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La protección contra los deseos del protegido

Resulta llamativo el revuelo generado por la disposición que obliga a los porteños mayores de 70 años a pedir una autorización para salir a la calle, que muchos alcanzados o no por esta profundización adicional del aislamiento preventivo han considerado discriminatoria y denigrante para los adultos mayores, a punto tal de compararla con una "prisión domiciliaria".

Más allá de los puntuales episodios de rebeldía que nutren la crónica de todos los días, y en general concitan un repudio generalizado cuando son difundidos, está claro que en el conjunto del cuerpo social existe un alto grado de aceptación de las medidas de aislamiento dispuestas para hacer frente a la crítica situación sanitaria generada por el Covid-19, algo que se refleja en la buena imagen pública que según las encuestas han alcanzado el Presidente de la Nación y otras autoridades de gran protagonismo en esta problemática como el jefe de Gobierno porteño o el gobernador bonaerense. En ese marco, resulta llamativo el revuelo generado por la disposición que obliga a los residentes de la Capital mayores de 70 años a pedir una autorización para salir a la calle, que muchos alcanzados o no por la res- tricción adicional han considerado denigrante para los adultos mayores, a punto tal de compararla con una “prisión domiciliaria”.

La seguridad y la libertad constituyen valores fundamentales para la vida en democracia, y si la tensión entre ambas es inevitable en circunstancias relativamente normales, en una emergencia sanitaria se eleva hasta el infinito. En ese marco, la disposición adoptada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que el apoyo explícito de Alberto Fernández hace presumir que podría extenderse a todo el país, parece haber excedido un límite no demarcado, al menos desde el punto de vista de quienes se sintieron sensibilizados y agredidos.

La pregunta sería por qué, si el aislamiento preventivo “normal” era aceptado sin problemas como una necesidad para evitar males mayores, resulta tan odiosa esta especie de “aislamiento plus”, buscado a través de lo que no parece ir más allá de constituir un incentivo adicional para permanecer en casa dirigido a un grupo de riesgo que concentra de manera desproporcionada las muertes por la enfermedad. Según las protestas hechas públicas, existe una sensación de que ha habido una falta de respeto, a partir de la asunción de que los adultos mayores son incapaces de comprender la magnitud del riesgo y por lo tanto de tomar las mejores decisiones al respecto. Y por lo tanto necesitan ser “protegidos” con instrumentos paternalistas y autoritarios.

Se entiende, en ese sentido, que los afectados por la orden se resistan a ser discriminados “por su propio bien”. Sin embargo, y tal como ocurre en el caso de las medidas tomadas para la población en general, la resignación de las libertades individuales se produce en función de un interés colectivo que se considera superior. La restricción a la circulación no se dispone solamente para evitar que el septuagenario se enferme: en tal caso, podría argumentar que tiene derecho a correr el riesgo. El tema es que si se enferma puede potencialmente terminar ocupando una cama de hospital o un respirador que por eso mismo no puede utilizar algún otro. Como ocurre con las personas que se resisten a vacunarse, su pretensión de ejercer la libertad individual entra en colisión con los derechos de sus conciudadanos.

Por cierto, la medida tomada por el gobierno porteño también ha sido cuestionada por el lado de la efectividad, e incluso juzgada impracticable, como seguramente lo sería si la resistencia retórica se trasladara a los hechos. Pero en todo caso, reforzar el cuidado de los grupos de riesgo no debería considerarse en sí mismo ofensivo o discriminatorio, aunque está claro el peligro de herir susceptibilidades si aparece como ofensiva o discriminatoria la manera en que se comunica.

FUENTE: Puntal.com.ar