En medio de las crisis económicas prolongadas como la que atraviesa la Argentina, las relaciones laborales se tensan. Crecen los recortes horarios, los adelantos de vacaciones, las suspensiones y finalmente los despidos.
Río Cuarto |
En ese marco, el Foro de Derecho del Trabajo organizó para este miércoles y jueves las jornadas de capacitación para abordar estas problemáticas, pero haciendo foco en el despido. Y para eso contará con la presencia de Mario Ackerman, abogado laboralista, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UBA y padrino de la entidad.
“Los abogados o los académicos que nos dedicamos al Derecho del Trabajo tenemos una visión de lo que pasa en el mundo del trabajo que es idéntica a la de todo el mundo. Acá hay problemas con el trabajo, problemas de desempleo importantes y lo que es más grave es que se incrementó la precariedad en el empleo, es decir el empleo de mala calidad. Y creo que este es el núcleo de las dificultades que tenemos”, enfatizó Ackerman en diálogo con este diario.
-¿Cómo es eso?
-Se trabaja en peores condiciones y cada vez hay más empleo en negro, por un cúmulo de razones. En particular en la pequeña y mediana empresa que debe recurrir al empleo en negro o al pago de salarios en negro como mecanismo de defensa. Porque muchas veces tienen que competir con grandes grupos económicos que cuentan con condiciones de compra, venta y de crédito mejores que ellas, especialmente en el interior. Entonces ahí hay un problema y es que se compite poniendo en juego las condiciones de trabajo, que justamente van a contrapelo de los grandes objetivos de la OIT que remarca que las malas condiciones de trabajo no sean los argumentos de la competencia. Pero además, en este momento hay menos actividad. Si tenemos inflación y los salarios no acompañan a la inflación, naturalmente cae el consumo.
-¿Ante ese panorama las empresas se desprenden rápidamente de trabajadores?
-Cuando hablamos con las empresas nos dicen que no quieren despedir trabajadores porque les costó mucho capacitarlos y además porque tienen una relación personal con ellos de muchos años en algunos casos. Pero por otro lado tampoco les pueden aumentar tanto los sueldos porque no tienen ventas. Y no hay ventas porque los demás trabajadores tampoco tienen plata para consumir. Y el primer consumidor en el sistema capitalista es el trabajador. Entonces si el salario real cae, cae el consumo y las complicaciones siguen, es una bola sin fin. La respuesta a esto no la puede dar el Derecho del Trabajo y eso hay que entenderlo, porque no es su responsabilidad. La respuesta a la crisis la tiene que dar el Estado, y si quiere promover el consumo lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. O sea, que contratar trabajadores no sea caro por la carga fiscal, por las cargas sociales, sino por otra razón. El empleador se debe sentir tentado a contratar y eso no pasa hoy. Las empresas no contratan porque es cada vez más caro y los trabajores a su vez tienen un salario que les rinde menos aunque se lo aumenten porque la inflación corre más rápido. Y al que logra tener un ingreso un poco más alto le cobran impuesto a las Ganancias que es otro disparate.
-Los dos lados del mostrador con problemas...
-Está claro que el Estado es responsable de eso porque es quien define las políticas públicas. Ni siquiera mira para favorecer a las empresas, la verdad es que a veces no sé para dónde mira. No adopta las medidas que pueden alentar la producción y el consumo. Me acuerdo cuando De la Sota llegó a gobernador en Córdoba y lo hizo prometiendo bajar el 30% de los impuestos provinciales, ganó y lo hizo. Que no es poco cuando uno mira a un Presidente que prometió muchas cosas y ojalá que en el segundo semestre cumpla con alguna. ¿Se acuerda cuando prometió que los trabajadores no iban a pagar más impuesto a las Ganancias? Bueno, si lo hubiera hecho hoy los trabajadores tendrían más dinero para consumir. Lo que hay que entender es que la economía no crece subiendo impuestos, es al revés; ni tampoco crece precarizando el empleo porque un trabajador precarizado no sólo no consume sino que tampoco puede tomar un crédito. ¿Quién le va a dar un crédito a un trabajador en negro o a uno que tiene un salario bajo porque otra parte la cobra en negro? Si uno suma todo esto, lo que advierte es que el problema está en un solo lugar y es en las políticas públicas.
