Fabio Luzcubir, miembro del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, detalló que, en mayo, “el índice puro de aumento de los alquileres es de 53,9 por ciento (por la aplicación del índice del Banco Central)”, precisó.
Además, confirmó que es el índice más alto que se publicó desde que está vigente la nueva ley, el 1 de julio de 2020, para el caso de las viviendas particulares, en las que se aplica el índice de aumento oficial.
De acuerdo con la norma vigente, los ajustes anuales deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Ese instrumento, que es elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), arrojó el incremento más importante hasta el momento para las locaciones de viviendas particulares, desde la vigencia de la nueva ley.
No obstante, Luzcubir aclaró que el índice no tiene un impacto pleno sobre el valor de los alquileres, sino que es levemente atenuado por el articulado de la norma.
Efectos negativos de la normativa
Por su parte, un informe reciente del Colegio de Profesionales Inmobiliarios de Córdoba, al acercarse los dos años de vigencia de la Ley de Alquileres, determinó que, pese a las buenas intenciones, la norma tuvo varios efectos negativos.
Por un lado, señala que "la puesta en práctica del artículo 14 (que reguló el índice que fija el precio del contrato), disparó en alza los porcentuales de incrementos por encima de lo que lo se utilizaba en las diferentes plazas".
En segundo término, sostiene que la desconfianza en la normativa ocasionó una fuga de viviendas del mercado de alquileres.
Y, por último, apunta que "la falta de inmuebles con dicho destino empujó el precio inicial del contrato -no regulado por la ley- por encima de los valores que se utilizaban en las diferentes plazas, antes de la entrada en vigencia de la Ley 27551" (de alquileres).
“Vacío de gestión”
En otro tramo del informe, CPI advierte que la ley vigente “consagró una intervención estatal en cuestiones de particulares -con normas a priori en beneficio y protección de los locatarios- y se dejó un vacío de gestión en la puesta en marcha del programa nacional de alquiler social”.
Lo que se lee ahora
Río Cuarto