La Provincia venía padeciendo una sequía constante y pertinaz desde la Nación: fue uno de los 8 distritos que no recibió un peso de Aportes del Tesoro desde que Javier Milei es presidente y el propio gobernador se había quejado públicamente porque la situación de la Caja estaba peor que durante la época de Alberto Fernández: hasta 2023 los fondos llegaban sin actualización, pero llegaban.Desde que asumió el libertario los envíos desaparecieron. Cero.
Por eso el acuerdo fue tomado como un triunfo en el Panal. No tanto por la cifra, que estuvo muy lejos de los 20.000 millones mensuales que reclama Córdoba y del planteo total por 1 billón de pesos, sino porque la Corte estableció un corte temporal:ahora, con auditorías cruzadas, se fijará cuánto le debe Anses a la Caja por el período 2019-2024 y cuánto deberá aportar incluso el año que viene.
Para Llaryora hubo dos hechos positivos:que la Nación se sentara a dialogar y aceptara conciliar números en vez de recurrir a más dilaciones y que la Corte haya decidido intervenir;hasta ese momento, le había costado adentrarse en conflictos entre la Nación y las provincias.
Desde que cerró el acuerdo, Llaryora le da vueltas a una idea sobre qué hacer con esos 5.000 millones mensuales. Todavía no está cerrado pero su intención es que vayan a mejorar los haberes de los cordobeses que cobran la mínima. La Provincia lo pagaría como un bono pero atado al cumplimiento de la Nación:cuando lleguen los fondos, los jubilados percibirían el ajuste. De lo contrario, el bono no se activaría. “En ese caso sería culpa de Milei, no nuestra. Lo que no queremos hacer es tomar una medida permanente que puede terminar agravando el déficit de la Caja. Van a ser pagos condicionados a que la Rosada honre su compromiso”, indicaron en el Panal.
Mientras define el pago extraordinario a los jubilados, la Provincia tiene abierto un foco de conflicto con algunos gremios estatales, como el Sep y los Judiciales. La situación en los Tribunales es compleja, con un notorio impacto en el servicio, pero en el Ejecutivo señalan que esa negociación está en manos delTribunal Superior. Con el Sindicato de Empleados Públicos es distinto:Llaryora analiza hacer una movida bajo el paraguas de Milei. Si no hay una resolución en los próximos días, el gobernador otorgaría los aumentos salariales por decreto. Pero las subas no serían las que se propusieron en la mesa de negociación y que repiten el esquema acordado con la Uepc sino que se aplicaría la pauta que estipuló el gobierno nacional: 1,8 y 1 por ciento mensual. “Nadie podría acusarnos de nada: cumpliríamos el criterio de Milei, un presidente que tanto les gusta a los empleados públicos, y a la vez no firmaríamos un acuerdo que impacte en la inflación”, dicen con sarcasmo en la Provincia.
En el Panal evalúan que el conflicto con el Sep no encierra un elevado potencial de costo político, como sí suele ocurrir por ejemplo con los docentes. “Podemos estar peleados un año y medio sin problemas”, dicen. En este caso, la Provincia privilegia no seguir tensionando la caja ni generando gastos que después le cueste afrontar. La situación financiera no da, aseguran, para tirar lujos.
Lo mismo pasa en los municipios, que no solamente están atravesados, muchos de ellos, por el déficit sino, además, por la amenaza de un desfinanciamiento mayor. El principal motivo de preocupación es el Banco Nación: si su avanzada contra la tasa de Comercio e Industria que paga en las ciudades cordobesas es exitosa, las consecuencias serían profundas. Marcos Ferrer, intendente radical de Río Tercero y presidente de la UCR, advirtió en los últimos días que debería restringir al mínimo el servicio de salud y el aporte municipal a la seguridad.
A mediados de semana, Guillermo De Rivas viajó a Córdoba, donde se reunió con miembros de la Justicia y con otros intendentes que están corriendo el mismo riesgo:quedar severamente desfinanciados. En el encuentro estuvieron Daniel Passerini, de Córdoba; EduardoAccastello, de Villa María; Damián Bernarte, de SanFrancisco;Ferrer, de RíoTercero, entre otros. Las ciudades más grandes, las más complicadas.
Los intendentes avanzaron en delinear una estrategia común y decidieron esperar a que la Justicia Federal se pronuncie sobre el planteo del Banco Nación. Si los municipios pierden, emitirán una postura pública en conjunto.
Para los jefes comunales que se reunieron en Córdoba, lo que está en juego es más profundo que la tasa del Banco Nación. Hay, señalan, una avanzada del gobierno de Milei para que los municipios se reduzcan a su mínima expresión. “Quieren que volvamos a ser Alumbrado, Barrido y Limpieza. El problema es quién se va a encargar de todo lo que hacen los gobiernos locales. La Casa Rosada se retiró, nosotros asistimos a la gente pero nos quieren desfinanciar”, señaló uno de los intendentes. Tienen la información de que tanto las autoridades delNación como integrantes de la Justicia Federal están recibiendo presiones en medio del litigio por la tasa de Comercio.
En Río Cuarto, De Rivas considera que la pelea es central porque lo que está en disputa es el andamiaje tributario completo del Municipio. “Si se cae la tasa para los bancos, ¿por qué seguirían pagando otros sectores?Puede haber un efecto dominó muy jodido”, indicaron en el Palacio.
Cuando se produjo la audiencia de conciliación en Córdoba, el intendente riocuartense planteó que está abierto al diálogo con el Nación. En los últimos días aclaró su postura:siempre y cuando no exista el condicionamiento de un litigio judicial. Es decir, pretende negociar pero que, a la vez, el banco estatal desactive su ofensiva. Desde entonces, no ha habido comunicaciones entre las partes.
Para De Rivas, la disputa con el Banco Nación es tan decisiva que hay grandes áreas de la gestión supeditadas a la suerte que se corra en los Tribunales. Un ejemplo:el servicio de recolección de residuos que deberá licitarse antes de fin de año no sería el mismo si Río Cuarto gana o pierde ante el Banco Nación. Lo que aportan actualmente los bancos cubre dos tercios del costo que mensualmente implica la higiene urbana.
En el gobierno de Llaryora siguen con atención lo que ocurre en la Justicia Federal. No sólo porque la mayoría de los intendentes que están en conflicto son oficialistas sino porque un posible desfinanciamiento terminaría agregando, potencialmente, presión sobre el gasto provincial. No creen que la pretensión del Banco prospere pero como se trata de una cuestión política entremezclada con lo jurídico, no se aventuran a anticipar nada. Incluso miran el tema con suspicacia:“Lo raro es por qué el Nación está haciendo esto. Lo que tributa, por ejemplo en Río Cuarto, es ínfimo ¿Y va a dejar de tener presencia en una de las zonas más importantes del interior por lo que paga de Comercio e Industria?No tiene lógica”, señalaron desde el Panal.
En la Provincia además sobrevuela otro interrogante:¿quién se beneficiaría si, finalmente, el Banco Nación cumple su amenaza y se retira de Río Cuarto después de 100 años de presencia? Si la entidad estatal decidiera dejar un espacio vacío, habría otras 18 entidades, que no se quejaron por Comercio e Industria, que estarían frotándose las manos para llenarlo. Muchas de esas compañías financieras son, por supuesto, privadas. El Banco estatal, en repudio a una tasa que implica el 4,5% de sus ganancias y que viene pagando sin chistar hace 20 años, abandonaría una plaza que mueve miles de millones provenientes principalmente de la producción y la cedería amablemente a sus competidores.
