Los abusos se prolongaron durante años y fueron perpetrados tanto por Bazán como por su hijo. La víctima relata que el hijo de Bazán comenzó a abusar de ella cuando tenía 12 años, y que producto de esos abusos quedó embarazada a los 15 años, dando a luz a su hija Victoria en octubre de 2006. Durante ese tiempo, su madre y otras figuras adultas conocían los hechos pero, por temor y manipulación, no se pudo formular la denuncia hasta muchos años después.
Otra de las víctimas describe un clima de terror y manipulación por parte de la tía de la familia, que la “entregaba” a Bazán para que la abusara casi a diario, mientras le hablaba mal de sus padres y la convencía de que ella era la única persona que velaba por su bienestar. Las tres primas que sobrevivieron a estos hechos, hoy adultas, sufren ataques de pánico, intentos de suicidio y autolesiones, secuelas de la violencia prolongada que padecieron.
Los abusos eran cotidianos y, según relatan, incluían actos que son demasiado escabrosos para detallar aquí, evitando revictimización. La situación se extendió desde finales de la década de 1990 hasta principios de los 2000, cuando la víctima comenzó a vivir con su madre y su hija, tras mudarse Bazán y su familia.
A lo largo de los años, las víctimas fueron amenazadas y manipuladas, pero solo años después pudieron denunciar formalmente. La denuncia de Romina Ponce, otra de las primas, en 2024, permitió que se sumaran los relatos de todas y quedara registrada la reiteración de los abusos que afectaron a cada una de ellas de manera similar y sistemática.
Hoy, con edades que van entre los 32 y 40 años, las víctimas reclaman a la Justicia que investigue no solo los hechos vividos, sino todos los delitos que Bazán pudo cometer a lo largo de los años, conscientes de que podrían existir más víctimas.
El caso, que podría titularse “La casa del terror”, subraya la urgencia de que la Justicia actúe con perspectiva de género, garantice la escucha real de las sobrevivientes y avance en la investigación de todos los hechos posibles para impedir que queden impunes. Para las mujeres afectadas, este proceso no solo busca sancionar a los responsables, sino también visibilizar la gravedad de la violencia sexual en entornos familiares y contribuir a que otras personas que hayan vivido situaciones similares encuentren el respaldo y acompañamiento necesarios para romper el silencio.
