Según la información disponible, Adorni tiene 15 días para responder. Si las explicaciones no satisfacen al fiscal ni al juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo el expediente en los tribunales federales de Comodoro Py, el ex funcionario podría ser llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito.
Los montos bajo la lupa
El requerimiento apunta a una brecha patrimonial que totaliza 43 millones de pesos y una cifra que supera los 403.000 dólares, monto que se explica en gran parte porque la mayoría de las operaciones se habrían realizado en efectivo en moneda extranjera.
El documento se estructura en 20 puntos concretos. Entre las inconsistencias señaladas figuran el origen de dólares en efectivo declarados bajo el rubro "venta de activos" sin especificar qué se vendió, dos préstamos de familiares identificadas como Silvia Pais y Norma Zuccolo sin documentación que acredite la entrega real de fondos, y la compra de un Jeep. También se cuestiona el origen de los fondos destinados al lote de Indio Cuá y su remodelación, que incluyó 245.000 dólares pagados a un contratista, así como la adquisición del departamento de Miró 550 y sus muebles.
El requerimiento también abarca ingresos declarados como "exentos" y supuestas herencias o donaciones invocadas para justificar parte del incremento patrimonial, el uso de terceros para pagar bienes por cuenta de Adorni con reintegros en efectivo, y su operatoria con criptoactivos, incluyendo cuentas que no habían sido declaradas inicialmente.
A eso se suman comprobantes fiscales por más de seis millones de pesos y facturas por más de dos millones de pesos que no concilian con ningún medio de pago registrado, deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre declaraciones sucesivas, honorarios notariales facturados a su cónyuge, consumos de terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas, y las mejoras declaradas en ambas propiedades.
Adorni dejó el Gobierno hace más de un mes. La causa tramita ante el juzgado de Lijo, y la acción del fiscal Pollicita es considerada la antesala de un eventual llamado a indagatoria.
