Con el revuelo por la suspensión de las pensiones todavía fresco, ahora el gremio de los trabajadores estatales (ATE) se declaró en estado de alerta ante las versiones de reestructuración del organismo nacional que administra los beneficios asistenciales. Todo se originó por las fuertes versiones sobre el eventual traspaso de partes de esa área a la vicepresidencia de la Nación. Las mismas surgieron la semana pasada y, a pesar de que no hay resoluciones oficiales en tal sentido, no fueron desmentidas. Los empleados no descartan medidas de fuerza para los próximos días.
A mediados de la semana pasada se conoció que Guillermo Badino, quien se desempeñaba como presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, fue desplazado de su cargo y la información que se maneja es que varias de las funciones del organismo quedarán bajo la órbita de la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
“El anuncio lo hace un diario de Buenos Aires, pero no hay nada oficial. Los funcionarios no lo desmienten, pero queremos que haya una decisión formalizada, porque lo cierto es que hasta ahora no salió nada en el Boletín Oficial. No es la primera vez que mandan a un medio amigo a decir lo que piensan hacer, y las medidas se toman por detrás”, comenta Franco Orsato, representante de ATE en la delegación local de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Incertidumbre
El dirigente señaló que hay temor e incertidumbre por las fuentes laborales y que el posible traspaso de funciones a la vicepresidencia generaría un fuerte conflicto.
“Nosotros dependemos de Desarrollo Social, y al pasar a la vicepresidencia se debería reestructurar todo el organigrama. Además, se plantea que sólo las pensiones por discapacidad se traspasarían. No se sabe qué pasará con el resto de los beneficios. Tampoco es claro qué pasa con los trabajadores: quién quedaría en la comisión y quién en la vicepresidencia”, manifestó Orsato.
El viernes pasado, ATE realizó asambleas en todas las reparticiones de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, mientras que ya preparan planes de lucha.
“Esto movilizó a los gremios, porque es probable que haya movimientos en la estructura para los trabajadores. Esta semana va a ser clave, porque deberíamos saber al menos qué hace formalmente el Gobierno. Mientras tanto, estamos en estado de alerta”, apuntó el dirigente sindical.
Asimismo, dijo que, si no hay definiciones, le van a exigir al Gobierno que aclare qué planes tiene para el programa nacional de pensiones asistenciales.
“Incluso se puede plantear una medida de fuerza, porque pedimos algo de previsibilidad”, agregó el delegado de ATE.
Rehabilitación a medias
En otro orden de cosas, precisó que todavía no hubo cambios de fondo en la política sobre las pensiones asistenciales, a pesar de que el Gobierno dio provisoriamente marcha atrás con la suspensión de parte de los 70 mil beneficios caídos hace tres meses.
Según detalló Orsato, el decreto reglamentario -la herramienta que se utilizó para dar de baja las pensiones asistenciales- no se derogó.
“Todo se piensa en función de octubre; hay un claro manejo político y electoral. En el Congreso no ingresó un proyecto para hacer una nueva ley, tal como se había anunciado. Se rehabilitaron todos los beneficios, bajo la condición de que se van a supervisar todos y cada uno de ellos. Hasta el día de hoy, la gente sigue presentando los papeles para evitar que se les caiga”, puntualizó el dirigente gremial.
“Muchos de los beneficiarios que tienen cónyuge con pensión o jubilación renunciaron a la pensión para pasar a tener la cobertura del Pami. Lo hicieron por desesperación, y ahora no pueden pedir la rehabilitación, porque está claramente especificado en el decreto. En Río Cuarto, hay muchos beneficiarios que quedaron en esta situación. Son muchos los que no pueden pedir la rehabilitación. Quienes no renunciaron siguen cobrando, aunque no se sabe hasta cuándo”, afirmó.
Vale recordar que, entre abril y junio de este año, en Río Cuarto y la zona se suspendieron al menos 350 pensiones asistenciales, tal como informó oportunamente este diario.
