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Biocombustibles: alerta Máximo en Córdoba

El proyecto que impulsa el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados dará hoy sus primeros pasos cuando se reúna a la tarde la Comisión de Energía con el secretario del área, que presentará oficialmente detalles de la iniciativa que bajaría el corte obligatorio de etanol y biodiésel

Los detalles se fueron conociendo a cuentagotas hasta que finalmente tomó algo más de cuerpo en el cierre de la semana pasada cuando trascendieron varios puntos centrales de los que contempla el proyecto de ley para los biocombustibles que impulsa el diputado nacional Máximo Kirchner y que encendió todas las alarmas en Córdoba.

Mientras los legisladores del schiarettismo y los de Juntos por el Cambio avanzan en bloque para forzar una prórroga de cuatro años de la actual normativa, los representantes del Frente de Todos en Córdoba apoyarán a su jefe de bloque. Aunque en la industria del etanol de maíz, que es el fuerte de la provincia, la valoración del proyecto oficialista es claramente negativa.

Entre los puntos que rápidamente apuntaron está el del corte de biocombustibles en los surtidores. Actualmente el 10% del gasoil es biodiésel (soja) y el proyecto de Máximo propone que el mínimo obligatorio pase a ser 5%. Esa sería la nueva obligación para las petroleras, a partir de la cual podrían comprar más voluntariamente. La industria renovable cree que el piso será el techo en este caso y por eso hay fuerte preocupación. En el caso del etanol, que se elabora con caña de azúcar o maíz, tendría un mínimo de 7% cuando la obligación hoy es de 12%.

En términos concretos, las plantas de biocombustibles podrían perder el 40% de lo que hoy venden a las petroleras. Y allí hay un dato más: las petroleras tienen un límite concreto en las destilerías para producir combustibles. Hoy ese límite no alcanzaría a cubrir la demanda total del país salvo en un cuadro de cuarentena estricta. Por lo tanto, el etanol y el biodiésel no sólo aportan en el plano ambiental y permiten agregarles valor a productos que, si no, se irían por el puerto en forma de grano, sino que posibilitan un ahorro en dólares debido a que sustituyen importaciones de nafta. ¿Por qué el proyecto alentaría un incremento en la importación de combustibles antes de fomentar los biocombustibles que a su vez les dan un mayor octanaje a los fósiles? Es una de las preguntas que aún no tienen respuesta, especialmente en un contexto de escasez de dólares como el que padece desde hace años la Argentina.

Hay otro punto crítico para Córdoba y es el que establece una diferenciación entre las empresas de biocombustibles porque fija una línea divisoria entre pymes y no pymes. Las primeras tendrían algunos beneficios adicionales con respecto a las segundas, aunque en el sector aclaran que se trataría de “menores perjuicios”. La línea es la de 90 mil metros cúbicos de producción en etanol. Por encima de ese valor se encuentran dos plantas de la provincia: AcaBio en Villa María y Promaíz en Alejandro Roca. La tercera es Bio4, de Río Cuarto, que produce exactamente esa cantidad y por lo tanto no está claro de qué lado la clasificaría la ley. Son las tres grandes plantas que tiene Córdoba y que en esa división quedarían del lado más perjudicial. Pero además el proyecto dejaría al margen de esas nuevas reglas a la producción de etanol a base de caña de azúcar, que se elabora en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Sería el segundo gesto en poco tiempo del Gobierno para esa zona, luego de que anunciara una baja en los aportes patronales la semana pasada sólo para las provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Con ese mapa y esas condiciones, Córdoba llevaría las de perder porque es la principal productora de etanol a base de maíz de la Argentina y con tres grandes plantas, justamente todos los puntos que el proyecto penaliza. Y hacen una cuenta: si baja al 7% la cantidad de etanol por litro de nafta y no se toca a la caña de azúcar, entonces la mayor parte de ese porcentaje obligatorio saldría de los ingenios porque tendrían prioridad para cubrir esa cuota mientras obligarían a las de maíz a tratar de colocar su producción bajo la porción voluntaria de las petroleras, que existiría en el caso de que decidan cortar por encima del mínimo obligatorio.

Y hay otro punto más: las plantas de etanol hoy cubren el 12% de un litro de nafta, pero con la actual capacidad instalada podrían alcanzar el 15%, justamente porque en su momento se creía viable que al finalizar la vigencia de la 26.093 que fue sancionada en 2006, se iba a avanzar con el corte y las empresas invirtieron para eso. Más allá de que por ahora ese horizonte no es factible, de aprobarse la “ley Máximo”, las plantas pasarían a trabajar a la mitad de su capacidad, por lo cual muchos empresarios ya advierten de la inviabilidad a futuro. De hecho, ayer la Cámara de Bioetanol de Maíz anticipó su mirada: “Bajar el corte de los biocombustibles nos va a dejar fuera de la cancha y hará colapsar la industria: algo así sucedió en los 80 con el plan alconafta. El corte tiene que subir, al menos lo suficiente para que no haya importaciones de nafta”, afirmaron.

En el sector etanolero no dudan en afirmar que si el proyecto de Máximo Kirchner es aprobado en el Congreso “será un triunfo de las petroleras que eran las primeras interesadas en bajar el corte, aunque esto implique la necesidad de una mayor importación de naftas”.

Frente a esto, los diputados schiarettistas que integran el Interbloque Federal anticiparon que hoy presentarán con los legisladores de Juntos por el Cambio un pedido unificado de sesión especial para el próximo jueves (la semana pasada lo hicieron por separado). La intención es mostrarse abroquelados para defender una industria de gran desarrollo en la “Vaca Viva” de la Argentina. Pero que además tiene un techo difícil de alcanzar si logra acompañamiento desde las políticas.

En El Panal, la expresión es clara: a favor del campo y de la agroindustria. Por eso en las últimas semanas fueron contundentes las definiciones de legisladores del espacio, como el caso de Carlos Gutiérrez, o integrantes del Ejecutivo, entre los que estuvieron los ministros Fabián López, Sergio Busso y Eduardo Accastello. López incluso puso en marcha un contador en su cuenta de Twitter y advierte cada día cuántos días quedan para que venza la 26.093 y alerta sobre las consecuencias, al tiempo que cuestiona la posibilidad de discutir “seriamente” en ambas cámaras un proyecto nuevo en 50 días. Claramente es un tema que puso a Córdoba de un lado y a la Casa Rosada de otro, en el arranque de un año electoral clave.