-Pero la informalidad laboral, más allá de que debe estar ahora favorecida por la crisis, muestra niveles elevados desde hace años, con buenos y malos momentos económicos...
-Viene siendo más o menos la misma desde hace tiempo y está en torno al 40%. A veces sube al 42%, otras baja al 38%. Pero le recuerdo que la única vez que bajó el empleo en negro fue en la primera época de Menem cuando hizo la ley de empleo y habilitó un blanqueo laboral acompañado de una legislación que castigaba duramente a quienes tenía trabajadores en negro. Y es la ley que está vigente todavía. Ahí bajó, pero el error de esa norma fue que no castigaba al que después de haber blanqueado trabajadores “negreara” de nuevo. Y entonces a los dos años teníamos la tasa otra vez en el 35%.
-¿Esa receta, mejorada, podría servir?
-Creo que sería conveniente un blanqueo. Como blanquearon los capitales en su momento y las consecuencias se ven en que el dólar blue ahora está más bajo que el oficial porque no hay tanta plata negra. ¿Por qué no hacen lo mismo con el empleo y les dan la posibilidad a los empleadores de regularizar la situación con un pequeño costo? Y después se castiga duramente al que vuelva a tener trabajo en negro. Por supuesto que sin modificar uno de los instrumentos fundamentales de la ley de empleo actual que son las multas a favor de los trabajadores. Este Gobierno tenía un proyecto impresentable, para decirlo de forma elegante, de reforma laboral que consistía en premiar el trabajo en negro bajo la apariencia de regularizarlo. Y entre las cosas que proponía estaba la eliminación de las multas a favor de los trabajadores. Esa mala praxis del Gobierno terminó como terminó, y además perdió la oportunidad. Pero insisto en que una medida interesante podría ser un blanqueo honesto para promover la regularización y acompañándolo con un durísimo castigo para los empleadores que vuelvan a caer en lo mismo.
-¿Y los controles?
-Ahí se suma otra cosa porque a todo esto hay que controlarlo. Hay una función importantísima en cualquier gobierno que es tener en el Ministerio de Trabajo personal capacitado, bien remunerado y con estabilidad. Las autoridades y el control de Trabajo son claves porque cumplen una función preventiva. Cuando llegamos los abogados a Tribunales estamos llegando siempre tarde, vamos a la autopsia. Lo que necesitamos son médicos que hagan prevención. Pero si tiene un Ministerio de Trabajo absolutamente politizado, que depende del Ministerio de Economía y que a nivel nacional no existe porque tenemos una Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Producción, bueno ahí empezamos a encontrar la raíz de otro tipo de problema.
-¿La baja de rango del Ministerio de Trabajo a Secretaría fue una muestra más del rumbo?
-Es la segunda vez que se produce en la historia. La anterior fue con Onganía. Porque el Ministerio de Trabajo viene creciendo de jerarquía desde 1907 cuando nació como departamento, después fue Secretaría, más tarde Ministerio y finalmente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y llega este Gobierno y con el pretexto de racionalización mantiene el Ministerio de Transporte pero elimina el de Trabajo. Esta degradación, ideológicamente, dice muchas cosas. De hecho, ¿quién es el secretario de Trabajo hoy? Yo me acuerdo que estaba Triaca de ministro pero después no sé quién quedó como secretario. Es espantoso esto porque siempre supe quién era el ministro del área. Incluso con Onganía sabía que el secretario era San Sebastián. Si me pregunta ahora voy a tener que buscar por internet, no lo conozco. Esto es una señal de alguna importancia. Hay un organismo de control absolutamente debilitado.
-¿Y entonces?
-Y entonces nos queda la otra respuesta que es la que no deberíamos tener que es la respuesta de los Tribunales. Cuando uno no encuentra una respuesta en la prevención, opera sobre las consecuencias. Es la última posibilidad. Y con la situación que tenemos en Argentina, la última esperanza que nos queda es el Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial independiente, de alta calidad y con coraje.
-A simple vista no se lo observa con esas virtudes...