Frente a la fuerte polémica que acompañó a esta determinación, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aclararon que se trataba de una medida preventiva y sujeta a revisión, y posteriormente dieron marcha atrás con la medida.
De todas formas, los beneficiarios que tienen un cónyuge con pensión o jubilación todavía tienen tiempo para pedir la rehabilitación del beneficio.
“El anuncio lo hace un diario de Buenos Aires, pero no hay nada oficial. Los funcionarios no lo desmienten, pero queremos que haya una decisión formalizada, porque lo cierto es que hasta ahora no salió nada en el Boletín Oficial. No es la primera vez que mandan a un medio amigo a decir lo que piensan hacer, y las medidas se toman por detrás”, comenta Franco Orsato, representante de ATE en la delegación local de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Incertidumbre
El dirigente señaló que hay temor e incertidumbre por las fuentes laborales y que el posible traspaso de funciones a la vicepresidencia generaría un fuerte conflicto.
“Nosotros dependemos de Desarrollo Social, y al pasar a la vicepresidencia se debería reestructurar todo el organigrama. Además, se plantea que sólo las pensiones por discapacidad se traspasarían. No se sabe qué pasará con el resto de los beneficios. Tampoco es claro qué pasa con los trabajadores: quién quedaría en la comisión y quién en la vicepresidencia”, manifestó Orsato.
El viernes pasado, ATE realizó asambleas en todas las reparticiones de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, mientras que ya preparan planes de lucha.
“Esto movilizó a los gremios, porque es probable que haya movimientos en la estructura para los trabajadores. Esta semana va a ser clave, porque deberíamos saber al menos qué hace formalmente el Gobierno. Mientras tanto, estamos en estado de alerta”, apuntó el dirigente sindical.
Asimismo, dijo que, si no hay definiciones, le van a exigir al Gobierno que aclare qué planes tiene para el programa nacional de pensiones asistenciales.
“Incluso se puede plantear una medida de fuerza, porque pedimos algo de previsibilidad”, agregó el delegado de ATE.
Rehabilitación a medias
En otro orden de cosas, precisó que todavía no hubo cambios de fondo en la política sobre las pensiones asistenciales, a pesar de que el Gobierno dio provisoriamente marcha atrás con la suspensión de parte de los 70 mil beneficios caídos hace tres meses.
Según detalló Orsato, el decreto reglamentario -la herramienta que se utilizó para dar de baja las pensiones asistenciales- no se derogó.
“Todo se piensa en función de octubre; hay un claro manejo político y electoral. En el Congreso no ingresó un proyecto para hacer una nueva ley, tal como se había anunciado. Se rehabilitaron todos los beneficios, bajo la condición de que se van a supervisar todos y cada uno de ellos. Hasta el día de hoy, la gente sigue presentando los papeles para evitar que se les caiga”, puntualizó el dirigente gremial.
“Muchos de los beneficiarios que tienen cónyuge con pensión o jubilación renunciaron a la pensión para pasar a tener la cobertura del Pami. Lo hicieron por desesperación, y ahora no pueden pedir la rehabilitación, porque está claramente especificado en el decreto. En Río Cuarto, hay muchos beneficiarios que quedaron en esta situación. Son muchos los que no pueden pedir la rehabilitación. Quienes no renunciaron siguen cobrando, aunque no se sabe hasta cuándo”, afirmó.
Vale recordar que, entre abril y junio de este año, en Río Cuarto y la zona se suspendieron al menos 350 pensiones asistenciales, tal como informó oportunamente este diario.
Frente a la fuerte polémica que acompañó a esta determinación, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aclararon que se trataba de una medida preventiva y sujeta a revisión, y posteriormente dieron marcha atrás con la medida.
De todas formas, los beneficiarios que tienen un cónyuge con pensión o jubilación todavía tienen tiempo para pedir la rehabilitación del beneficio.
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