Río Cuarto
En el caso de Río Cuarto, el Banco Nación, a partir de una decisión política del ministro Luis Caputo, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la contribución que incide sobre el Comercio y la Industria. Pero, además, interpuso una medida cautelar para tratar de frenar inmediatamente el cobro del tributo.
El juez federal Carlos Ochoa rechazó la cautelar y, desde entonces, hace más de un año, el expediente está en la Cámara Federal de Córdoba. Como no hubo un pronunciamiento sobre la cautelar, tampoco se avanzó sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si es o no constitucional el criterio de cobrarle al Banco Nación una contraprestación por los servicios que la Municipalidad presta y que permiten el desarrollo de la actividad bancaria.
La ofensiva judicial se inició a fines de 2024 y se sostuvo hasta abril de 2025, cuando los abogados del Banco Nación y los representantes de Río Cuarto, entre los que estuvo el intendente GuillermoDe Rivas, expusieron sus argumentos en una audiencia en Córdoba.
“Desde entonces, claramente no demostraron interés o urgencia en resolverlo. En 12 meses no llevaron adelante acciones para agilizar la causa”, indicó una fuente vinculada al expediente.
Argumento
El argumento central del gobierno nacional, expresado a través de los abogados del Banco, era que las tasas municipales no correspondían y que eran inconstitucionales porque implicaban una doble tributación; además, señalaban que eran impuestos desmedidos que encarecían la actividad de la entidad.
En el primer trimestre del año pasado, la tasa de Comercio e Industria que pagaba el sistema bancario en general -no sólo el Banco Nación- implicaba para el Municipio un ingreso de 1.100 millones de pesos, que representaban el 15 por ciento de su recaudación mensual total.
Desde entonces, si bien el Banco Nación y las demás entidades continúan tributando, las cifras son mucho menores que las de los años anteriores.
Ante la Justicia, el gobierno municipal llegó a plantear que si se le daba la razón al Banco Nación, el Estado local se vería obligado a eliminar prestaciones esenciales y que dejaría de existir tal como se lo conocía.