-Esto es como todo. En algunos casos sí y en otros no. No se puede generalizar porque además hay particularidades en cada fuero. Tal vez donde menos se note sea a nivel nacional, en la Justicia Penal donde es imposible que a alguien vinculado con la política se lo condene alguna vez. O se da la otra opción de que se los condena 24 años después como ocurrió con Menem y Cavallo. En el fuero laboral hay de todo. Hay jueces con coraje, jueces sin coraje, que saben, que no saben. Tal vez sí estemos ante una heterogeneidad mayor a la deseable. Lo deseable sería que todos fuesen confiables, como ocurrió en alguna época. Pero esto viene también de un proceso de erosión. Los años de los Kirchner erosionaron las instituciones y en eso uno no puede mirar para otro lado tampoco. Ese es mi principal reproche de esos años, la erosión de las instituciones y la degradación del Poder Judicial, que recién ahora en algunos ámbitos y provincias se está corrigiendo. Pero para lograr esa homogeneidad deseada falta un buen rato.
-¿Qué valoración hace a esta altura de la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo?
-La reforma bajó la litigiosidad, de mala manera y considerando que las comisiones médicas son una porquería y violan la lógica de la institucionalidad. Es más, creo que son inconstitucionales. En Córdoba se dio con una calidad mejor a la de otras provincias; Córdoba fue un poco más cuidadosa. De todos modos no limpia el vicio de inconstitucionalidad. Pero voy a volver sobre lo mismo, el alto nivel de litigiosidad está relacionado al nivel de empleo en negro. No es que hay una industria del juicio, eso no existe. Los que existen son malos empleadores que generan la litigiosidad. Y son malos porque a veces son malos y otras veces por necesidad. Mientras haya incumplimientos habrá litigios. Si alguna vez a todos se les ocurriera cumplir estamos muertos los abogados; vamos a tener que ir a buscar trabajo a otro lado. Puede haber algún abogado que invente un juicio, pero eso es marginal. Eso lo sabemos los abogados, las empresas y los jueces. Pero aún en ese caso está la función del juez que debe castigar al abogado. Y para eso están las instituciones. En la Argentina todo gira en torno al mismo problema: la degradación de las instituciones de la República. Mientras esto siga así, se siga llamando a los amigos, a los compañeros de colegio, para hacer las cosas y no a los mejores, vamos a continuar de esta manera.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
“Los abogados o los académicos que nos dedicamos al Derecho del Trabajo tenemos una visión de lo que pasa en el mundo del trabajo que es idéntica a la de todo el mundo. Acá hay problemas con el trabajo, problemas de desempleo importantes y lo que es más grave es que se incrementó la precariedad en el empleo, es decir el empleo de mala calidad. Y creo que este es el núcleo de las dificultades que tenemos”, enfatizó Ackerman en diálogo con este diario.
-¿Cómo es eso?
-Se trabaja en peores condiciones y cada vez hay más empleo en negro, por un cúmulo de razones. En particular en la pequeña y mediana empresa que debe recurrir al empleo en negro o al pago de salarios en negro como mecanismo de defensa. Porque muchas veces tienen que competir con grandes grupos económicos que cuentan con condiciones de compra, venta y de crédito mejores que ellas, especialmente en el interior. Entonces ahí hay un problema y es que se compite poniendo en juego las condiciones de trabajo, que justamente van a contrapelo de los grandes objetivos de la OIT que remarca que las malas condiciones de trabajo no sean los argumentos de la competencia. Pero además, en este momento hay menos actividad. Si tenemos inflación y los salarios no acompañan a la inflación, naturalmente cae el consumo.
-¿Ante ese panorama las empresas se desprenden rápidamente de trabajadores?
