El camarista cordobés Daniel Brain, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, se mostró optimista con los cambios pero advirtió de que requerirán un apoyo de infraestructura y medios para lograr los objetivos de acelerar tiempos y acortar los plazos de resolución de las causas.
Brain, que va a participar hoy de una charla organizada por el Foro del Derecho del Trabajo a partir de las 18.30 en el salón de Agec, remarcó que “entre las reformas que envió el Ejecutivo está la del Código Procesal de Trabajo y básicamente incorpora los jueces de Trabajo que van a actuar en aquellas causas que no requieren mayor complejidad y van a resolver en primera instancia esa situación y luego van a ir por vía de apelación a la Cámara del Trabajo aquellos planteos contra esa resolución”, dijo el magistrado.
“Actualmente en Córdoba, Río Cuarto, San Francisco y Villa María funciona un juez de Conciliación, que tramita prueba escrita, y la Cámara del Trabajo; pero la que resuelve es esta última y no los jueces de Conciliación. La Cámara resuelve todas las cuestiones salvo los juicios especiales, como desalojo, ejecutivos, o casos de acción de reestablecimiento que sí los resuelve Conciliación que actúa como juez de sentencia y la Cámara como segunda instancia”, explicó Brain.
Eso le va a quitar presión a las cámaras...
Sí, pero en realidad no. Las cámaras van a actuar como tribunal de apelaciones pero van a tener que intervenir de manera colegiada, y hasta ahora sólo llegan las apelaciones de cuestiones menores. Hay todo un sistema complejo porque a mi modo de ver va a coexistir un sistema mixto, de única instancia y de doble instancia hasta que finalmente desaparezcan los jueces de Conciliación y queden sólo los jueces de Trabajo y la Cámara del Trabajo. El proyecto prevé que los jueces de Conciliación se van a ir transformando en jueces del Trabajo.
¿Cuándo intervendrá la Cámara?
La Cámara va a intervenir como tribunal de sentencia en las causas de mayor complejidad, como despido con justa causa, trabajadores no registrados. Sí es interesante porque se crean dos procedimientos, uno abreviado con audiencia única en la que allí se tramita todo; y otro sumarísimo que será sólo para cuestiones vinculadas a la Ley de Riesgo de Trabajo cuando las comisiones médicas han admitido el accidente o enfermedad y se discute el porcentaje de incapacidad o la remuneración. Eso está muy bien y es atinado porque va en línea con la adhesión que hizo la Provincia a la ley 27.348, que es la nueva de Riesgo de Trabajo.
¿El procedimiento actual es obsoleto?
El procedimiento actual data de 1991, pero en realidad tiene muchos más años. Córdoba fue pionera en proceso oral. En 1991 se modificaron algunas cuestiones que rigen actualmente. Pero ese no es el problema. El problema del proceso laboral pasa por otro lado.
¿Por dónde?
Acá hubo un crecimiento demográfico muy importante y la estructura se mantuvo sin mayores cambios. Ahora vamos a ver con este nuevo sistema de procedimiento qué tipo de estructura se requiere para que su aplicación mejore esa situación. Porque esto requiere que los jueces de Trabajo puedan grabar las audiencias, contar con un sistema digital. Implica un gasto importante y, según el proyecto, lo hará el Ejecutivo para poder poner en marcha todo esto.
¿Puede recortar los plazos?
Sí, en la medida en que contemos con la infraestructura adecuada. El texto prevé un plazo máximo de 90 días. La verdad es que es muy bueno. Pero para eso en Córdoba capital se prevé que haya 5 jueces de Trabajo con sus secretarías, lugares para esos juzgados, infraestructura para que funcione. Si eso se logra, es muy positivo. En paralelo hay que ir rápidamente a la despapelización. Pero el problema son los tiempos, el juez necesita tiempo para estudiar los casos y dictar sentencias. Hay que lograr equilibrios. Hoy estamos en 3 o 4 años para llegar a sentencia y después puede haber recurso ante el Superior Tribunal que puede demorar dos o más años adicionales. La celeridad es un valor central del proceso laboral.
¿Hay industria del juicio?
No, yo estoy en contra de eso. Lo que sucedió es que acá todo se judicializó. Si nos remontamos a 50 años atrás un empleado despedido recibía su indemnización y era muy raro que el empleador no le pagara. Ahora no se la paga y va a juicio. Lo mismo con un accidente y las aseguradoras. Entre un 50 y 60 por ciento de los juicios son por reclamos por incapacidades y de ese grupo, el 80 o 90 por ciento son por incapacidades menores al 20%. Todo se judicializó porque las ART no pagan. No hay industria del juicio.
