Por Jimena Latorre para Tranquera Abierta (*)
En el nombre ya se ve la intención, acá no hay promoción, no hay sustentabilidad, ni uso sustentable de energías limpias. Acá no hay un marco regulatorio sino un régimen intervencionista, donde un Estado poco eficiente pretende disfrazar de progreso la regresión.
Un Régimen promovido en 2006 por un gobierno kirchnerista, termina con el nuevo kirchnerismo. La Ley 26.093 prevé una vigencia de 15 años desde su entrada en vigencia, esto sucedió en el año 2011, por lo tanto aún restan cuatro años de duración. Así lo entendió el Senado de la Nación cuando a iniciativa de una senadora oficialista dio media sanción por unanimidad a su prórroga hasta 2024.
Sin dudas un régimen de fomento y promoción tiene un objetivo, apuntalar una actividad incipiente para que pueda desarrollarse, por lo tanto a su vencimiento o incluso antes, es oportuno y necesario analizar cuáles fueron sus resultados, cómo impactó el esfuerzo fiscal realizado y decidir cuál será el rumbo a seguir. Pero para eso necesariamente debe haber planificación.
En este contexto, a más de un año y medio de este Gobierno Nacional que no nos brinda un Plan Económico, ni un Plan Energético, cambiar las reglas de juego sin un análisis serio y sin un plan en el que se enmarquen las decisiones es al menos irresponsable. Y digo al menos, porque cuando lo que está en juego en el corto plazo es la continuidad de una actividad productiva y sus puestos de trabajo, en un país con el 50% de desempleo, no es sólo irresponsabilidad sino además incumplimiento de funciones y mal desempeño.
Lamentablemente en la Comisión conjunta de Energía y Presupuesto no se discutió esa prórroga con el compromiso de rediseñar un Plan Estratégico para el recambio de la matriz energética en el mediano y largo plazo. Tampoco se discutieron ninguno de los otros proyectos que fueron presentados sobre el tema, el único Proyecto habilitado es el que el oficialismo después de meses de conflictos hacia adentro de su frente político logró acordar con los empresarios en los que atomizará los beneficios.
En ese plenario además faltó un actor esencial, la representación y la defensa del Ambiente y el Cambio Climático. Pedí expresamente la intervención de la Comisión de Ambiente y la presencia de la autoridad a cargo de la cartera del Poder Ejecutivo Nacional, dado que los biocombustibles son una herramienta para un fin y ese fin es la transición y el recambio de nuestra matriz energética. La respuesta informal fue que no había tiempo, evidentemente en este gobierno no hay tiempo para planificación, ni para el cumplimiento de la Ley de Ambiente.
Son falsos los argumentos del oficialismo para defender este proyecto, no va a beneficiar a las Pymes, ni va a controlar los precios de los combustibles en el surtidor. Los precios de los combustibles desde diciembre de 2019 a la fecha han aumentado 17 veces, en los últimos 12 meses han tenido una suba del 60%, es decir subieron más que la inflación. Este año fueron 7 los aumentos y solo uno estuvo relacionado con el incremento de los precios de los bio.
Nuestra obligación como legisladores de la Nación es trabajar en una propuesta realmente superadora del régimen de biocombustibles vigente y no permitir que se aprueben normas con objetivos difusos y contradictorios como la que propone el Frente de Todos.
Necesitamos que se definan reglas de juegos claras y estables en el tiempo, con sujeción a criterios objetivos que garanticen previsibilidad en los precios de acuerdo a fórmulas transparentes, que se respeten los compromisos internacionales asumidos por el país y se premien los esfuerzos que se realicen en materia de inversión productiva para aumentar la productividad y favorecer la innovación tecnológica, como así también, la generación de empleos sustentables.
No se debe discriminar por orígenes de materias primas y regiones, y debe promoverse un aumento progresivo de los cortes de biocombustibles, en un sendero de avance hacia la reconversión de la matriz energética fomentando además el desarrollo y la producción de los biocombustibles de segunda generación. Tampoco debe diferenciarse en forma negativa a quienes exporten biocombustibles y/o sus materias primas e insumos principales. Y por sobre todas las cosas no se debe impedir el acceso al mercado de nuevos agentes económicos, ya que es la manera que tenemos de expandir la industria y crecer fijando objetivos claros, sin dejar al arbitrio de la autoridad de aplicación las empresas que pueden ingresar o no al mercado.
Lamentablemente la caja que el oficialismo procura para La Cámpora está lejos de esos objetivos.
(*) Diputada Nacional de la UCR Mendoza