Un preocupante y gratuito abuso de la violencia verbal

Luego de una serie de escaramuzas de intensidad relativamente baja, la controversia generada en torno de la falta de funcionamiento del Congreso en el marco de la pandemia de Covid-19 ha ingresado en una fuerte escalada a partir del dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en el que recomienda a la Corte Suprema de la Nación desestimar un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que se pronuncie por la validez de las sesiones legislativas remotas o virtuales. La infortunada expresión de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, de que el máximo tribunal debe “decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones, porque la vamos a escribir igual" derivó en una denuncia por “incitación a la violencia” formulada por legisladores de la oposición, y en una confrontación innecesaria en un momento en que lo que menos necesita el país es que se enturbie el panorama político.

Como ya se ha señalado aquí, la mayoría de los constitucionalistas ha señalado que la modalidad de las sesiones es potestad de cada Cámara y que no hace falta autorización judicial para introducir modificaciones reglamentarias que admitan variantes no contempladas hasta ahora; sin embargo, si el temor de que una sesión remota vaya a ser cuestionada judicialmente persiste, diputados y senadores podrían deliberar de manera presencial. Bastaría que tomaran las precauciones del caso, por ejemplo, en espacios más amplios que permitan guardar la distancia social entre los presentes.

Pero en cualquier caso, más allá de la posición que se asuma sobre la presentación en sí (en esta misma página puede leerse una opinión jurídica al respecto), es evidente que las palabras de Peñafort no pueden dejar de leerse como un intento de presionar a los ministros de la Corte, o directamente como una amenaza. Incluso si se interpreta la mención a la “sangre” de manera metafórica, está claro que se está advirtiendo a los jueces que si no fallan de acuerdo con los deseos de quien realizó la presentación las pretensiones de ésta se van a concretar les guste o no, por la fuerza y sin atender a las “razones” legales o jurídicas.

Le corresponda o no la calificación como un acto de “incitación a la violencia”, la agresiva interpelación de Peñafort es inaceptable en una alta funcionaria del Senado, tanto más cuando se desempeña en un área como la de asuntos jurídicos, en la cual supuestamente el margen para caer en los excesos y desvaríos propios de la retórica política es menor que en otras. Pero por si esto no fuera lo suficientemente grave, las expresiones formuladas a través de una red social fueron replicadas y avaladas por la presidenta del cuerpo y vicepresidenta de la Nación, cuyos pronunciamientos públicos cobran especial importancia no sólo por la dimensión de su figura sino por lo escaso y limitado de sus intervenciones en la vida pública.

Como también se ha señalado aquí, la parálisis legislativa, que supone una delegación de facultades en el Ejecutivo más pronunciada que lo estrictamente necesario por la emergencia, es injustificable. Pero si lo que busca es que el Congreso funcione -y en rigor, hasta ahora no ha transmitido la impresión de estar buscándolo con demasiado ahínco-, Cristina Kirchner dispone de otras alternativas para activar la cámara que preside, diferentes de entrar en una colisión gratuita y evitable con la cabeza del Poder Judicial.