“El objetivo es tener una herramienta para trabajar de forma interna. Si bien ya lo venimos haciendo a través de la sensibilización y de la capacitación por medio de la Ley Micaela y el Programa Municipal de Igualdad de Derechos, fue justamente en ese marco que surgió la necesidad de contar con un protocolo de actuación ante situaciones internas en el Estado municipal. Necesitamos tener una herramienta, más allá de las cuestiones administrativas, que no apunte a lo punitivo, sino a trabajar y reflexionar para que las personas que cometen situaciones que rozan la violencia puedan tener las sanciones y seguir los procedimientos indicados. Hoy no contamos con ese tipo de herramientas para el proceso de intervención. Más allá de favorecer la sensibilización y la capacitación, el protocolo es un instrumento para que, en el caso de que se produzca un hecho, podamos aplicar una sanción y, si es necesario, pedir el apartamiento de la persona que agrede. En definitiva, el protocolo nos facilitará el proceso de intervención”, explicó Medina.
El flagelo de la violencia de género viene en franco crecimiento en todos los ámbitos. El Municipio no es la excepción.
“Si hoy se da una situación de violencia, sin un instrumento como el protocolo, tenemos que esperar una serie de pasos administrativos que llevan su tiempo. Lo que nosotros buscamos es una efectividad inmediata. Es decir que, ante una situación, inmediatamente se tomen las medidas necesarias de protección con relación a la víctima. Actualmente, en el Estatuto del Empleado Público, la normativa vigente, ni si quiera aparecen las situaciones de violencia por razón de género porque el escrito data de la década del 90. Está totalmente desactualizado. Con el protocolo, vamos a trabajar durante las primeras 48 horas desde la denuncia del hecho para que a las 72 horas se tome una medida contundente”, agregó la funcionaria.
Vale aclarar que en el caso de la víctima la que intervendrá será la Subsecretaría de las Mujeres, mientras que en el caso del victimario hará lo propio la Secretaría de Género.
“Esto no quita que cuando suceda una situación de violencia la misma sea denunciada ante la Unidad Judicial para que intervenga el Poder Judicial. El protocolo es lo que nosotros hacemos como Estado dentro de la administración pública”, precisó Medina.
Conductas alcanzadas
El protocolo abarca todas aquellas conductas, acciones u omisiones basadas en una relación desigual de poder, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecten la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, moral, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las mujeres cisgénero, transgénero y personas LGBTIQ+, y en definitiva, todas aquellas que impliquen situaciones de violencia por razón de género.
Las denuncias serán receptadas por la Secretaría de Género y por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
Por último, se invitará a las fundaciones y a los entes descentralizados del Municipio a que adhieran al protocolo en cuestión.