-Cuando hablamos con las empresas nos dicen que no quieren despedir trabajadores porque les costó mucho capacitarlos y además porque tienen una relación personal con ellos de muchos años en algunos casos. Pero por otro lado tampoco les pueden aumentar tanto los sueldos porque no tienen ventas. Y no hay ventas porque los demás trabajadores tampoco tienen plata para consumir. Y el primer consumidor en el sistema capitalista es el trabajador. Entonces si el salario real cae, cae el consumo y las complicaciones siguen, es una bola sin fin. La respuesta a esto no la puede dar el Derecho del Trabajo y eso hay que entenderlo, porque no es su responsabilidad. La respuesta a la crisis la tiene que dar el Estado, y si quiere promover el consumo lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. O sea, que contratar trabajadores no sea caro por la carga fiscal, por las cargas sociales, sino por otra razón. El empleador se debe sentir tentado a contratar y eso no pasa hoy. Las empresas no contratan porque es cada vez más caro y los trabajores a su vez tienen un salario que les rinde menos aunque se lo aumenten porque la inflación corre más rápido. Y al que logra tener un ingreso un poco más alto le cobran impuesto a las Ganancias que es otro disparate.
-Los dos lados del mostrador con problemas...
-Está claro que el Estado es responsable de eso porque es quien define las políticas públicas. Ni siquiera mira para favorecer a las empresas, la verdad es que a veces no sé para dónde mira. No adopta las medidas que pueden alentar la producción y el consumo. Me acuerdo cuando De la Sota llegó a gobernador en Córdoba y lo hizo prometiendo bajar el 30% de los impuestos provinciales, ganó y lo hizo. Que no es poco cuando uno mira a un Presidente que prometió muchas cosas y ojalá que en el segundo semestre cumpla con alguna. ¿Se acuerda cuando prometió que los trabajadores no iban a pagar más impuesto a las Ganancias? Bueno, si lo hubiera hecho hoy los trabajadores tendrían más dinero para consumir. Lo que hay que entender es que la economía no crece subiendo impuestos, es al revés; ni tampoco crece precarizando el empleo porque un trabajador precarizado no sólo no consume sino que tampoco puede tomar un crédito. ¿Quién le va a dar un crédito a un trabajador en negro o a uno que tiene un salario bajo porque otra parte la cobra en negro? Si uno suma todo esto, lo que advierte es que el problema está en un solo lugar y es en las políticas públicas.
-Pero la informalidad laboral, más allá de que debe estar ahora favorecida por la crisis, muestra niveles elevados desde hace años, con buenos y malos momentos económicos...
-Viene siendo más o menos la misma desde hace tiempo y está en torno al 40%. A veces sube al 42%, otras baja al 38%. Pero le recuerdo que la única vez que bajó el empleo en negro fue en la primera época de Menem cuando hizo la ley de empleo y habilitó un blanqueo laboral acompañado de una legislación que castigaba duramente a quienes tenía trabajadores en negro. Y es la ley que está vigente todavía. Ahí bajó, pero el error de esa norma fue que no castigaba al que después de haber blanqueado trabajadores “negreara” de nuevo. Y entonces a los dos años teníamos la tasa otra vez en el 35%.
-¿Esa receta, mejorada, podría servir?
-Creo que sería conveniente un blanqueo. Como blanquearon los capitales en su momento y las consecuencias se ven en que el dólar blue ahora está más bajo que el oficial porque no hay tanta plata negra. ¿Por qué no hacen lo mismo con el empleo y les dan la posibilidad a los empleadores de regularizar la situación con un pequeño costo? Y después se castiga duramente al que vuelva a tener trabajo en negro. Por supuesto que sin modificar uno de los instrumentos fundamentales de la ley de empleo actual que son las multas a favor de los trabajadores. Este Gobierno tenía un proyecto impresentable, para decirlo de forma elegante, de reforma laboral que consistía en premiar el trabajo en negro bajo la apariencia de regularizarlo. Y entre las cosas que proponía estaba la eliminación de las multas a favor de los trabajadores. Esa mala praxis del Gobierno terminó como terminó, y además perdió la oportunidad. Pero insisto en que una medida interesante podría ser un blanqueo honesto para promover la regularización y acompañándolo con un durísimo castigo para los empleadores que vuelvan a caer en lo mismo.
-¿Y los controles?
