadanía”, se fundamentó.

Mientras tanto, a diez años del primer #NiUnaMenos, se registraron 2.590 femicidios y hoy se comete uno cada 33 horas.

En Córdoba, se registraron 189 femicidios en 10 años, el 78% por fuera de la capital.

“El ajuste brutal del Gobierno desmantela las pocas herramientas que conquistamos y la eliminación de programas de asistencia y la falta de presupuesto nos expone aún más”, dijo el movimiento Mumalá en un informe.

“La nueva organización funcional promueve una atención prioritaria y especializada en el trámite y seguimiento de aquellas causas que pueden desencadenar resultados más gravosos, por presentar algunos de los indicadores de gravedad incluidos en el anexo del formulario de denuncias de violencia familiar”, se manifestó.

Éstos son “la tenencia de armas de fuego; el embarazo de la víctima; y la pertenencia del denunciado a las fuerzas de seguridad”, los que “representaron un 22% del total de los ingresos”.