Violencia urbana y niñez vulnerada

Uno de los hechos graves de violencia ocurrió en barrio Müller y reavivó el debate sobre la intervención del Estado en contextos de extrema vulnerabilidad social. Tres adolescentes de 15 años fueron detenidos tras arrojar una botella con combustible al auto de un efectivo policial que se encontraba de guardia en la Comisaría 32. El episodio, que derivó en quemaduras de primer grado en la mano del oficial, dejó al descubierto no solo la escalada de agresiones contra las fuerzas de seguridad, sino también la persistente ausencia de políticas públicas eficaces para abordar las infancias en riesgo.

Según informó el comisario Ismael Jabour, director general de la Dirección de Proximidad de Córdoba Capital, el ataque fue captado por los domos policiales. “Se acercan sin mediar palabra y le arrojan una bomba molotov al vehículo del personal policial. A los pocos minutos, fueron detenidos. Viven a tres o cuatro cuadras. Lo preocupante es que ya tienen frondosos antecedentes delictivos con tan corta edad”, expresó el comisario a Puntal. Jabour también confirmó que dos de los menores ya habrían sido liberados y entregados a sus familias.

La situación se da en un marco de tensión creciente entre sectores que reclaman respuestas punitivas inmediatas frente al delito, y quienes insisten en un enfoque más garantista y social, que priorice la contención, la inclusión y el acompañamiento de jóvenes vulnerados desde edades tempranas.

Entre estos últimos se encuentra el cura Mariano Oberlin, referente social de barrio Müller, quien desde hace más de 15 años trabaja con jóvenes atravesados por el consumo, la violencia y la exclusión. “Esto no pasa de golpe. Viene empeorando lentamente, pero en el último tiempo se cerraron muchos merenderos y espacios de contención. La situación de los chicos se agravó mucho”, dijo Oberlin en diálogo con Puntal.

El sacerdote relató con crudeza una de las escenas más desgarradoras que vivió recientemente: “Me escribió una nena, no debe tener más de 13 años, pidiéndome ayuda para su papá, que está perdido en la droga. Lo común era que vinieran padres a pedir por sus hijos. Ahora son los chicos los que piden ayuda para los grandes. Eso te dice todo del contexto”.

Casi en simultáneo, en barrio Ciudad de Mis Sueños, otro episodio desató una escalada de violencia. Tras un operativo que culminó con la detención de un joven de 22 años y la recuperación de una motocicleta robada, más de 20 vecinos atacaron la comisaría del sector. Arrojaron piedras, botellas y otros objetos contundentes contra la dependencia y móviles policiales. Un agente sufrió una herida cortante en el rostro y debió ser hospitalizado. En respuesta, la Policía realizó 315 disparos con armas no letales y 181 con cartuchos AT para dispersar a los agresores.

Los hechos se dan en un contexto alarmante: sólo en los primeros cinco meses del año, Córdoba registró 610 agresiones contra personal policial, entre ellos 16 atropellos a efectivos de la Policía Caminera durante controles vehiculares.

Así y todo, voces como la del sacerdote Mariano Oberlin, quien coordina un programa de acompañamiento para adolescentes en conflicto con la ley, en conjunto con SENAF y otras instituciones, resuena con fuerza. “Hay chicos que están logrando salir adelante, sí, pero cada vez hay más a quienes no llegamos. Cerraron espacios, los docentes no pueden solos, la escuela perdió su rol de referencia. Necesitamos otra estructura, otro presupuesto, más articulación entre Estado y comunidad”.

Crecen las presiones para endurecer el tratamiento penal de los menores que delinquen. Pero organizaciones sociales insisten en que no es la solución

Mientras tanto, crecen las presiones para endurecer el tratamiento penal de los menores que delinquen. Pero organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en que la solución no es más castigo, sino más Estado. Los casos de Müller y Ciudad de Mis Sueños exponen con crudeza una realidad compleja. La violencia no es solo un problema de seguridad. Es, también, un síntoma de una profunda fractura social. Y si la única respuesta es la punitiva, los más chicos, los más vulnerables, seguirán cayendo por la misma grieta.

Estos episodios parecen ser, más bien, una postal de lo que ocurre cuando el Estado llega tarde, o directamente no llega, a las infancias más frágiles. Las sirenas, las estadísticas y los partes oficiales cuentan una parte de la historia. La otra, la que se escucha en las casas, en las parroquias, en las calles polvorientas de los barrios más vulnerables, sigue esperando respuestas. Y no de las que caben en una celda.