-Ahí se suma otra cosa porque a todo esto hay que controlarlo. Hay una función importantísima en cualquier gobierno que es tener en el Ministerio de Trabajo personal capacitado, bien remunerado y con estabilidad. Las autoridades y el control de Trabajo son claves porque cumplen una función preventiva. Cuando llegamos los abogados a Tribunales estamos llegando siempre tarde, vamos a la autopsia. Lo que necesitamos son médicos que hagan prevención. Pero si tiene un Ministerio de Trabajo absolutamente politizado, que depende del Ministerio de Economía y que a nivel nacional no existe porque tenemos una Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Producción, bueno ahí empezamos a encontrar la raíz de otro tipo de problema.
-¿La baja de rango del Ministerio de Trabajo a Secretaría fue una muestra más del rumbo?
-Es la segunda vez que se produce en la historia. La anterior fue con Onganía. Porque el Ministerio de Trabajo viene creciendo de jerarquía desde 1907 cuando nació como departamento, después fue Secretaría, más tarde Ministerio y finalmente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y llega este Gobierno y con el pretexto de racionalización mantiene el Ministerio de Transporte pero elimina el de Trabajo. Esta degradación, ideológicamente, dice muchas cosas. De hecho, ¿quién es el secretario de Trabajo hoy? Yo me acuerdo que estaba Triaca de ministro pero después no sé quién quedó como secretario. Es espantoso esto porque siempre supe quién era el ministro del área. Incluso con Onganía sabía que el secretario era San Sebastián. Si me pregunta ahora voy a tener que buscar por internet, no lo conozco. Esto es una señal de alguna importancia. Hay un organismo de control absolutamente debilitado.
-¿Y entonces?
-Y entonces nos queda la otra respuesta que es la que no deberíamos tener que es la respuesta de los Tribunales. Cuando uno no encuentra una respuesta en la prevención, opera sobre las consecuencias. Es la última posibilidad. Y con la situación que tenemos en Argentina, la última esperanza que nos queda es el Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial independiente, de alta calidad y con coraje.
-A simple vista no se lo observa con esas virtudes...
-Esto es como todo. En algunos casos sí y en otros no. No se puede generalizar porque además hay particularidades en cada fuero. Tal vez donde menos se note sea a nivel nacional, en la Justicia Penal donde es imposible que a alguien vinculado con la política se lo condene alguna vez. O se da la otra opción de que se los condena 24 años después como ocurrió con Menem y Cavallo. En el fuero laboral hay de todo. Hay jueces con coraje, jueces sin coraje, que saben, que no saben. Tal vez sí estemos ante una heterogeneidad mayor a la deseable. Lo deseable sería que todos fuesen confiables, como ocurrió en alguna época. Pero esto viene también de un proceso de erosión. Los años de los Kirchner erosionaron las instituciones y en eso uno no puede mirar para otro lado tampoco. Ese es mi principal reproche de esos años, la erosión de las instituciones y la degradación del Poder Judicial, que recién ahora en algunos ámbitos y provincias se está corrigiendo. Pero para lograr esa homogeneidad deseada falta un buen rato.
-¿Qué valoración hace a esta altura de la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo?
-La reforma bajó la litigiosidad, de mala manera y considerando que las comisiones médicas son una porquería y violan la lógica de la institucionalidad. Es más, creo que son inconstitucionales. En Córdoba se dio con una calidad mejor a la de otras provincias; Córdoba fue un poco más cuidadosa. De todos modos no limpia el vicio de inconstitucionalidad. Pero voy a volver sobre lo mismo, el alto nivel de litigiosidad está relacionado al nivel de empleo en negro. No es que hay una industria del juicio, eso no existe. Los que existen son malos empleadores que generan la litigiosidad. Y son malos porque a veces son malos y otras veces por necesidad. Mientras haya incumplimientos habrá litigios. Si alguna vez a todos se les ocurriera cumplir estamos muertos los abogados; vamos a tener que ir a buscar trabajo a otro lado. Puede haber algún abogado que invente un juicio, pero eso es marginal. Eso lo sabemos los abogados, las empresas y los jueces. Pero aún en ese caso está la función del juez que debe castigar al abogado. Y para eso están las instituciones. En la Argentina todo gira en torno al mismo problema: la degradación de las instituciones de la República. Mientras esto siga así, se siga llamando a los amigos, a los compañeros de colegio, para hacer las cosas y no a los mejores, vamos a continuar de esta manera.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal
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