En un momento en que la pandemia de Covid-19 domina ampliamente la agenda pública, lo que forzosamente posterga el tratamiento de cuestiones menos condicionadas por la coyuntura pero igualmente trascendentes para el país, el gobierno nacional ha hallado, no obstante, un resquicio para el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Géneros, probablemente la más ambiciosa de las iniciativas de su tipo que se presentan desde la relativamente reciente elevación al primer plano de esta problemática históricamente soslayada. La información oficial, según la cual se trata de un documento de 200 páginas que contiene 27 medidas y 144 acciones, e involucra a 46 organismos nacionales en más de 100 compromisos de diferente tipo, da una idea acerca de lo complejo y abarcativo de una propuesta que apuesta al tan mentado “cambio de paradigma” que nunca ha logrado materializarse en este rubro.
No es que no se haya hecho nada para intentarlo. Las masivas movilizaciones en torno de reivindicaciones de carácter general o bien de reclamos específicos y puntuales forman parte del paisaje cotidiano desde hace años y han convertido a la violencia de género en una de las problemáticas más visibilizadas, a punto tal de obligar inclusive a los sectores políticos más renuentes a asumirla a incorporarla en sus discursos. Y la toma de conciencia verificada en la sociedad ha sido acompañada por la sanción de leyes, la creación de organismos y la proliferación de iniciativas nacionales, provinciales y municipales diseñadas para combatir el flagelo.
Sin embargo, nada de esto ha resultado suficiente. Las denuncias al respecto en rigor han aumentado y, si bien esto no necesariamente refleja un incremento de los hechos, sino la progresiva ruptura de los tradicionales “pactos de silencio” respecto de lo que sucede dentro del ámbito familiar o la existencia de más espacios a donde pueden acudir las víctimas, también da cuenta de la resistencia al cambio de una cultura patriarcal que a veces se expresa incluso dentro de sectores supuestamente progresistas. Y la expresión más extrema de esa violencia, el femicidio, sigue presente en las estadísticas con la misma frecuencia, de algo menos de un caso por día en promedio.
Frente a ello, el plan lanzado el viernes propone un abordaje integral que contempla desde la promoción de acceso al empleo y la vivienda para que las víctimas de violencia puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo hasta medidas concentradas en agresores para “trabajar las masculinidades”, con la idea de impulsar un cambio cultural que aunque parece bastante extendido en la sociedad en general sigue sin tocar muchas conciencias individuales. También destaca el carácter “federal” del programa, que pretende llegar a todo el territorio, y el hecho de que involucró la participación de unas 3.400 personas que acercaron ideas y propuestas.
“Vamos a salir del default, de la pandemia y del patriarcado”, afirmó el presidente Alberto Fernández durante la presentación del plan y no cabe la menor duda de que el último de los compromisos es, con mucho, el de más difícil concreción, el que demandará mayores esfuerzos y el que tomará un plazo más largo. Habrá que ver si la iniciativa está la altura del enorme desafío que implica concretar los cambios estructurales necesarios, si no para erradicar, al menos para reducir radicalmente la violencia por motivos de género, un flagelo ancestral que ya ha demostrado sobradamente su capacidad de resistir la voluntad de combatirlo.